El 'lobby' del catalán que ingresó 18 millones en diez años
Este poderoso grupo presiona a la Generalitat para avanzar hacia tesis «monolinguistas»
La entidad nació en los noventa en medio del rechazo nacionalista hacia los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992
Plataforma per la Llengua -la autodenominada ‘ONG del catalán’- funciona hoy como un poderoso ‘lobby’ dedicado a alimentar la batalla política en que se ha convertido cualquier asunto relacionado con el idioma. Querida y odiada por igual desde el independentismo, esta organización funciona como ... un organismo rígido y muy solvente económicamente: 18 millones de ingresos en los últimos años pese a la crisis y la pandemia . ¿Su gran objetivo? Asegurar la preeminencia del catalán con campañas de presión a la Generalitat para que no se aleje de las tesis más duras que reclaman la defensa de un modelo «monolingüe» en el que el castellano sea tratado prácticamente como una lengua extranjera .
Los orígenes de la Plataforma -que hoy cuenta con unos 23.000 socios- se remontan al año 1991. En aquel entonces, la entidad nació de una coral juvenil de Barcelona con el nombre de «Colectivo Esbarzer». En ese momento, un grupo de jóvenes se agruparon para trabajar por la «lengua, la cultura y la nación catalana» . Eran momentos de cierta excitación nacionalista. Por un lado había un indisimulado nerviosismo del catalanismo ante la euforia colectiva que desataron los juegos olímpicos de Barcelona’92, un proyecto que los círculos más identitarios siempre vieron con cierta distancia por ser una iniciativa poco ‘catalana’.
Paralelamente, empezó a emerger un cierto optimismo independentista por un contexto internacional marcado por el desmoronamiento de la URSS y el nacimiento de nuevos países . En esa época el gran referente eran las repúblicas bálticas: Letonia, Estonia y Lituania.
En medio de este contexto, empezó a caminar la ‘Plataforma’, una entidad que siempre tuvo como gran meta catalanizar la vida y la política, empezando por unos Juegos Olímpicos que en esos círculos se veían como algo ajeno, controlado por el Ayuntamiento y el Gobierno, ambos socialistas, ante la apatía de la Generalitat de Jordi Pujol. Tal y como se recoge en el libro ‘Plataforma per la Llengua, 20 años defendiendo el catalán’ (Base, 2014) , los estatutos de la entidad, ya desde sus orígenes, mezclaban la defensa de la lengua con la «promoción de la conciencia nacional» y del «derecho a la autodeterminación». Con esta base, y aunque su actividad siempre se ha centrado oficialmente en la cuestión lingüística, queda claro que para la Plataforma la defensa del idioma y la apuesta por la independencia siempre han ido de la mano.
Treinta años después de su aparición, este grupo de coralistas ha devenido en una organización capilarizada con doce delegaciones en los ‘Países Catalanes’ y una sucursal en Bruselas, para alargar su mano y presionar también al Parlamento Europeo. Asimismo, la entidad se ha convertido en una organización influyente en lo político -despacha cara a cara con el Govern- y poderosa en lo económico. De hecho, en los últimos diez años sus ingresos no han dejado de crecer, pasando de los 853.000 euros de 2010 a los más de tres millones del año pasado . Ni la crisis ni la pandemia torcieron su curva ascendente. De hecho, en 2020, en plena pandemia, sus ingresos escalaron casi un 15%.
Ayudas y presiones
Coincidiendo con los años de escalada del ‘procés’, y pese a que la crisis económica de 2008 seguía lastrando los presupuestos públicos, Plataforma por la Llengua ha incrementado progresivamente las subvenciones que recibe de la Generalitat y de otras administraciones locales. También lo ha hecho, y de forma significativa en 2020, coincidiendo con el impacto de la pandemia. Según consta en los informes de subvenciones recibidas por la entidad, consultados por ABC, la plataforma ha recibido desde 2013 casi seis millones de euros de ayudas del Govern y de algunos consistorios afines . Según los citados informes, la entidad percibió oficialmente de diferentes departamentos de la Generalitat 5.015.000 euros hasta 2020 . En plena emergencia sanitaria, la ‘ONG del catalán’ recabó 955.306 euros en subvenciones públicas y privadas, de los que 760.000 correspondieron a ayudas de la Generalitat, la cifra más importante hasta la fecha. En 2019 el montante total subía a 942.748 euros (530.000 del Govern) ; en 2018 hubo subvenciones por valor de 842.194 euros (620.000 del Govern), y en 2017 una partida de 802.399 euros (620.000 del Govern).
Gracias a su fortaleza financiera, la Plataforma se ha especializado en organizar campañas de presión pensadas para apretar al ejecutivo autonómico, y especialmente al Departamento de Educación, para que no relaje ni sus políticas lingüísticas ni su goteo de fondos. De hecho, pese a que el riego de subvenciones ha ido en ascenso en los últimos años, el pasado diciembre la entidad reclamó por carta al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y a su consejero de Economía un nuevo aumento de las partidas para resolver « la situación de emergencia del catalán ». Sin embargo, la connivencia entre la entidad y el Govern va más allá del dinero. Uno de los capítulos más polémicos se dio en julio de 2019, cuando la ‘ONG del catalán’ realizó una polémica encuesta sobre el uso de esta lengua en los patios y las escuelas de la comunidad. Sus activistas se desplazaron sobre el terreno y observaron en la hora del recreo a los alumnos para averiguar en qué idioma se relacionaban. La encuesta, que ha llegado a ser calificada como ‘espionaje’, se realizó con el consentimiento del departamento de Educación, que permitió esta actividad sin previo consentimiento de las familias.
Entidades como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) han denunciado repetidamente el poder de la Plataforma y su ascendencia sobre el Govern, e incluso llevaron el caso del ‘espionaje’ ante el Defensor del Pueblo y la Alta Inspección de Educación. En junio de 2021, la entidad realizó otra encuesta en Valls (Tarragona) para fiscalizar la lengua de uso de los alumnos en los institutos de la localidad .
En esa ocasión fue por encargo del Ayuntamiento, pero el departamento de Educación no se opuso. Emulando el ‘modus operandi’ de la Plataforma, la Generalitat autorizó también al Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) para que realizara otra encuesta para preguntar a los alumnos de primaria y ESO la lengua que usaban para relacionarse con los profesores y con sus compañeros . El consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, envió un documento a los centros avanzándoles la acción y en él aclaraba que no era necesaria la autorización de las familias. La AEB también denunció esta acción y la llevó a la Fiscalía.
En los últimos meses, cuando el asunto del catalán ha pasado a ocupar gran parte de la agenda del Govern, las reuniones entre la Plataforma y el Govern han vuelto a hacerse habituales. Según reconocen fuentes del Govern, el consejero de Educación incluso se ha dedicado a recibir a sus miembros antes de que estos presenten sus iniciativas para dar su «beneplácito y espaldarazo oficial».
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