Planta térmica de carbón
Planta térmica de carbón - EFE
Energía

España deberá prescindir del carbón en 2030 si quiere una economía neutral en CO2 a mitad de siglo

Los expertos advierten de que las inversiones en energías fósiles que se hagan ahora serán muy difíciles de amortizar

MadridActualizado:

¿Qué sentido tiene invertir ahora en gasificar el sector residencial si el gas natural tiene los días contados? ¿O realizar inversiones en generación, transporte y distribución de energías fósiles cuando la ventana de oportunidad para amortizarlas es cada vez más pequeña? A estas preguntas hay que responder para poder cumplir con los objetivos de recorte de emisiones que marca el Acuerdo de París para evitar que la temperatura del planeta aumente 2ºC sobre el nivel preindustrial, y que en el caso de la Unión Europea implican ser neutros en emisiones en 2050 -lo que supone una reducción de emisiones de entre un 80% y un 95% para esa fecha-.

Pero no podemos esperar más, «hay que responderlas ya, porque las cosas que pasarán en 2050 hay que empezarlas a construir el año que viene», dice Xavier Labandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo y codirector del centro de investigación Economics for Energy. Con el objetivo de aportar números y algo de luz en esa senda que nuestro país debe recorrer para llegar a ese objetivo en 2050, este centro especializado en el análisis económico de las cuestiones energéticas presentó ayer, en la Fundación Ramón Areces de Madrid, el informe Escenarios para el sector energético en España 2030-2050.

Se plantean cuatro escenarios de evolución diferentes: descarbonización, mantenimiento de las políticas energéticas actuales, avance tecnológico acelerado y estancamiento económico a largo plazo. «En casi todos los escenarios a 2050 hay un supuesto de descarbonización bastante alto», explica Pedro Linares, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Comillas y también director de Economics for Energy. Ahora bien, la transformación requerirá un esfuerzo muy grande en algunos sectores y en otros será más asequible, al tiempo que cuanto más retrasemos la transición más alto será el coste, pues éste aumenta exponencialmente conforme se endurece el objetivo de reducción.

Electrificación

La descarbonización en el horizonte de 2050 implica que para entonces los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) habrán de desaparecer del mix energético español. En su lugar, la electricidad con origen en fuentes renovables sería la protagonista absoluta del nuevo sistema. En este sentido, la electrificación es más fácil en el transporte ligero que en el pesado, y más asequible también en el sector servicios y residencial que en la industria energética térmica de alta temperatura, que no se puede electrificar y para la que hay que buscar alternativas desarrollando nuevas tecnologías.

En todos los escenarios, incluso en aquellos en que la reducción de emisiones es menos ambiciosa, la generación de electricidad con carbón en nuestro país desaparece ya en 2030. Precisamente esa es la fecha tope propuesta por la alianza global de países que se comprometieron a abandonar el carbón en la pasada Cumbre de la ONU de Cambio Climático celebrada en Bonn (Alemania).

España no se sumó a esta iniciativa impulsada por más de una veintena de países, estados y organizaciones, entre los que se encuentran Canadá, Japón, Gran Bretaña, Francia, Italia, México o Bélgica. Este martes, en la cumbre sobre cambio climático organizada por el presidente francés, Emmanuel Macron, en París, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se refirió de nuevo a este asunto: «España no puede suprimir el carbón de un día para otro, igual que otros no pueden hacerlo con las centrales nucleares».

El gas, tecnología puente

Lo cierto es que España tampoco parece por ahora que pueda prescindir de la energía nuclear, al menos hasta 2030. Según Linares, para ese año la nuclear permanece, pues sigue siendo la opción económica, y el gas se hace fuerte, mientras que en 2050 el protagonismo tendría que desplazarse radicalmente a las renovables (eólica y solar) -para lo que habría que ir poniendo a punto sistemas de almacenamiento a gran escala y el respaldo de otras fuentes libres de emisiones-, siempre con el reto de contar con fuentes capaces de surtir de energía térmica a la industria. Podemos decir que el gas se utiliza como tecnología puente hasta llegar a ese escenario 100% renovable, pues emite menos gases de efecto invernadero que el petróleo y el carbón, pero no deja de ser un combustible fósil a desterrar.

En este aspecto los expertos plantean un temor, y es que como cumplir con los objetivos a 2030 es «bastante asequible sin hacer demasiados esfuerzos» –España debe recortar sus emisiones un 43% en los sectores incluidos en el régimen de comercio de emisiones y un 26% en los llamados difusos (residencial, agricultura, residuos y transporte) con respecto a los niveles de 2005- puede existir «la tentación de mantener un sistema más o menos como el de ahora», lo cual nos haría luego más difícil y costoso alcanzar la descarbonización en 2050.

«La ventana para amortizar las inversiones en energías fósiles es solo de 10 o 15 años», insiste Linares, quien forma parte del Comité de Expertos que asesora al Gobierno en la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. «A partir de 2030 cualquier potencia nueva tiene que ser renovable, así que lo mejor será tener a punto las tecnologías cuanto antes para que sean competitivas», añade.

Un precio alto de CO2

Para Labandeira, la receta para acelerar esa transición a una economía baja en carbono está en las señales del mercado, que ayude a fijar un precio importante de la tonelada de CO2, para lo que habrá que recurrir a la fiscalidad verde, introduciendo incentivos e instrumentos fiscales que garanticen un cambio de modelo más eficiente y competitivo.

La pelota está ahora en el tejado del Gobierno, que trabaja en la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, del que no se espera un primer borrador hasta el próximo semestre y que esté aprobada a finales de 2018, con un año de retraso sobre las previsiones iniciales del Gobierno.