El Gobierno ataca a la concertada, anunciando una reforma «urgente» de la Lomce

En el turno de réplica, la ministra ha confirmado que «vamos a empezar a trabajar de manera inmediata », con lo que ha cerrado la puerta a la posibilidad de un Pacto por la Educación.

Concretamente, ha afirmado que modificará los artículos 122, 127 y 135 para «recuperar el papel decisivo de la comunidad educativa en los consejos escolares» de los centros públicos y los concertados. Igualmente, eliminará el 109.2 relativa a la demanda escolar para que la escuela pública no sea «subsidiaria de la concertada ». Ello implica que eliminará el criterio de «demanda social» para concertar líneas, según la demanda.

La ministra subrayó que la red pública tendrá preminencia en la programación de oferta de plazas escolares, mientras que la concertada será complementaria de las necesidades de escilarización.

Celaá ha afirmado que la escuela concertada «será complementaria de las necesidades de escolarización ». En este sentido, señaló que «la concertada puede estar, y puede dejar de estar, pero la que tiene que estar es la educación pública».

En relación a la finaciación de la educación, que el PSOE pidió en la oposición un 5% del PIB, ahora dice la ministra que «vamos a intentarlo y vamos a ver». Este porcentaje de financiación fue la excusa del PSOE para abandonar e Pacto por la Educación.

Otra reforma será la eliminación del carácter académico de la asignatura de religión y la implantación de una obligatoria de valores cívicos. Una asignatura que se centrará en «los derechos humanos y virtudes cívico-democráticas. Asimismo, eliminará lo que considera «itinerarios segregadores», a partir de los 13 años.

La ministra ha afirmado que abrirá un diálogo con los colegios que separan por sexo , ya que, a su juicio, «contraviene los principios generales de la educación inclusiva y la coeducación»

La titular de este departamento comparece en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados para informar sobre las líneas generales de su gestión.

Celaá ha apostado por «recuperar las evaluaciones diagnósticas en segundo de la ESO y en cuarto de primaria», eliminando las reválidas.

El Partido Popular mostró su disposición al diálogo , advirtiéndole a la ministra que «nuestra posición no ha cambiado y estamos abierto al diálogo», según señaló la portavoz Sandra Moneo . Sin embargo, alertó de que no se pueden hacer esos cambios de la Lomce «sin contar con el PP ¿Sobre qué base va a estabecer esos cambios, de forma unilateral ?».

Moneo insistió en que el camino «no es traer aquí su iniciativa, y nos sumamos o no. No se trata, ni de lo mío, ni de lo tuyo, sino lo de todos». Igualmente, le respondió a la ministra sobre los ajustes del Gobierno del PP , señalando que «no es cierto que hayan destruido el sistema educativo».

En relacion a la asignatura de religión , la diputada popular le advirtió de que todas las decisiones sobre esta materia tendran que cumplir el artículo 27.3 de la Constitucion y los acuerdos Iglesia-Estado .

Moneo se mostró partidara de unas « evaluaciones serias y rigurosas»

La portavoz socialista, María Luz Martínez Seijo , ha defendido los cambios anunciados por la ministra, subrayando que responde a una «demanda social». A su juicio, algunos aspectos de la Lomce han sido « muy dañinos» y «han generado un gran malestar en la comunidad educativa».

Martínez Seijo cuestionó la escuela concertada: «Nunca hemos visto con buenos ojos las concesiones a la educación concertada, por parte del Gobierno del PP».

Los socialistas han admitido que es « deseable el consenso y el acuerdo» y ha pedido a los grupos que sean «generosos», sin aludir al Pacto por la Educación.

Desde Podemos, su portavoz, Javier Sánchez , mostró su desconfianza en la posibilidad de llegar a acuerdos en el marco de un acuerdo e instó a la ministra a «llegar a acuerdos con las fuerzas progresistas . Es difícil llegar a acuerdos con quien no cree en la educación pública».

Sánchez también ha arremetido contra la escuela concertada, criticando que se pueda mantener una «concepción de la concertada que suponga regalar suelo público a la escuela concertada privada».

La portavoz de Ciudadanos, Marta Martín , inició su intervención preguntando por qué «dinamitaron el pacto» y si, en el tema educativo, va a buscar «un diálogo con los constitucionalistas ». En esta sentido, mostró su temor de que actúe en educación de la misma forma que han hecho con el «decretazo» de RTVE.

En relación a la «reforma del sistema de conciertos» , le pidió que «explique un poco más la eliminación del criterio de demanda social, si va a convocar a la mesa de la concertada, abrir un diálogo o lo va a decidir en virtud de un posicionamiento ideológico ».

La diputada de Ciudadanas también se interesó por si va a cumplir la Constitución en relación a a las funciones de la Alta Inspección Educativa y se «van a respetar los derechos lingüísticos de todos los españoles».