España formará en otoño una 'asamblea climática' con cien ciudadanos elegidos al azar

La ‘ola asamblearia’ que comenzó en 2010, según sitúa un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), llega así a las políticas climáticas de España, más allá de la estela abierta hace ya una década por Podemos. En los últimos años, esta fórmula se ha popularizado en la lucha contra el cambio climático, con el primer precedente europeo en Suecia, donde se formó en 2014 y repitió en 2018. Desde entonces, cada vez más países han imitado la fórmula. En Francia, el resultado han sido 149 medidas que incluyen la prohibición de vuelos nacionales cortos con alternativa en tren, la reducción de la velocidad máxima en carretera a 110 km/h o la creación de un nuevo delito penal: el ecocidio. En Reino Unido, los británicos pidieron aplicar un impuesto progresivo al transporte aéreo o prohibir la venta de todoterrenos urbanos . En Suecia, la última asamblea pidió mejorar la red de trenes nocturnos , menos contaminantes.

En España, la asamblea forma parte de las medidas recogidas en la Ley de Cambio Climático aprobada hace unas semanas. Pero faltaba determinar los detalles, la influencia y el contenido que tendría este grupo de ciudadanos. Ahora, según la propuesta de Transición Ecológica, se celebrarán cinco sesiones , que serán telemáticas por la pandemia, aunque no se descartan nuevas convocatorias más adelante. Y, sobre todo, sus conclusiones no serán vinculantes , para descontento de los grupos ecologistas, como sí lo son en Francia. Tampoco hacía falta, ha defendido Valvanera Ulargui, directora de la Oficina Española de Cambio Climático, durante la presentación. Solo en el territorio galo las conclusiones son imperativas y eso no ha impedido que las peticiones de los ciudadanos del resto de países hayan caído en saco roto.

En cualquier caso, los integrantes serán seleccionados de manera independiente y aleatoria , aunque los afectados deberán dar su consentimiento. Además, deberán formar un grupo representativo de la sociedad española: será variado en género, edad, nivel de estudios, lugar de residencia (áreas urbanas frente a rurales) y actitud frente al cambio climático. La idea es dar una remuneración similar a la de una participación en una mesa electoral, aunque todavía se está estudiando.

«Conseguir la ambición y la neutralidad climática en 2050 es un objetivo político, pero hay que aterrizarlo en el corto plazo y en la estrategia a largo plazo», dijo Ulargui, que consideró que los ciudadanos «tienen que aportar a ese proceso». De hecho, la participación de la ciudadanía fue valorada positivamente por los principales partidos de la oposición, como el PP o Ciudadanos, que reconocieron que se trata de una herramienta eficaz. «Dicho lo cual –avisó César Sánchez , portavoz de Medio Ambiente del PP en el Congreso–, sorprende que este Gobierno, que se ha caracterizado por el sectarismo y la falta d diálogo, se comprometa con seriedad y recorrido en esta iniciativa. Seguiremos el debate con máxima atención».

En cambio, en Ciudadanos , las reticencias vinieron por el grupo de expertos independientes que ayudará a guiar el debate y centrar las propuestas. «Es imprescindible que los expertos sean verdaderamente independientes y no condicionen el resultado de las deliberaciones. Echamos en falta más detalles sobre quiénes serán y, sobre todo, cómo van a ser elegidos», valoraron fuentes del partido.

Entre los grupos ecologistas también se comunicaron ciertas reticencias. Aunque Más País-Verdes Equo, por ejemplo, celebró la puesta en marcha de las asambleas, lamentó que la convocatoria sea online, ya que «no permite una interacción directa de los miembros» y también la falta de obligatoriedad de las medidas. «Nos preocupa que sus conclusiones se queden en agua de borrajas», apuntaron desde el partido.