España tendrá una ley de eutanasia similar a Holanda y Bélgica pero con menos controles

Holanda tardó 15 años en aplicar la eutanasia a las personas con discapacidad. La actual proposición de ley, que comenzará su tramitación previsiblemente en febrero en el Senado , permite el acceso a «la prestación de ayuda a morir» financiada por el Sistema Nacional de Salud, por motivo de discapacidad.

Así lo denunció el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, al condenar que se incluyera entre los requisitos para poder solicitar la eutanasia a las personas «con un padecimiento imposibilitante» . Según recordó este comité de expertos internacional, la inclusión de este término supone «una clara alusión a las situaciones de discapacidad, en la medida que habla de las limitaciones en la autonomía de las personas o la dependencia de instancias ajenas como la tecnología».

Bélgica y Holanda también tardaron algunos años en incluir a los pacientes con enfermedades psiquiátricas, sin embargo, la nueva legislación española la contempla desde el principio. El propio vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, el doctor Manuel Martín Carrasco, criticó que el texto actual de la norma sea «tan ambiguo» que «se preste a esa interpretación».

El actual articulado de la norma reconoce el acceso a ese derecho a aquellas personas que sufren «un padecimiento crónico e imposibilitante» o «una enfermedad grave e incurable causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables» . Según explica Martín Carrasco, «muchos trastornos mentales entrarían en esa categoría», como la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la enfermedad de alzheimer, el trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno de personalidad.

Según su opinión, la ley «no clarifica exactamente qué ocurre con los casos en que ese sufrimiento psíquico se debe a una enfermedad mental, que es probablemente la causa más importante de sufrimiento psíquico». «Evidentemente desde nuestro punto de vista la ley es ambigua y no debería aprobarse en esta situación» , asegura el psiquiatra, quien subraya que el texto «debería someterse a una revisión profunda» antes de salir del Senado.

En Holanda, el médico que ha llevado la solicitud de la prestación de ayuda a morir del paciente no puede hacer el certificado de defunción. La ley le obliga a informar al forense y es el forense quien confirma que la persona a la que se ha practicado la eutanasia cumple con los requisitos. En caso de no cumplirlos está obligado avisar al Ministerio Fiscal.

En España, la actual proposición de ley orgánica de regulación de la eutansia la considera directamente muerte natural a todos los efectos y no recoge ninguna indicación sobre quién debe realizar el certificado de defunción. Solo especifica que una vez practicada la eutanasia se deberá enviar al Comité de Evaluación y Garantía dos documentos con los datos y los detalles del proceso. Eso es todo.

A diferencia de Holanda en la que sí se permite la eutanasia a menores entre 16 y 18 años, siempre que los padres estén de acuerdo, en España la ley no contempla por ahora ese supuesto. Sin embargo, Esquerra Republicana (ERC) lleva toda la tramitación de la ley exigiendo el acceso a la eutanasia de los menores a partir de los 16 años. Es probable que durante la tramitación en el Senado este partido presione a PSOE-Podemos para incorporar esta enmienda. En Bélgica solo se puede aplicar a menores emancipados.

La actual redacción de la ley propone que prácticamente cualquier documento sea válido en España para que una persona pueda acceder a la eutanasia cuando no se encuentre «en pleno uso de sus facultades». Bastará que haya suscristo su petición con antelación en «el testamento vital, las voluntades anticipadas o en documentos equivalentes legalmente reconocidos». Algunos partidos como ERC no estaban de acuerdo, al tratarse de un «concepto jurídico indeterminado». Según apuntaban, el instrumento «más idóneo y más adecuado para la seguridad jurídica» es el de «instrucciones previas», desarrollado por la ley de autonomía del paciente (41/2002) , y que regula los requisitos específicos según lo establecido en las legislaciones autonómicas al respecto.

Las voluntades anticipadas suscrita por el paciente con anterioridad puede convertirse además en un problema a la hora de garantizar que la decisión de morir sea realmente «libre, voluntaria y consciente», ya que en nuestro país este documento no caduca y, por tanto, tiene efectividad hasta la muerte de la persona otorgante. En Bélgica, en cambio, las voluntades anticipadas tienen una vigencia solo de cinco años.

España además se convertirá en el único país de Europa con una «prestación de ayuda a morir» sin un acceso universal a los cuidados paliativos. Luxemburgo, Bélgica y Holanda -los únicos países europeos que tienen regulada la eutanasia - superan ampliamente a nuestro país en la cobertura de esa atención sanitaria. En Luxemburgo existen 1,8 unidades de cuidados paliativos especializados por cada cien mil habitantes; en Bélgica, 1,7; en Holanda 0,9, mientras que en España no llegan a 0,6.