El Consejo Escolar del Estado aprueba la «ley Celaá» con un escaso margen y demuestra la enorme falta de consenso

Los representantes de la comunidad educativa del máximo órgano consultivo del Estado en educación presentaron un total de 551 enmiendas a la reforma educativa del Gobierno de las que se aprobaron 120. El Gobierno consigue mantener el redactado que da alas a Cataluña para decidir cuántas asignaturas da en castellano y cuántas en catalán

MADRIDActualizado:

El Consejo Escolar del Estado ha aprobado por un escaso margen de votos la reforma educativa del Gobierno de Pedro Sánchez. Este martes se ha reunido el Pleno del máximo órgano consultivo del Estado en educación para debatir un total de 551 enmiendas de las que salieron adelante 120.

El ritmo frenético con que se llevó a cabo la reunión (se aprobaron unas tres enmiendas por minuto) demuestra la prisa del Gobierno por sacar adelante un texto que cuenta con el rechazo de parte de la comunidad educativa. Esta ha criticado, a través de las enmiendas al nuevo texto del Gobierno que pretende reformar la LOE aprobada por los socialistas en 2006, que se margina al castellano y a la asignatura de Religión, que se promueve el derecho a la educación o al principio de participación pero se deja de lado la libertad de enseñanza (tal como marca la Constitución), que se limita el derecho de las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos, que se limina la referencia a la «demanda social», que falta financiación o que se ignora al profesorado, entre otras cuestiones.

El sector de la concertada pero también algunos sindicatos han criticado la enorme falta de consenso que muestra este nuevo texto que el Gobierno pretende llevar al Consejo de Ministros a finales de este mes pese a que aún falta el informe definitivo del Consejo Escolar del Estado y, posteriormente, el visto bueno del Consejo de Estado antes de llegar al Consejo de Ministros y, finalmente, a las Cortes.

En el Pleno del Consejo Escolar del Estado, que se prolongó durante casi 9 horas, también se aprobó un informe elaborado por su Comisión Permanente, aunque con modificaciones.

Este criticaba que el nuevo texto de Celaá asignaba un uso marginal a la lengua castellana por lo que no consideraban conveniente que la «Administración Central haga delegación total de su uso vehicular en el ámbito educativo a las Administraciones autonómicas».

Sin embargo, esta petición finalmente fue eliminada por lo que comunidades como Cataluña tienen vía libre para decidir cuántas asignaturas imparte en catalán y cuántas en castellano.

El informe también pedía que las autoridades religiosas sean las que determinen el currículo y los libros de texto de la asignatura de Religión, tal como recogía la Lomce y que la nueva ley que elabora el Gobierno quiere eliminar. Sin embargo, todas las enmiendas en defensa de la asignatura de Religión también fueron rechazadas.

El texto de la Comisión Permanente también exige que se incorpore una memoria económica al anteproyecto, concretamente, se considera que se tiene que hacer una inversión de, al menos, el 5,5% del PIB al finalizar el proceso de implantación.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha señalado en una nota de prensa que estudiará la posible incorporación de 71 de las 12o enmiendas aprobadas.