El Gobierno legitima ahora la okupación cuando no haya violencia

El último avance del grupo liderado por Pablo Iglesias es un cambio normativo para respaldar la okupación en los casos en los que no exista «violencia o intimidación». Es decir, aunque se esté cometiendo con este acto un delito. Una medida que, en la práctica, avala un gran número de okupaciones , porque la mayoría de ellas se realizan cuando no hay nadie en la vivienda.

El mecanismo escogido por el Ejecutivo para articular este cambio ha sido un pequeño apartado del decreto que regula la creación del consumidor vulnerable, que en principio nada tiene que ver con esta materia. Una medida camuflada que no ha gozado de la publicidad que suele dar Podemos a sus triunfos políticos.

El decreto, publicado ayer en el BOE , detalla las condiciones que tendrá este consumidor vulnerable y cómo las empresas deberán facilitarle la información necesaria para que entienda los contratos. Condiciones anunciadas a bombo y platillo por el ministro de Consumo, Alberto Garzón , en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes. Pero la creación de esta figura no es el único asunto que aborda el texto. De tapadillo, el Ejecutivo incluye en esta norma una modificación de la ley antidesahucios que aprobó a finales de diciembre tras una importante pugna entre Iglesias y los ministerios copados por el Partido Socialista.

En la práctica, el decreto no solo amplía la suspensión de los desahucios hasta el fin del estado de alarma, sino que también legitima la okupación de determinados colectivos vulnerables (personas dependientes, víctimas de violencia de género o personas con menores de edad a cargo que tengan como casero a un gran tenedor...), siempre que se cumplan una serie de condiciones.

Por ejemplo, no se permite este acto cuando «existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la realización de actividades ilícitas ». Además, también estará permitido el desalojo de estas personas si la vivienda okupada es la residencia habitual o la segunda residencia del propietario.

Entre estas excepciones, el decreto antidesahucios establecía que no se permitirá este hecho «cuando la entrada o permanencia en el inmueble sea consecuencia de delito». Un punto que se ha modificado por sorpresa en la norma aprobada esta semana para regular al consumidor vulnerable .

En concreto, el decreto modifica este punto y prohíbe la okupación solo «cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas ». Es decir, ampara la okupación aunque haya habido un delito de por medio.

Fuentes del sector inmobiliario explican que esta modificación se ha realizado «por sorpresa» y sin consultar con las compañías afectadas por la norma. «En la práctica, es un paso más para legitimar la okupación una situación que va a generar inseguridad jurídica y va a restar inversiones», explican estas fuentes, que también aseguran que en el 90% de las okupaciones «se producen en viviendas que están vacías y por tanto no existe intimidación o violencia». Según los datos del Ministerio del Interior, España registró 40 okupaciones al día entre enero y junio .

Lo cierto es que los desahucios y las okupaciones se han convertido en una obsesión para Unidas Podemos, que tiene importantes lazos con organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). L a formación morada ya intentó que el decreto antidesahucios recogiese un veto permanente de los mismos . Y aunque finamente la moratoria se fijó hasta mayo, en las últimas semanas ha retomado esta reivindicación.

En el horizonte aparece ya la ley de vivienda que prepara el Gobierno desde hace más de un año. Una norma que fue señalada por el titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana , José Luis Ábalos, como uno de los ejes de su ministerio y que la vicepresidencia de Asuntos Sociales está intentando llevar a su terreno.

El Partido Socialista ya ha cedido con la inclusión de topes máximos a los precios del alquiler en el decreto , una política que no ve con buenos ojos. Pero Unidas Podemos quiere más. Hace unos meses especulaba con la posibilidad de imponer un impuesto a los grandes propietarios de pisos vacíos. Y ahora ha rechazado públicamente la opción de ofrecer incentivos fiscales a los propietarios que alquilen sus viviendas por debajo de determinados umbrales.

La formación morada también insiste con los desahucios, pese a que estos van en descenso. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el tercer trimestre de 2020 hubo un 25,4% menos de lanzamientos por impago del alquiler. La vicepresidencia de Pablo Iglesias quiere prohibirlos de forma permanente, una opción a la que los ministros socialistas se resisten.

Fuentes gubernamentales aseguran que el PSOE ha garantizado a las inmobiliarias que este extremo no se llegará a producir . Pero en el sector existe desconfianza respecto a esta promesa, porque en el pasado varios ministerios ya aseguraron que no realizarían medidas en materia de vivienda que sí se han terminado produciendo.

Por ejemplo, el control de los alquileres fue rechazado públicamente por el secretario general de vivienda, David Lucas , y ahora todo apunta a que se convertirá en la medida estrella de la futura ley de vivienda, cuyo anteproyecto se presentará en marzo.

Todos estos cambios normativos están sembrando el pánico en uno de los pocos sectores que ha esquivado el impacto del coronavirus. Los precios de la vivienda cerraron el 2020 estables, y la burbuja de precios que se vivió en el mercado del alquiler de Madrid y Barcelona parece haberse desinflado.