Efe

La Delegación del Gobierno recurre el decreto del catalán en la sanidad pública balear

La decisión ha sido tomada después de que tres ministerios alertasen acerca de la posible inconstitucionalidad de la norma aprobada por el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol

PalmaActualizado:

La Delegación del Gobierno presentará esta semana ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) un recurso contra el decreto autonómico que regula el conocimiento de catalán que deberán tener los médicos, enfermeros, técnicos y auxiliares de enfermería que deseen trabajar en la sanidad pública isleña. Según ha avanzado este miércoles el diario «Última Hora» y ha podido confirmar ABC, la Delegación del Gobierno considera en su escrito que el decreto del Ejecutivo regional vulneraría el artículo 43 de la Constitución, en el que se reconoce «el derecho a la protección de la salud».

La decisión tomada por la delegada del Gobierno, María Salom, de presentar ahora el citado recurso se ha hecho a instancias de la petición hecha en ese sentido por tres ministerios del Gobierno central. En concreto, los de Presidencia y Administraciones Territoriales, Hacienda y Función Pública, y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Dichos ministerios habían analizado previamente escritos de la Abogacía del Estado que alertaban acerca de la posible inconstitucionalidad del decreto, que fue aprobado el pasado 23 de marzo por el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol con el apoyo de MÉS por Mallorca, MÉS por Menorca y Podemos.

El decreto del Govern rebaja, en su versión definitiva, las exigencias de catalán inicialmente anunciadas el pasado año por la Consejería de Salud. De ese modo, finalmente se podrá presentar a las futuras oposiciones cualquier profesional sanitario, aunque no tenga hoy la preceptiva titulación lingüística establecida para cada categoría laboral. En ese sentido, cabe recordar que el nivel de conocimiento del catalán fijado finalmente para médicos, enfermeros y técnicos ha sido el B1 o elemental, mientras que el nivel establecido para auxiliares de enfermería y celadores ha sido el A2 o básico.

La preceptiva titulación lingüística podrá conseguirse en todas esas categorías laborales en un plazo máximo de dos años una vez obtenida la plaza. Si transcurrido ese tiempo el profesional sanitario que superó las oposiciones no pudiera acreditar la titulación de catalán que le corresponde, no perderá su plaza, pero no podrá participar en procesos de movilidad ni acceder al complemento de carrera profesional. Estas dos penalizaciones laborales han sido especialmente criticadas por quienes cuestionan o se oponen al decreto del catalán, al entender que podrían vulnerar la ley. En ese sentido crítico se pronunciaron tres de los diez letrados del Consejo Consultivo de las Islas Baleares, si bien dicho órgano superior de consulta de la Comunidad emitió finalmente un dictamen favorable al decreto.

Un primer recurso

La plataforma civil ciudadana Mos Movem-En Marcha-Let's Go, impulsada por la empresaria menorquina Úrsula Mascaró, había sido la primera entidad en recurrir el decreto del catalán en la sanidad pública balear. Cabe recordar que Mos Movem presentó este martes ante el TSJIB un recurso contencioso administrativo contra dicha norma. Ese primer recurso señala que dicho decreto resulta «en su globalidad y en todos y cada uno de sus preceptos contrario a derecho». El siguiente paso que dará Mos Movem será impugnar la nueva norma lingüística.

Mos Movem impulsó en diciembre del pasado año la primera protesta contra el decreto del catalán en la sanidad pública balear. En aquella ocasión, unas 2.000 personas participaron en Mahón, capital de Menorca, en una manifestación bajo el lema «Los idiomas no salvan vidas. Por una sanidad sin fronteras lingüísticas». Posteriormente, el pasado 18 de febrero, algo más de 2.500 personas se manifestaron en Palma también contra el decreto, en una marcha organizada nuevamente por Mos Movem. Desde entonces se han celebrado también concentraciones de protesta en diversos centros hospitalarios de la Comunidad.

La actual norma lingüística está suscitando fuertes críticas desde diversos ámbitos. Así, además de Mos Movem, han venido expresando su oposición al decreto el PP, Cs, Actúa Baleares, el Sindicato Médico de Baleares (Simebal), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la nueva plataforma Convivencia Balear y diversas asociaciones de pacientes, entre otras entidades. De manera genérica, dichos partidos y sindicatos consideran que el catalán debería ser un mérito y no un requisito para poder trabajar en la sanidad pública.

Por su parte, la consejera de Salud del Gobierno regional, la socialista Patricia Gómez, reiteró ayer que en estos momentos no se exige el catalán a los médicos que trabajan en el Archipiélago y también negó que se esté produciendo una marcha masiva de profesionales sanitarios de Baleares por las actuales exigencias lingüísticas. Gómez respondió de ese modo a una pregunta formulada en el pleno del Parlamento autonómico por el diputado del PP Vicent Serra.