Imagen de archivo de varios libros de texto de 4º de ESO - EFE

Los editores denuncian presiones: «En Cataluña nos piden que no hablemos de los Reyes Católicos»

El sector de la edición de libros educativos lamenta la desigualdad educativa que hay en las comunidades autónomas

Madrid Actualizado: Guardar
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Los editores de los manuales que se utilizan en los colegios de España sufren presiones por parte de consejeros, viceconsejeros y directores generales de Educación de las distintas comunidades autónomas para adecuar los contenidos de los libros a sus intereses. Así lo denunció ayer el director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Antonio María Ávila, en la presentación del informe «El libro educativo en España. Curso 2019-2020», elaborado por la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele).

«En Cataluña, nos pidieron que no hablásemos de los Reyes Católicos y querían que lo hiciéramos de Wifredo el Piloso -no el Velloso-. En Canarias, no querían que diéramos importancia a los ríos porque cuando se estudian siempre se empieza de la misma manera, diciendo que son lugares de asentamiento y civilización y grandes vías de comunicación, y entendían que les llamábamos incivilizados», explicó Ávila, que denunció, a través de estos y más ejemplos, una «falta de sentido común abrumador» que lleva a que las desigualdades educativas sean cada vez mayores.

Libertad de cátedra

Según el director ejecutivo de la FGEE, no se trata solo de algunas comunidades, sino que son todas las que, en algún momento, presionan a los editores para cambiar los contenidos a su antojo. «Cada una tiene sus manías, pero son todas, y es una falta de respeto a la libertad de cátedra», lamentó. En la medida de lo posible, aseguró, no hacen caso a estas indicaciones por parte de los altos cargos de Educación, aunque hay veces que las normativas en cuestión avalan las peticiones. «En el caso de la corona catalano-aragonesa, en ningún documento de la Edad Media se encuentra esa expresión, porque no existió, es un concepto que se creó a mediados del siglo XX. Pero si están las normas, poco podemos hacer», lamentó.

Pero más allá de la materia histórica, los editores denunciaron presiones en todo tipo de contenidos. En Andalucía, aseguró Ávila, se pidió modificar un libro de la asignatura de Música porque no incluía al tambor rociero entre los grandes instrumentos. También en la misma comunidad se incitó a cambiar un libro de Matemáticas para que los alumnos aprendieran geometría a través de los azulejos de la Alhambra. Y hasta a la Formación Profesional ha llegado esta intromisión: «Este año ha pasado con libros de FP, sobre las cajas de cambios de coches, que había que adaptarlos a la realidad autonómica. ¿Qué realidad autonómica tienen las cajas de cambio?». En la Comunidad Valenciana, contó Ávila, el motivo de disputa fue el idioma: «Se censuró un libro de un director de la Real Academia Española, Fernando Lázaro Carreter, porque sostenía que el valenciano era un dialecto del catalán».

Sin respuesta uniforme

Sin embargo, los editores defendieron su labor. «La normativa que cada comunidad ponga en marcha tiene que estar supervisada por la inspección educativa, no por los editores. Nosotros lo que queremos es hacer materiales adecuados a la normativa que hay en cada sitio», explicó José Moyano, presidente de Anele, que también derivó parte de responsabilidad en los profesores y en su manera de impartir las materias: «El profesor elige cuál es la herramienta que cree más idónea para él. Puede programar dar más información, menos o distinta. No hay que darle al libro más valor del que tiene, una herramienta pedagógica que elige el profesor».

Todas estas cuestiones, aseguró Ávila, se han trasladado en varias ocasiones a los distintos grupos parlamentarios, pues los editores creen imprescindible un acuerdo que siente las bases sobre la educación en España. Pero se han encontrado con otro problema: ni un mismo partido tiene una respuesta uniforme en las autonomías en las que gobierna cuando se trata de educación. «Hasta ese nivel nos encontramos. Tienen a sus consejeros y tienen reuniones con ellos, pero de repente llega uno y se lo salta a la torera», criticó el presidente de la Federación.

Más allá de las presiones, los editores también se enfrentan a las diferencias de contenido que cada comunidad imparte en una misma asignatura. «Hay una desigualdad curricular. En unas comunidades se hace hincapié en unos contenidos y no en otros. ¿Por qué en Murcia se trata la alimentación saludable y en La Rioja no? ¿Por qué en un sitios unos conceptos tienen que estar en la unidad 2 y en otros en la 6 o incluso darse en distinto curso?», lamentó Moyano. Esta situación deriva en más dificultades para el sector, que se ve obligado a «dividir y multiplicar su oferta, con ediciones cada vez más limitadas al territorio y el consiguiente encarecimiento de los costos», recoge el informe. Para este curso, las editoriales que se integran en Anele han llevado al mercado un total de 51.528 títulos, de los que la mayoría, 33.222, son en formato papel en todas las lenguas oficiales, así como en lenguas extranjeras como inglés o francés. Además, según las previsiones del sector, el precio de los manuales aumentará un 1% de media este año escolar.

Hasta 450 normas

Otro de los motivos que provocan la desigualdad en el ámbito educativo es, según los editores, la cantidad de normas que se publican constantemente. Según el informe, en los tres últimos años se han publicado hasta 450 textos normativos, entre los que se incluyen leyes, decretos y resoluciones, en las 17 comunidades autónomas. Esta situación, denunció Moyano, se debe al fracaso del pacto educativo: «Pese a la importancia que tiene, el proyecto de la reforma educativa se ha quedado inicialmente en nada. No ha sido posible, y eso tiene consecuencias para las administraciones públicas».

Pero las desigualdades se aprecian también en la distribución de las ayudas para material escolar que cada comunidad otorga. Cataluña es la que menos dinero destina por alumno en ayudas para material escolar, pues solo da 5,74 euros por estudiante, frente a los 108,3 euros que otorga Andalucía, líder en esta categoría, para cada alumno, según se desprende del informe.

A juicio de Anele, estas diferenciaciones que provocan una gran desigualdad educativa son en gran parte consecuencia de la falta de acuerdos políticos y de la poca importancia que, consideran, los partidos dan a un tema de tal envergadura como es la educación. «En los programas electorales, probablemente nunca se nota que la educación sea una cuestión prioritaria. Son muchos los programas electorales en los que se toca solo de pasada y no se aborda de una manera profunda», lamentó Moyano, que considera «llamativa» la diferencia en los modelos de ayudas para material escolar de las distintas autonomías.

Según los datos facilitados por Anele, cada comunidad cuenta con un modelo de ayudas al material escolar completamente diferente al de las otras. En el caso andaluz, por ejemplo, se trata de un préstamo universal, mientras que en Cataluña solo se proporcionan recursos a alumnos en situación de vulnerabilidad. La Rioja, la tercera comunidad que más invierte por estudiante en este ámbito, con 102,15 por niño, cuenta con un sistema de préstamo universal para los menores que cursan entre tercero y sexto de primaria, mientras que para el resto de niveles las ayudas dependen del nivel de renta de las familias. La media española es de 51,94 euros por alumno. «Un ciudadano de este país depende de dónde viva para recibir una ayuda u otra», denunció Moyano.