La oposición impulsa una ley de pandemia ante los bandazos del Gobierno

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció ayer en un artículo publicado en 'El País', que el Gobierno estaba abierto a aprobar una reforma legal para hacer frente a la pandemia sin estado de alarma. Según explicó, si de la respuesta que dé el Tribunal Supremo a las medidas adoptadas por las comunidades «se desprende la necesidad de realizar cambios legales adicionales, se estudiarán y propondrán a las Cortes».

El repentino bandazo del Gobierno, que siempre había rechazado una reforma legal alternativa al estado de alarma, fue seguido de otro pocas horas después, cuando el mismo ministro negó que el Ejecutivo esté preparando ninguna reforma y defendió que el actual «arsenal normativo» es suficiente.

Desde el PP no salieron de su asombro ante la confusión creada por el Gobierno. El principal partido de la oposición ya propuso un plan alternativo al estado de alarma, que permitiera actuar a las comunidades con plenas garantías jurídicas sin acudir a un instrumento excepcional, en abril de 2020, y la respuesta del Gobierno fue un «no» rotundo. Cuando decayó el primer estado de alarma, el 21 de junio, no hubo ningún plan alternativo. Fue cuando Sánchez proclamó aquello de que el virus había sido derrotado y animó a todos a disfrutar del verano. Pronto llegaría la segunda, la tercera y hasta la cuarta ola. En noviembre, el PP llevó al Pleno su plan B como alternativa al estado de alarma de Sánchez, pero el Congreso lo tumbó.

Mientras tanto, el diálogo del Gobierno con la oposición ha sido prácticamente inexistente en los últimos meses. La última conferencia extraordinaria de presidentes para tratar las medidas contra la pandemia se celebró el 31 de julio. Sánchez no ha vuelto a convocar a los líderes autonómicos para tratar de forma conjunta la lucha contra el Covid-19. Y con el líder de la oposición, la línea de comunicación entre La Moncloa y Génova es inexistente.

El pasado 14 de abril, el PP volvió a registrar su Plan B jurídico, ante la proximidad del fin del estado de alarma . Entre otras medidas, modifica el artículo tres de la ley de 1986 de medidas especiales en materia de Salud Pública , para permitir a las autoridades sanitarias de las administraciones públicas un confinamiento y una libertad de movimientos en caso de pandemia. Quedaría así: «Controlar o limitar las entradas y salidas de la zona afectada o amenazada y controlar o limitar el movimiento dentro de dicha zona, lo cual podrá afectar al derecho a la libre circulación y deambulación por vías públicas, así como al derecho de reunión que podrá estar condicionado en su ejercicio tanto en lugares determinados, como en el número de personas».

Esa Proposición de ley también permite a las autoridades «adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato. Dichas medidas incluirán el sometimiento obligado de las personas sospechosas a observación de salud pública; sometimiento a cuarentena o aplicar otras medidas sanitarias para las personas sospechosas; sometimiento a aislamiento y a tratamiento, cuando proceda, a las personas afectadas, así como la localización de quienes hayan estado en contacto con personas sospechosas o afectadas».

El PP se puso en contacto con los grupos del Congreso para tratar de impulsar ese plan, y mostró buena disposición por parte del PNV, e incluso de algunos socios del Gobierno. La oposición pidió además al Ejecutivo que informara sobre la Proposición lo antes posible, un trámite que es obligado por su posible afectación presupuestaria. Pero La Moncloa no ha querido pronunciarse todavía, lo que está retrasando su tramitación. Tiene hasta el 1 de junio para hacerlo.

Por muchos contactos que haya entre los grupos del Congreso, la clave está en la «voluntad política» del Gobierno de Sánchez, según advierten fuentes de la oposición parlamentaria . Y esa voluntad, advierten, no existe, como lo demuestra el hecho de que no se ha producido un solo contacto del Gobierno para explorar una alternativa jurídica al estado de alarma.

Este lunes, Pablo Casado volvió a tender la mano al presidente del Gobierno y aseguró que si él quiere en solo quince días estará aprobada la reforma legal para acabar con el caso y para permitir a las comunidades tomar las medidas que necesiten para seguir luchando contra la pandemia.

La iniciativa cuenta con el respaldo de las principales sociedades médicas. La presidenta de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas), Josefa Cantera consideró ayer urgente que «las fuerzas políticas dejen la confrontación y se pongan de acuerdo sobre una ley orgánica específica o una reforma» de la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 con el objetivo de «regular con más detalle y ofrecer más herramientas legales» a la comunidades en el control de la pandemia. Según recordó Cantera en países de nuestro entorno como Francia ya existe «una legislación específica que define cuestiones tan concretas como qué es una cuarenta y quién está obligado a cumplirla». Para la presidenta de Sespas la situación de incertidumbre creada tras el fin del estado de alarma «provoca desafección y falta de confianza» de la población poniendo en peligro la salud pública.

En la misma línea, el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Tomás Cobo, consideró este lunes «descorazonador» la falta de un «liderazgo común». «Ha habido tiempo para pensar en una legislación para no dejar la pandemia al albur de cada comunidad autónoma», criticó. Cobos consideró un «desconcierto» la multiplicidad de medidas tomadas por cada región cuando «se ha demostrado que el toque de queda funciona». «Es fundamental seguir con las medidas de distanciamiento social, el uso de mascarilla y el lavado de manos hasta que la incidencia baje o alcancemos la inmunidad de rebaño», apuntó.

El médico y abogado Juan José Bestard, copresidente de la Sección de Derecho Sanitario del Colegio de Abogados de Madrid (Icam) no entiende por qué el Gobierno después de «más de cien mil fallecidos no ha puesto marcha aún una ley específica». Para Bestard es necesario una «ley orgánica especial para la gestión de esta y futuras pandemias». «Debe haber una base jurídica que permita a las comunidades delimitar derechos fundamentales cuando estos entran en conflicto con un bien jurídico protegido como el de la salud», apuntó Bestard. En este nuevo marco legal, se debería abordar, según este experto en Derecho Sanitario, cuestiones tan fundamentales como permitir que las autoridades sanitarias puedan trabajar con ciertos datos de las personas, la movilidad, las cuarentenas, los ingresos y las vacunación obligada, entre otras muchas cuestiones. «En Alemania hace tiempo que existe y por eso han podido tomar medidas», apuntó.