La educación concertada dice «basta» y anuncia movilizaciones contra la ley Celaá

Según esta plataforma, que aglutina a la patronal, las asociaciones de padres y los sindicatos de la escuela concertada, las 117 enmiendas conjuntas de PSOE y Unidas Podemos al articulado del proyecto de la Lomloe, confirman la voluntad del Gobierno de acabar con la complementariedad de redes (pública y concertada)».

También les preocupa la intención del Gobierno de coalición de «suprimir la libertad de elección de las familias como criterio para mantener o reducir aulas ; implantar la distribución forzosa del alumnado sin respetar la voluntad de las familias; y eliminar progresivamente los centros de Educación Especial y el concierto de los centros de educación diferenciada».

El adoctrinamiento ideológico por parte de los alumnos es otro de los frentes que denuncia la plataforma, al criticar que las enmiendas propuestas por PSOE y Podemos al articulado del proyecto de ley establecen «actividades complementarias gratuitas y obligatorias con un posible contenido ideológico al margen del proyecto educativo del centro y se imponen valores no consensuados mediante una asignatura específica que parece una reedición de Educación para la Ciudadanía».

La plataforma también echa en falta que la octava ley educativa de la democracia «no mejore las situación de profesorado y de los trabajadores del sector» y, por el contrario, «acreciente las abultadas desigualdades con sus homólogos de la red pública». El proyecto tampoco concreta «ningún incremento en los módulos de los conciertos que permitan mejorar las concidiones del personal de la administración y servicio».

La conocida como ley Celaá ha recibido 1.165 enmiendas en el Congreso de los Diputados. Para el conjunto de organizaciones que representan a la enseñanza concertada, eso significa que «el argumento fundamental del Gobierno para derogar la Lomce («ley sin consenso») se desmonta, al demostrar que su propuesta «no ha sido mínimamente acordado con el resto de fuerzas políticas» , ni con la comunidad eductiva. El proyecto de ley es en realidad el resultado de una «actitud totalitaria».

Asimismo señala que el proyecto, cuya aprobación desea impulsar el Gobierno, «lejos de generar ilusión en el seno de la comunidad educativa», provoca «apatía», al demostrar «la incapacidad política para llegar a un Pacto Educativo de Estado que siente las bases de una nueva ley, moderna y con espíritu de permanencia, que otorgue estabilidad al sistema educativo desde el consenso que supuso el Artículo 27 de la Constitución».