La Conferencia Episcopal suscribe la posición de los obispos catalanes pero con «acentos distintos»

Durante la rueda de prensa al término de la reunión de la Comisión Permanente, el secretario general y portavoz de la CEE, monseñor Luis Argüello, aseguró que «tras un amplio diálogo en el que surgieron diversas opiniones sobre cómo debía organizarse la vida política y social», los prelados suscribieron la posición de los obispos catalanes con respecto a las medidas de gracia tomadas por el Gobierno y apelaron al «diálogo» con las autoridades de Cataluña desde el «respeto al ordenamiento jurídico» que España se ha dado «a través de la Constitución y del estatuto de autonomía».

«Nosotros estamos como los obispos catalanes por el diálogo, por la aplicación de la ley y porque se respete la justicia. Estamos porque no haya posturas inamovibles y porque se genere un clima de amistad civil y de fraternidad que haga posible abordar un asunto que ha ido creciendo y está cada vez enquistado hasta hacerse un problema en el interior de la sociedad catalana y en el conjunto de España», afirmó.

El portavoz aclaró que la nota del pasado jueves de los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense en la que afirmaban que «el logro de un recto orden social necesita algo más que la aplicación de la ley» no supone que «no sea necesaria la aplicación de la ley». «Este respeto al orden jurídico es una actitud humilde que debemos pedir a todos los actores políticos», aseveró.

En esta línea, recordó que antes del referéndum ilegal del 1-0, las actuaciones de la Generalitat y el Parlamento catalán «pusieron en cuestión la propia legalidad catalana a través del estatuto de autonomía y el mismo reglamento del Parlamento de Cataluña».

El portavoz lamentó la pretensión de algunos grupos políticos de querer «construir todo desde cero», como «si lo vivido anteriormente no significase nada». Con respecto al problema del desafío soberanista consideró que «se mezclan las dificultades vividas a lo largo de la historia sobre el encaje de todas las nacionalidades y regiones con un momento cultural singular relativista, marcado por la emoción y el sentimiento, en el que se subrayan las identidades y se vive una particular cultura de la cancelación como si lo vivido anteriormente no significase nada».

Ante esta cultura «deconstructivista» que no solo afecta a la política sino también a la educación y a la antropología , el prelado -en la misma línea que los obispos catalanes- «invitó a buscar una solución satisfactoria que se aleje de situaciones inamovibles, que no ayudan a construir armónicamente la sociedad». El portavoz consideró necesario «subrayar» este aspecto después de las manifestaciones realizadas el miércoles por los presos indultados cuando salieron de prisión. Pese a no estar de acuerdo con el «adanismo» cultural y político, el portavoz admitió que hay espacios para las reformas. «La Constitución no es un dogma, ni las tablas de la ley pero sí que marca un campo de juego incluso para su propia modificación», afirmó.

En este sentido, y parafraseando a Francisco recordó que «el desarrollo del país, la consolidación de la nación y la construcción de la patria» suponen «el reconocimiento de una historia compartida y un marco legal». «Las legítimas propuestas de una organización distinta ha de hacerse respetando los procedimientos y las pautas de las Constitución compartida», insistió.

En los últimos años la Conferencia Episcopal ha mantenido una posición neutral sobre el proceso soberanista catalán. Solo ha roto su silencio en contadas ocasiones y con pronunciamientos tibios, que han levantado ampollas entre los católicos españolistas. Tres días antes del referéndum ilegal, los prelados de la Comisión Permanente apelaron en un escueto comunicado, al diálogo, la sensatez y la Constitución para «evitar actuaciones irreversibles».

La declaración rebajaba claramente el tono de la instrucción pastoral de 2006 (‘Orientaciones morales ante la situación actual de España’) en el que se defendía que la unidad, la convivencia y la historia de España es «un bien» que hay que tratar con «responsabilidad moral». En los últimos años, solo dos obispos -de los 77 en activo- han levantado la voz de forma pública contra el proceso independentista: el cardenal Antonio Cañizares y el obispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.