Abusos: el Papa va a fondo en el escándalo Sodalicio

La noticia sorprendió a todos. Nadie había previsto el decreto que emitió la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica el 10 de enero. Ni siquiera los superiores de esa realidad eclesiástica , quienes se enteraron por la prensa. El documento formaliza la designación de Noel Antonio Londoño Buitrago, obispo colombiano de Jericó (Antioquía), como nuevo comisario de la institución. Abriendo así, de facto, una nueva etapa.

La sala de prensa de la Santa Sede advirtió que el Papa ha seguido «especialmente atento» a la «notable gravedad» de las informaciones que ha recibido acerca del régimen interno, la formación y la gestión económica-financiera en esa sociedad de vida apostólica. Por eso él mismo pide, «con insistencia», a las estructuras de la Curia Romana avanzar en el caso con «particular atención».

Además se recuerdan las «graves medidas» adoptadas por la autoridad judicial peruana contra «el señor» Luis Fernando Figari. «Después de un profundo análisis de toda la documentación, el dicasterio ha promulgado el decreto de intervención», se apunta.

Con esa nota oficial, el Vaticano se pronunciaba por primera vez en una crisis que duraba ya muchos años . En efecto, el affaire Sodalicio data de 2011, al menos públicamente y con mayor intensidad. En ese año, de manera sorpresiva, los mismos superiores del grupo reconocieron abiertamente algunas «inconductas» cometidas por la mano derecha del fundador, el vicario general y coordinador del Movimiento de Vida Cristiana, German Doig Klinge, fallecido de manera prematura el 13 de febrero de 2001.

Doig era considerado una de las figuras más rutilantes de la nueva evangelización en América Latina . De personalidad fascinante, había llevado el movimiento a numerosos países de la región y también a Europa. Tras su muerte, pareció natural iniciar las pesquisas de cara a un proceso de canonización. Pero pronto la verdad salió a la luz, en forma de relaciones carnales impropias.

El Consejo General se vio obligado a cerrar ese proceso . La situación se precipitó porque los abusos no se limitaron a Doig, sino que involucraron a otros líderes de alto rango y alcanzaron al fundador. Figari decidió retirarse del puesto de superior general, con la esperanza de anticipar la polémica. Pero era cuestión de tiempo que estallase el escándalo.

En octubre de 2015, revelaciones contenidas en un libro primero, y en un documental después (ambos difundidos en Perú), desencadenaron la crisis . Solo entonces se pudo saber que el Vaticano ya había designado desde hacía meses un visitador apostólico en la persona de Fortunato Pablo Urcey, obispo prelado de Chota . Su misión era, entre otras, «verificar la autenticidad real» de todas las acusaciones formuladas, recientes y pasadas, contra el fundador.

La Santa Sede no alcanzó a hacer públicas sus determinaciones antes de que estallase la bomba mediática. En medio de la tempestad, tras la presión de un grupo de miembros y adherentes indignados por una aparente inacción, la cúpula anunció la creación de un comité autónomo para investigar las denuncias . Hecho sin precedentes desde la fundación del Sodalicio en 1971, o desde su aprobación en 1997 como sociedad de vida apostólica.

Cinco notables, entre ellos un obispo y un jurista , trabajaron durante semanas ad honorem. Entrevistaron a 245 personas y, al final, emitieron un informe pormenorizado y demoledor en abril de 2016. Identificaron al menos 50 casos de abuso, no solo sexuales. Tormentos físicos y psicológicos. Discriminación, manipulación y abuso de poder. Insultos y vejaciones. Ataques perpetrados entre 1975 y 2009 , la mayoría contra jóvenes en formación, menores y mayores de edad.

La comisión no dudó en describir a Figari como «narcisista, paranoico, degradante, vulgar y vengativo». Pero además advirtió que todos estos episodios fueron posibles gracias a una «cultura particular» generada dentro del propio grupo. Ya para entonces, el superior general, Alessandro Moroni Llabrés, había reconocido al fundador culpable de abusos y lo había declarado persona non grata. Unos 15 días antes de publicado el informe.

Con esos antecedentes, en mayo de 2016 el Vaticano anunció el nombramiento de un delegado apostólico, el cardenal estadounidense Joseph William Tobin. Su misión era especialmente económica. Entonces, el Vaticano aún «tenía esperanza» en los superiores del Sodalicio. No se veía «ingobernabilidad». Por eso les permitió mantenerse en sus puestos.

Pese a la «estrategia de la transparencia» lanzada desde el mismo vértice del movimiento, que se empeñó en comunicar cada paso del proceso interno en medio de la crisis , las denuncias seguían llegando a Roma. La autoridad de Moroni, que grababa vídeos cotidianamente dando a conocer sus pasos y sus decisiones, ya se encontraba seriamente cuestionada. La operación terminaría saliéndosele de control.

El 30 de enero de 2017, finalmente la Santa Sede reconoció los abusos del fundador en un decreto con el cual ordenó que no regrese a su país «salvo por cuestiones graves» , además de prohibirle tener contacto alguno con miembros de su obra, participar en actividades públicas y ofrecer declaraciones a la prensa. Ese documento reconoció que el gobierno general de la sociedad tenía plena conciencia de los errores del pasado y se mostraba decidido a liberarse del estilo de conducción heredado.

En esos términos, el caso parecía cerrado para el Vaticano. La decisión final sobre el fundador y el nombramiento de un delegado que acompañe a los superiores parecían suficientes. Pero nada de esto aplacó las polémicas en Perú . En diciembre de 2017, el Ministerio Público avanzó nuevas pesquisas y llegó a solicitar la prisión preventiva contra Figari y otros tres exmiembros del Sodalicio por los presuntos delitos de asociación para delinquir, secuestro y lesiones psicológicas graves.

Con la inminente llegada de Francisco a Perú en visita apostólica , la Santa Sede decidió revisar el caso y determinó el fin de la confianza para Moroni y los suyos. Decidió asumir el control total del Sodalicio con el nuevo comisario, permitiendo al delegado Tobin que permanezca en su misión de vigilancia. Con este nuevo decreto, el Papa busca salvaguardar el carisma de una obra nacida en la Iglesia donde permanecen muchas personas de buena voluntad, las otras víctimas de la crisis.

Ante el anuncio de la intervención vaticana, los sodálites emitieron un sobrio comunicado. Aseguraron que, así como lo hicieron con el delegado, colaborarán «en todo» para que el comisario pueda ejercer sus funciones según lo dispuesto por la Santa Sede. Y precisaron: «Agradecemos al Papa y a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica que sigan con preocupación la vida de nuestra comunidad y reiteramos nuestra disposición para acoger todo lo que disponga para la mejor marcha de nuestra sociedad. Reafirmamos una vez más nuestra absoluta obediencia al Santo Padre y a la Santa Madre Iglesia».