Seis horas de coche para recibir radioterapia por el conflicto político en la Franja

Después vinieron las quejas de algunos ciudadanos de esta zona, que, en virtud de un acuerdo entre ambas comunidades, siempre habían recibido asistencia en el hospital Arnau de Vilanova (Lérida) y, según indicaron, ya no les atendían .Ante esta situación, muchos optaron por empadronarse en Cataluña para garantizar el derecho asistencial. Así lo denunció ABC el pasado mes de septiembre de 2014.

Ahora, la situación se agrava con la desaparición del Fondo de Cohesión Sanitaria –los presupuestos del Estado para 2016 no contemplan ninguna dotación para este Fondo– a través del cual Cataluña cobraba la asistencia prestada a sus vecinos aragoneses.Los alcaldes y presidentes de las comarcas de la Litera, Ribagorza y Bajo Cinca se reunieron el pasado 14 de septiembre y redactaron un documento en el que piden al Gobierno que incorpore de nuevo la partida económica para este Fondo –creado en 2001 para garantizar la asistencia sanitaria de cualquier ciudadano en otra autonomía– en los próximos Presupuestos.

Los alcaldes temen que ahora, sin tener garantizado el cobro por estas prestaciones asistenciales, Cataluña dé un portazo sanitario y niegue definitivamente la asistencia de especialidad –urgencias y ambulatoria sí está garantizada– a estos enfermos, algo que, según denuncian algunos alcaldes, ya está ocurriendo.

Marcelino Iglesias Cuartero, alcalde de Bonansa, asegura que una de sus vecinas, una mujer mayor afectada de cáncer, debe realizar tres horas de trayecto de ida y tres de vuelta para recibir radioterapia en Zaragoza porque en Lérida, que le costaría tres horas en total, ya no se la ofrecen. La afectada prefiere mantener el anonimato. «Son muchos vecinos pero optan por no hablar porque temen represalias y tienen esperanzas de que la situación se resuelva», apunta el alcalde.

En Mequinenza, a solo 30 minutos de la capital ilerdense, también hay pacientes «frágiles» que deben doblar trayecto e ir a Zaragoza para ser tratados. Fuentes del ayuntamiento confirmaron a ABC que les han llegado denuncias por este motivo. También en Fraga hay enfermos oncológicos derivados a la capital maña, según afirmó el alcalde de Camporells, Pepito Guillem . Dejó también constancia del caso de varios vecinos de su municipio que se han empadronado en Cataluña para garantizar que seguirán siendo atendidos. «Eso irá a más y es muy perjudicial, porque somos pueblos pequeños que tenemos ingresos en función de la población».En algunos municipios, según los alcaldes, el padrón ha caído hasta un 20%.

También denuncia la discriminación de los pacientes del Aragón Oriental el alcalde de Alcampell y presidente de la comarca de la Litera, Josep Anton Chauvell. «Nuestra relación con Lérida es de hace muchos años, entre otras cosas por la proximidad geográfica. Es incomprensible que por cuestiones solo politicas se envíe a estos pacientes a Zaragoza», señala.

Los alcaldes exigen en su documento, que han remitido al consejero de Salud catalán, Boi Ruiz, y a su homólogo aragonés, Santiago Celaya, que «diferencien y aparten la atención sanitaria, como bien primordial y derecho fundamental, de cualquier enfrentamiento, litigio o posicionamiento alejado en otras cuestiones que puedan existir entre ambos y que en muchas ocasiones –constatamos– están supeditadas a los colores de los diferentes gobiernos o coyunturas electorales».

Por su parte, la Generalitat sigue negando las acusaciones de los políticos de La Franja y asegura que desde Cataluña se sigue atendiendo a los pacientes aragoneses. El delegado del Govern en Lérida, Ramón Farré, asegura a ABC que no le consta que se niegue la asistencia a estos pacientes. Avanza también que desde esta autonomía se seguirá prestando asistencia sanitaria a estos enfermos aunque no cobren por ello. «Les seguiremos atendiendo. Si no cobramos, ya nos entenderemos con el Estado», añadió.

El coste anual de la asistencia prestada a los pacientes del Aragón Oriental en Cataluña fue de 7.191.396 euros en 2013 y de 7.192.880 euros en 2014, según datos de la Generalitat.