Los médicos accederán al registro de las últimas voluntades para practicar la eutanasia

Todavía no hay fecha para ese encuentro, pero entre las modificaciones que propone el grupo socialista destaca la número 245, que incorpora una nueva atribución al médico durante el proceso de la llamada «prestación de ayuda a morir». Según la propuesta del PSOE, el facultativo que trata al paciente «estará legitimado para solicitar y obtener el acceso al documento de instrucciones previas, voluntades anticipadas o documentos equivalentes a través de las personas designadas por la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma correspondiente o por el Ministerio de Sanidad, de conformidad con el Real Decreto 124/2007 por el que se regula el Registro nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal».

El texto aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado mes de diciembre ya habilitaba al médico a presentar en nombre del paciente la solicitud de eutanasia a través «del testamento vital o de un documento equivalente legalmente». Estas voluntades anticipadas suscritas con anterioridad permiten garantizar el acceso a la eutanasia a aquellos pacientes que «no se encuentran en pleno uso de sus facultades». Sin embargo, la enmienda del PSOE confiere ahora una nueva atribución al médico al permitirle también tomar la iniciativa sobre el proceso y poder consultar por iniciativa propia esos ficheros.

Para estos casos, la proposición de ley no establece ningún control específico para garantizar que realmente se está cumpliendo con la voluntad del paciente, más allá de lo suscrito en el documento de últimas voluntades. Tampoco establece ni exige una consulta previa a los familiares.

El espíritu de la normativa es consagrar la autonomía absoluta del paciente, por lo que considera suficiente el testamento vital inscrito en el registro, sin considerar la posibilidad de que el enfermo haya podido arrepentirse de lo que llegó a suscribir en su momento.

Las voluntades anticipadas pueden además convertirse en un problema a la hora de garantizar que la decisión de morir sea realmente «libre, voluntaria y consciente», ya que en nuestro país este documento no caduca y, por tanto, tiene efectividad hasta la muerte de la persona otorgante. En Bélgica, en cambio, las voluntades anticipadas tienen una vigencia solo de cinco años.

El nuevo «derecho a morir», que se convertirá en una prestación del Sistema Nacional de Salud, será una potestad del médico en aquellos pacientes que voluntariamente lo soliciten. Sin embargo, tanto ERC como Bildu y el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Más Madrid, Compromís, Geroa Bai) proponen que también pueda ser practicado por «el personal de enfermería».

Entre sus propuestas, ERC y Bildu -al igual que sus colegas en el Congreso- mantienen además qu e la eutanasia pueda aplicarse a menores a partir de los 16 años y rechazan, en cambio, que pueda administrarse en los hospitales privados, ya que consideran que sería una «privatización de la muerte». La actual proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia establece que esta práctica podrá llevarse a cabo tanto en «los hospitales públicos, como privados o concertados» e incluso también «en el domicilio».

El sesgo de la nueva normativa contra las personas con discapacidad desaparecerá del articulado. Casi todos los partidos, incluido el PSOE, están de acuerdo con la advertencia que el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU hizo a España el pasado mes de diciembre. De salir adelante alguna de estas enmiendas, se eliminará del texto la expresión «enfermedad imposiblitante» como requisito para el acceso a «la prestación de ayuda a morir». El PSOE admite ahora en su enmienda que el término «evocaba innecesariamente situaciones de discapacidad contrarias a los principios» de los acuerdos internacionales ratificados por España sobre esta cuestión.

Antes de que la Comisión de Justicia estudie todas estas enmiendas, el pleno del Senado debatirá la próxima semana el veto propuesto por Vox y PP. Son los únicos partidos que han mantenido una clara oposición a esta nueva regulación en el Congreso de los Diputados.