Defensa firmó cuatro contratos para protegerse del coronavirus antes del estado de alarma

Los cuatro contratos adjudicados antes del estado de alarma están destinados a la compra de material de distinta tipología. En todos los casos se trata de elementos útiles para evitar los contagios o, al menos, prevenirlos: desde los citados kits de protección biológica hasta materiales desechables de limpieza pasando por gel hidroalcohólico o sustancias desinfectantes. Así queda reflejado en la relación de todos los contratos suscritos por el Ministerio de Defensa para hacer frente a la emergencia sanitaria, a la que ha tenido acceso ABC después de solicitarla por los mecanismos de Transparencia.

El 1 de febrero, el gabinete que dirige Margarita Robles adquirió por valor de 9.078,11 euros «material de limpieza y desechables» ante la amenaza que ya representaba el virus. Por contextualizar, un día antes, en su comparecencia del 31 de enero, el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, dijo lo siguiente: «España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado». Y una jornada después, el 2 de febrero, el coronavirus, al menos de cara a la opinión pública, era un problema casi exclusivo de China, que ese día anunció que había terminado de levantar el hospital de pandemias de la localidad de Wuhan. De hecho, el Mobile World Congress de Barcelona, uno de los primeros eventos multitudinarios que se cancelaron, no había anunciado todavía su postrera suspensión.

El 2 de marzo, y por un importe de 17.992,70 euros, Defensa formalizó otro acuerdo vía contrato menor para conseguir varios «kits de protección biológica». Ese día, el Ministerio de Sanidad, que no había tomado todavía ninguna medida contundente como las que llegarían en semanas posteriores, se abrió a estudiar alternativas para evitar las grandes aglomeraciones y empezó a tomar fuerza la opción de generalizar el teletrabajo. Mientras tanto, el gabinete del que dependen las Fuerzas Armadas rubricó esta adjudicación, quizá la más relevante de las cuatro con las que se anticipó al golpe de la pandemia en España. La selló la Inspección General de Sanidad de la Defensa (IGESAN), el órgano militar al que le corresponde, como expone en su propia web, «la planificación y desarrollo de la política sanitaria» , así como «el asesoramiento de los órganos superiores del Departamento en materia de sanidad militar».

Este detalle no es menor, ya que la IGESAN, que tiene su sede en el Hospital Militar Gómez Ulla, precisamente donde Defensa desplegó tiendas profesionales para atender a los enfermos durante la primera ola, también asume otros cometidos fundamentales en un escenario de pandemia. «Coordina los apoyos sanitarios, logístico-operativos según las directrices recibidas del Jefe de Estado Mayor de la Defensa y de la persona titular de la Subsecretaría de Defensa y gestiona la red sanitaria militar y la ordenación farmacéutica, así como las actividades sanitario-periciales y de prevención sanitaria en el ámbito de la Defensa», según refleja la institución, que también «coordina y, en su caso aporta, con los Ejércitos y la Armada, el apoyo farmacéutico, veterinario y psicológico».

El 13 de marzo, después de que se diera luz verde a la celebración de eventos deportivos, políticos y manifestaciones multitudinarias como las del 8 de marzo, Pedro Sánchez reconoce que el Gobierno no controla el avance de la pandemia y que decretará el estado de alarma. En ese momento, Defensa ya había acordado otros dos contratos para protegerse contra el Covid. El 11 de marzo, el gabinete compró «material para desinfección y prevención [de] Covid-19» por 4.646,70 euros. Y por último, el 13 de marzo, una jornada antes del primer estado de alarma, cristalizó otro encargo más. Fueron 1.312,61 euros para conseguir suministros de «gel hidroalcohólico» en botes de 500 mililitros.

En total, estas cuatro adjudicaciones alcanzaron un valor de 33.030,12 euros. La cifra no es muy elevada, especialmente al compararla con los millonarios gastos que se efectuaron después por parte de todas las administraciones, pero su existencia revela que desde las Fuerzas Armadas ya tomaron precauciones antes de que estallara la pandemia, coincidiendo en unas fechas en las que desde el Gobierno y las autoridades sanitarias se mandaba a la población un mensaje de relativa tranquilidad.

El primer contrato de material contra el coronavirus que Defensa atribuye directamente a la Operación Balmis, el gran dispositivo de las Fuerzas Armadas puesto en marcha durante la crisis sanitaria, data del 27 de marzo. Ese día, el ministerio cerró doce lotes por un importe total de 1.217.348,79 euros relacionados con «material diverso», como detalla Defensa en este registro. Hasta entonces, la lista de contratos que el gabinete relaciona directamente con la crisis sanitaria es mucho más amplia.

En este sentido, Defensa ya había suscrito otros 34 contratos, aunque sin vincularlos a la Operación Balmis, por valor de 1.618.790,04 euros. Según los datos oficiales ofrecidos diariamente por Sanidad, el 26 de marzo se habían registrado en España 72.248 casos y 5.690 fallecidos por Covid. El Gobierno no era capaz entonces ni de frenar la pandemia ni de traer a territorio nacional todo el material sanitario y de protección que reclamaban los sanitarios en los hospitales. De hecho, en estas jornadas, Sanidad tuvo que admitir que había realizado una compra de test diagnósticos defectuosos a China.

En las semanas posteriores al estado de alarma, Defensa adquirió material de todo tipo: desde mascarillas -hay un contrato de más de 200.000 euros- hasta medicamentos como ribavirina. El 20 de marzo, el ministerio asumió un contrato por 103.455,00 euros para adquirir un lote de dicho medicamento y el 24 de ese mismo mes hizo lo propio con otro lote valorado en 408.980 euros para conseguir hidroxicloroquina. Ambos eran considerados en el inicio de la pandemia como tratamientos que podrían ser eficaces para combatir el virus.