La Iglesia teme que la nueva asignatura «Valores cívicos» imponga «una ética de Estado»

Desde la Comisión Episcopal de Enseñanza señalan a ABC que si la asignatura deja de contar para la nota media del curso será una forma de que deje de ser evaluable. «Y todos sabemos que una cosa que no se evalúa pierde valor», apuntan. También recuerdan que la modificación que pretende introducir el Ministerio de Educación para el curso 2019-20 «atenta contra el derecho de los padres —reconocido en la Constitución— que desean que sus hijos reciban formación religiosa y moral de acuerdo a sus convicciones».

La asignatura de Religión ha sido evaluable desde la entrada en vigor de la Logse en 1990. Desde entonces los alumnos que cursan voluntariamente la materia reciben una nota de acuerdo a los resultados obtenidos. Sin embargo durante el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero esa nota dejó de tener efectos académicos , es decir, que dejó de contar para acceder a una beca o a estudios superiores. Esa circunstancia fue modificada por la Lomce en 2013. La intención ahora del Gobierno de Pedro Sánchez es que la asignatura no tenga ningún peso sobre la nota media del curso y que los Valores Cívicos y Éticos deje de ser la alternativa a Religión y pase a ser una asignatura obligatoria.

La equiparación de la clase de Religión al resto de las asignaturas del currículum escolar no es una invención de la comunidad educativa católica. Los Acuerdos Iglesia-Estado, firmados en 1979, establecen que «los planes educativos» en todos los niveles «incluirán la enseñanza de la religión católica en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales». Desde la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal señalan a ABC que «es obvio que si existe esa equiparación, la materia debe ser evaluable» y contar para la nota media. «La experiencia enseña que, cuando no es evaluable, falta motivación en los alumnos, y aparece como una asignatura sin interés». Con este anuncio «en realidad lo que se quiere decir es que no es importante para la formación integral de los alumnos que la solicitan», añaden.

Los obispos que integran la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española tampoco aprueban la nueva asignatura de Valores Cívicos y Éticos propuesta por la ministra de Educación, Isabel Celaá, ya que temen que pueda ser una puerta abierta al adoctrinamiento. «Hacer obligatoria para todos los alumnos una asignatura de valores éticos (no meramente cívicos) corre el riesgo de imponer una ética del Estado, o del partido del gobierno», advierten.

Además señalan que el hecho de que haya una asignatura alternativa a la Religión «no significa discriminación para quienes no la soliciten, sino que se protege el derecho a recibir la clase de Religión mientras otros alumnos eligen otra asignatura de contenidos cívicos» . «No sería justo que mientras unos alumnos ejercen su derecho a recibir formación religiosa, el resto dedique el tiempo, por ejemplo, a actividades lúdicas», puntualizan.

El propio Tribunal Constitucional falló en abril de este año en contra de un recurso interpuesto por el PSOE en el que los socialistas denunciaban que la asignatura de Religión tuviera una alternativa obligatoria . En dicha sentencia el tribunal sostiene que la equiparación de la asignatura de Religión con la de Valores Culturales y Cívicos/Valores Éticos, que plantea la Lomce, es «respetuosa con el principio de neutralidad religiosa del Estado, porque no implica valoración alguna de las doctrinas religiosas y, al mismo tiempo, garantiza el derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa y moral, de acuerdo con sus convicciones».

El presidente del Foro Español de la Familia, Ignacio García-Juliá, reclamó este miércoles al Gobierno que aclare de manera formal en qué consistirá la nueva asignatura. «La educación de nuestros hijos es algo muy serio para que el Gobierno vaya anunciando una nueva asignatura por fascículos en lugar de aclarar qué va a impartir, cómo y bajo qué enfoque, si respetará la neutralidad ideológica de los colegios públicos y la libertad de ideario de los concertados y privados», indicó García-Juliá.