El sindicato de la concertada FSIE exige al Gobierno un plan para financiar el aire acondicionado en las aulas

El sindicato explicó que la mayoría de centros educativos no reúnen las condiciones de seguridad y salud adecuadas para poder estar en las aulas en estas condiciones. También, apuntó que la pandemia del Covid ha puesto de manifiesto la mala calidad del aire de las aulas en los centros educativos constatando que no es buena ni saludable para quienes conviven en el aula y afecta a la capacidad y rendimiento del alumnado. Además, expresó que este problema no se soluciona permitiendo, en algunas CCAA y en un momento determinado, adaptar la jornada escolar ya que esta medida no es más que un parche que no mejora nada la situación.

FSIE pidió en mayo de 2021 al Gobierno y las Comunidades Autónomas que empezaran a tomar medidas para dar realmente máxima seguridad y capacidad de prevención a los centros educativos ordinarios y de educación especial ante los problemas que la climatología y la pandemia estaban generando. «Hasta la fecha no se ha hecho nada», admiten.

Desde el sindicato denuncian existir una regulación legal que establece que la temperatura máxima en los centros de trabajo debe estar en los 26 o 27 grados y ver cómo en los centros educativos se supera con creces y durante muchos días consecutivos este umbral, perjudicando la salud del alumnado y de los docentes y no docentes: «Es evidente que la ley, quizá hecha solo pensando en algunos adultos, no se está cumpliendo en los centros educativos».

«Es una cuestión fundamental en la que está en juego la salud de todos los trabajadores y menores de edad. No se debe permitir que en verano se estén soportando temperaturas extremas de calor y en invierno tengan que estar con las ventanas abiertas para alcanzar niveles aceptables de aire purificado y respirable. Las aulas, además, son en espacios reducidos con alto número de personas en su interior», comentó Jesús Pueyo , secretario general de FSIE.

Por último, exijen al Gobierno que tiene que liderar en el conjunto del Estado, de manera urgente y eficaz, el proceso de adecuación de los centros educativos y no puede dilatar más la adopción de medidas que permitan tener condiciones adecuadas de salud y seguridad para los trabajadores y el alumnado.