El Congreso aprueba la Ley de Cambio Climático que dirá adiós a las emisiones y a los coches contaminantes

El texto votado en comisión y al que ya solo queda su paso por el Senado (donde se prevén pocas modificaciones), salió adelante con 22 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones. PSOE y Unidas Podemos lograron el apoyo de Bildu, ERC, PNV, Ciudadanos y Teruel Existe, y la abstención del PP y Más País Verdes Equo. Solo votó en contra Vox.

Las evidencias científicas, las obligaciones europeas y la realidad económica y social han hecho que la Ley de Cambio Climático haya sido querida prácticamente por todos los partidos. La mayor parte de las formaciones entendieron que la norma era necesaria, aunque las quejas hacia los dos partidos de Gobierno por su falta de diálogo al tramitarla fueron reiteradas. De hecho, este jueves seguían sobre la mesa el 90% de las 750 enmiendas que se habían presentado.

La otra queja mayoriataria ha sido la falta de ambición de la ley . El objetivo fundamental es que España sea «neutra» en carbono en 2050 , es decir, que reduzca al mínimo los gases responsables del calentamiento global y los pocos que genere sean compensados o extraídos de la atmósfera, ya sea con sumideros naturales, como bosques, o por nuevas tecnologías. Pero para lograrlo hay que marcar un objetivo intermedio, y esa cifra a 2030 ha estado bajo la lupa de partidos y asociaciones ecologistas todos estos meses, al considerarla insuficiente.

Tras la votación, la futura Ley de Cambio Climático establece:

Fija la meta de 2030 de recorte de las emisiones en el 23% respecto a lo que había en 1990. «[Estos objetivos] tienen en cuenta el punto de partida», aseguró el portavoz del PSOE, Germán Renau, ante las críticas por no acercar la cifra al 55% que marca la Unión Europea. Además, la ley también establece que en 2030 el sistema eléctrico tenga, al menos, un 74% de generación de origen renovable, y que su penetración en el consumo de energía final sea del 42%.

Estas cifras deberán ser revisadas al alza en 2023 , según una enmienda que se introdujo ayer. «Esto cierra el debate sobre la ambició», valoró Juan López de Uralde, diputado de Podemos y presidente de la Comisión parlamentaria, aunque partidos como Más País Verdes Equo calificaron la ley de «oportunidad perdida». «Está bien que hagamos una revisión, pero no había ninguna excusa para no reevaluar el 23% de partida», dijo Inés Sabanés.

Fue una de las medidas más sonadas cuando la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, presentó la norma en 2018. En 2050 se espera lograr un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros «sin emisiones directas de CO2». Para ello, se prevé que en 2040 dejen de venderse coches diésel, gasolina o híbridos. Según ha quedado redactado, los vehículos deberán emitir «cero gramos» de dióxido de carbono, lo que a día de hoy limitaría las opciones a los eléctricos y a los de pila de hidrógeno.

Las ciudades también se verán transformadas. Los municipios de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y aquellos de más de 20.000 habitantes que tengan altos niveles de contaminación deberán crear zonas de bajas emisiones, como Madrid Central, en los próximos tres años. Es decir, poblaciones como Toledo, Gandía o Coslada deberán imponer restricciones al tráfico, pero también impulsar la electrificación de la red de transporte público o facilitar los desplazamientos a pie y en bicicleta. Además, podrá haber criterios específicos para mejorar la calidad del aire alrededor de centros escolares y sanitarios y para modificar este tipo de normativa en cualquier ciudad será necesario contar con un informe de la autonomía.

Ante la carestía actual, las gasolineras se verán obligadas a instalar puntos de carga eléctrica y se crea un plan progresivo que comienza con las mayores gasolineras, para instalar el servicio. Así, las primeras –las más grandes–, deberán tener al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 150 kW en un plazo de 21 meses a partir de la entrada en vigor.

También será obligatorio en edificios de nueva construcción, en intervenciones en edificios existentes y en edificios privados no residenciales con aparcamientos de más de 20 plazas.

Además de que el sistema eléctrico sea 100% renovable en 2050, el proyecto fija una reforma del sector que deberá presentarse en un año desde que se apruebe la ley. Además, el despliegue de las energías renovables deberá ser «compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial», introduce la norma, en parte para atender las reclamaciones de grupos ecologistas, que han alertado de que algunos proyectos afectan a zonas de alto valor ecológico y paisajístico. Las eléctricas deberán «revertir parte de la riqueza que genera en el territorio».

La ley acaba con la explotación de hidrocarburos. No se otorgarán nuevos permisos en todo el territorio nacional tras la aprobación definitiva del texto ni para exploración, ni para investigación, ni para explotación. En este veto también se incluye la fracturación hidráulica o ‘fracking’.

Se veta la minería de uranio a partir de la entrada en vigor de la ley, cuando no se admitirán más solicitudes de permisos y tampoco se admitirán nuevas solicitudes para instalaciones radiactivas. Según Podemos, este artículo vetará el proyecto multimillonario de Berkeley en Retortillo (Salamanca), aunque la empresa australiana interpreta que no le afectará.

En la recta final de la ley, el artículo 18 ha sido el más polémico: podría recortar la prórroga de 75 años de la reforma de la Ley de Costas. «Les da igual que cinco fuerzas hayan presentando la misma enmienda por separado, para suprimir el artículo (…). Siguen en su hoja de ruta ideológica», dijo el portavoz del PP, Diego Gago. La Xunta recurrirá el texto ante el Tribunal Constitucional (TC) si finalmente ve la luz sin cambios.

Al igual que existe en países como Francia, donde ciudadanos anónimos escogidos al alzar son consultados para tomar decisiones sobre cambio climático, España creará una asamblea ciudada a nivel nacional. La composición, eso sí, se determinará más adelante por orden ministerial.

La norma prevé ser completada con otras leyes aún pendientes. Por ejemplo, seis meses después de su aprobación, el Gobierno elaborará un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación . También se espera una ley sobre residuos y otra sobre movilidad sostenible , así como una comisión para analizar una reforma fiscal verde , entre otros.