El Consejo Escolar del Estado reprende a Celaá por discriminar el castellano y la Religión en la nueva ley

Concretamente, la Comisión Permanente pide que en la disposición adicional segunda se recupere el apartado 3 con la siguiente redacción: « La determinación del currículo correspondiente a la asignatura Religión será competencia de las respectivas autoridades religiosas . Las decisiones sobre utilización de libros de texto y materiales didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos corresponden a las autoridades religiosas respectivas , de conformidad con lo establecido en los Acuerdos suscritos con el Estado español».

El informe es un borrador, por lo que puede sufrir modificaciones o ser rechazado pero, en cualquier caso, refleja la petición de todos los sectores educativos del país y que incluye a asociaciones de padres, madres, alumnos, centros privados, sindicatos, representantes de la universidad y de las comunidades autónomas, entre otros.

Lo que sí se deja fuera del mencionado apartado es la alusión que se hacía en la Lomce a que las autoridades religiosas no solo determinaban el currículo, libros de textos y materiales didácticos sino que sobre ellas también pesaba la decisión sobre «los estándares de aprendizaje evaluables que permitan la comprobación del logro de los objetivos y adquisición de las competencias correspondientes a la asignatura Religión».

Esta no es la única petición que hace el Consejo Escolar del Estado. También denuncia que algunos puntos del Estado asignan un uso marginal a la lengua castellana por lo que no parece conveniente que la «Administración Central haga delegación total de su uso vehicular en el ámbito educativo a las Administraciones autonómicas». El texto va más allá y señala que el castellano no parece la lengua oficial de todo el Estado y se « incumple el artículo 3 de la Constitución Española cuando señala que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla ». Piden, por lo tanto, «que la Administración del Estado fije una proporción mínima de uso de la lengua castellana en todo el Estado, como lengua oficial que es».

Esta petición la hizo, a través de una enmienda adelantada por ABC y presentada el pasado lunes en el Consejo, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (Concapa).

El problema del nuevo texto es que, con su redacción, da alas a las comunidades a decidir cuántas asignaturas se imparten en castellano y cuántas en la lengua propia de las comunidades. ¿Cómo lo hace? El anteproyecto elimina la obligatoriedad de dar castellano y, por ejemplo, catalán «en una proporción razonable», tal como establece la justicia y tal como recoge la Lomce. Y queda redactado así: «Las Administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes».

El borrador de la Comisión Permanente también exige que se incorpore una memoria económica al anteproyecto, petición que han hecho estos días sindicatos como CC.OO y UGT. «Debiera incluir un compromiso explícito de incremento del gasto público en educación -que tanto para la comunidad educativa como para la sociedad es una auténtica inversión- teniendo en cuenta el coste de impartición de enseñanzas de calidad, hasta llegar, al menos y en el plazo de implantación de la reforma, a la media de gasto público existente en los países de la Unión Europea».

Concretamente, se considera que se tiene que hacer una inversión de, al menos, el 5,5% del PIB al finalizar el proceso de implantación.

El texto refleja varias enmiendas presentadas el pasado lunes en el Consejo Escolar y avanzadas por ABC en las que se criticaba que el anteproyecto borra el papel de los padres en la educación de sus hijos. Señalan que el texto de Celaá se apoya en la Convención sobre los Derechos del Niño donde se reconoce la importancia de la familia pero el texto legal se centra solo en el Estado. «Parece olvidar que el Estado, para cumplir con sus obligaciones debe estar al servicio y tener en cuenta por tanto a las familias».

También se recogen las críticas al sesgo del texto. «Entendemos que los juicios de valor, aunque es cierta la mayoritaria oposición de sectores de la sociedad, aunque legítima, están fuera de lo que debiera ser la redacción de un proyecto de Ley Orgánica».

También se pide suprimir la alusión a la ampliación del calendario escolar u horario lectivo de las áreas o materias, propuesta muy criticada por la Federación de Enseñanza de CC.OO, el sindicato de profesores, Anpe y la Federación de empleados de servicios públicos de UGT (FeSP UGT).

También se recomienda incluir la asignatura de «Historia del Mundo Contemporáneo» como materia común en todas las modalidades del Bachillerato «dada la complejidad del mundo actual».