El feminismo socialista se enfrenta a Irene Montero por «borrar el sexo» en todas sus leyes

Lo cierto es que, escuchadas ambas partes, en el frente se están usando armas lingüísticas muy complicadas: se enfrenta la «identidad de género» (PSOE) contra la «autodeterminación de género» (Podemos), o lo que es lo mismo, la creencia en el sexo biológico o no. Varias dirigentes socialistas comparten con este periódico estar muy molestas porque el equipo de Montero ha conseguido «borrar el sexo»de varias normas (la de Protección de la Infancia o «ley Rhodes», impulsada por Pablo Iglesias ; la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual o del «solo sí es sí», a la espera de dictamen en el Consejo de Estado; y la Ley para la Igualdad Plena y Efectiva de las Personas Transexuales). También están intentando introducir posiciones «acientíficas» o contrarias a la ciencia en la legislación, denuncia en declaraciones a ABC la exportavoz socialista de Igualdad con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Ángeles Álvarez, para quien la falacia en la que vive el equipo de Montero parte de que «la realidad biológica es elegible y que ser hombre o mujer solo es una cuestión de sentimientos». «Están usando al movimiento LGTB para introducir otros elementos» en las leyes por la puerta de atrás. Se refiere Álvarez a varios mecanismos propagandísticos que se usan en la promoción de la «ley trans»: «Para empezar, desde 2007 hay una ley para las personas transexuales y el colectivo trans dice que hay que defender sus derechos humanos, pero... ¿cuáles son los derechos que se están vulnerando? No es así».

En segundo lugar, apremia, han «eliminado en la norma el margen de dos años de tiempo en que una persona solicita transicionar y en ese plazo un informe médico y psicólogico acreditaba que una persona sufría disforia de género (incongruencia, como la llama la Organización Mundial de la Salud)». Con la norma redactada por Igualdad, y que hoy inicia su camino hacia la tramitación parlamentaria, cualquier persona (sobre todo menores, sin el consentimiento de sus padres ni el informe médico correspondiente) puede tomar bloqueadores hormonales y comenzar a «transicionar». La presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, replica que el Supremo sentenció que «esperar dos años de tratamiento hormonal y un psicotécnico, como se hace ahora, vulnera los derechos humanos» y va en contra del Consejo Europeo.

Para Álvarez, en tercer lugar, si se diluye el concepto mujer en las leyes «amenazan el fundamento de la lucha por la igualdad de las mujeres».

El feminismo ortodoxo o clásico denuncia que el colectivo trans presiona de tal modo a Igualdad que han conseguido que los postulados del «transgenerismo queer» se cuelen por todas las rendijas del sistema, incluso lo quieren hacer en las aulas. Álvarez lo desmiente y dice que tienen el compromiso del Ministerio de Educación –con quien sí se han reunido– de no realizar concesiones en «identidad sexual» al equipo de Montero, con quien Isabel Celaá mantiene una buena sintonía. No obstante, otras entidades consultadas por ABC sí lo temen. La Alianza feminista denuncia en su nueva web que «se está introduciendo la agenda del transactivismo en los currículos escolares y universitarios».

Para las afines al partido morado, las feministas que critican sus postulados son «privilegiadas burguesas –en palabras de Cambrollé– que han estudiado feminismo en la universidad y no tienen empatía».