Los obispos avisan de que las enmiendas a la ley Celaá «cercenan» la libertad de enseñanza

El pasado mes de julio, el secretario general de la CEE, junto al presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, monseñor Alfonso Carrasco Rouco, se reunieron con la ministra de Educación, Isabel Celaá, para ofrecerle la visión general de la Iglesia sobre la que será la octava ley educativa de la democracia y para recordarle la conveniencia de llegar un pacto educativo en el que se respete el artículo 27 de la Constitución.

Durante ese encuentro, los prelados presentaron además «una propuesta concreta para integrar de una manera novedosa en el currículum escolar la clase de Religión y su asignatura espejo sobre valores cívicos y ciudadanos». «Se nos dijo que iba a ser estudiada, pero a día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta», afirmó monseñor Argüello, durante una rueda de prensa al término de la reunión de la Comisión Permanente.

Para los prelados, la contestación a esas propuestas han llegado en «forma de enmiendas» por parte de los partidos que conforman la coalición de Gobierno (Psoe y Podemos). «No hacen más que agudizar los problemas» que ya planteaba el texto original de la ley, afirmó el portavoz de los obispos.

Pese a los desencuentros en materia educativa, el espacio de diálogo sigue abierto, después de que el pasado mes de junio el presidente de la CEE, Juan José Omella y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, acordaran la creación de una comisión mixta.

«La idea era resolver cuestiones que en un principio parecía que preocupaban más al Gobierno», como las inmatriculaciones de la Iglesia o el fin de la exención del IBI. Sin embargo, la Iglesia ha aprovechado este grupo de trabajo «para trasladar su preocupación sobre otros asuntos, como la nueva ley educativa , la legalización de la eutanasia o ley de memoria democrática», señaló el portavoz.

Sobre este último anteproyecto de ley, el secretario general de la CEE fue muy claro: «Es una emienda a la totalidad de la transición democrática y en especial de lo que tuvo de concordia, reconciliación y mirada hacia adelante». Entre los muchos aspectos que preocupan a la Iglesia, la desacralización del Valle de los Caídos es «muy importante» pero no es «la de mayor gravedad».

«Lo grave es pretender escribir una especie de historia oficial y que esa historia oficial quiera además hacerse pauta educativa en una suerte de vieja formación del espíritu nacional que algunos estudiamos en las escuelas del régimen anterior», afirmó.

Sobre la pretensión del Gobierno de convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil, monseñor Luis Argüello lo tildó de «anacronismo», puesto que en la actualidad en los cementerios «están enterrados creyentes y no creyentes». «En ese sentido, la vieja distinción entre cementerios civiles y no civiles es una cuestión superada. En la práctica habitual, muchísimos de los cementerios parroquiales están cedidos en su gestión a los municipios o administraciones locales», insistió.

Siguiendo en este argumento, el portavoz también explicó que la Cruz del Valle de los Caídos es «símbolo de reconciliación» y que tratándose de un espacio en el que hay un templo es normal que «se ore por el descanso de los difuntos». «Evidentemente si hay cruz y basílica nosotros pensamos que es importante que siga habiendo una comunidad que mantenga el culto», afirmó.