Los pueblos ribereños del Ebro, ahogados por la sobreprotección ambiental

La inundación de estos días será de las históricas por los daños que está provocando. De las peores que se recuerdan desde la gran riada de enero de 1961, pero no solo por el caudal sino porque el río se ha empequeñecido y la tromba multiplica los destrozos.

El 5 de febrero de 1952, en una de las grandes crecidas que se han vivido en el Ebro en los últimos 60 años, el río necesitó 3.260 metros cúbicos por segundo para alcanzar una altura de 5,42 metros a su paso por Zaragoza capital; ayer, llevando 2.400 metros cúbicos por segundo, alcanzaba los 5,81 metros. Esta paradoja, en los pueblos ribereños situados aguas arriba, se manifiesta todavía con mayor severidad.

Lo vienen advirtiendo los habitantes de las localidades afectadas, que llevan más de diez años exigiendo un dragado del Ebro en su tramo medio para retirar los sedimentos acumulados en el lecho del cauce y dejar más expeditas las márgenes. Pero el Ebro está enredado en un ovillo administrativo, lastrado por la normativa de protección medioambiental que se endureció para este cauce hace casi quince años: se incluyó gran parte del tramo aragonés del Ebro en la Red Natura 2000 como espacio de especial protección.

La Administración se ató las manos a sí misma. La protección medioambiental extra fue iniciativa autonómica. Pero ahora, quien recibe las quejas por las riadas —incluso de las autoridades autonómicas— es la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que depende del Ministerio de Medio Ambiente.

El Ebro sufre también la maraña entre administraciones del Estado de las Autonomías. El presidente de la CHE, Xavier de Pedro, recuerda que la limpieza del Ebro no es competencia exclusiva de nadie, «puede hacerla una comunidad de regantes, un ayuntamiento, una Administración autonómica...». El problema es que, para autorizar una gran limpieza en profundidad que realmente solucione el problema del adelgazamiento del cauce hacen falta autorizaciones que no dependen de la CHE. Según el volumen de tierras a retirar y cómo se interprete la aplicación de la actual normativa ambiental que sobreprotege al Ebro, ese trámite debe pasar, o bien por el Ministerio de Medio Ambiente, o por el departamento medioambiental de la Comunidad autónoma correspondiente —del Gobierno aragonés en la práctica totalidad del tramo medio de este gran río—. Y de nuevo aquí surgen el ovillo y los reproches cruzados.

Tras más de diez años dándole vueltas al asunto, hoy por hoy no hay un marco legal aprobado que permita autorizar dragados del Ebro donde más sufren las inundaciones. Después de toparse varias veces con muros legales, la CHE intenta ahora sacar adelante un proyecto que permita extracciones periódicas de áridos en los tramos más conflictivos. Todavía se está redactando el anteproyecto.

«Nos vemos absolutamente limitados, hay un blindaje ambiental total», explica el presidente de la Confederación Hidrográfica. «La legislación que se aplica desde hace más de diez años no permite extracciones de más de 20.000 metros cúbicos de tierras en tramos del cauce que están protegidos, y ese es el caso de la mayor parte del Ebro a su paso por Aragón», explica. «Tras la riada de 2013 licitamos cinco proyectos de limpieza para proteger cascos urbanos, en Castejón (Navarra) y en las localidades zaragozanas de Novillas, Pradilla, Boquiñeni y Pina de Ebro; el Gobierno aragonés nos autorizó extracciones de hasta 20.000 metros cúbicos en todas las localidades zaragozanas, excepto en Pina, donde solo permitió 5.000», indica De Pedro. Y eso, insisten en los pueblos ribereños, son meros parches que no resuelven el problema.

Por encima de esas cantidades de extracción de tierras que permite la Administración autonómica, toda actuación ha de obtener una Declaración de Impacto Ambiental del Estado. Y la CHE advierte que, con el actual marco legal y la interpretación que se le viene dando, eso es misión imposible.

El resultado es una retahíla de riadas cada vez más frecuentes. En los últimos quince años, en Aragón han sido sonadas las de 2003, 2007 y la que se vive estos días. Pero también las hubo en 2008, en 2009 y en 2013 dejando cuantiosos daños. Hasta el año pasado, algunas organizaciones agrarias cifraban en más de 150 millones de euros los daños provocados por las crecidas del Ebro en el último decenio.

Los pueblos ribereños dependen de la agricultura, pero este sustento se ve ahogado por el Ebro. Los habitantes insisten en pedir soluciones inmediatas y la indignación va a más. «A este paso veremos no solo un desastre económico sino una riada que acabará en tragedia», advertía pocos días antes de esta gran crecida el alcalde de uno de estos pueblos. Piden que las administraciones actúen y, si hace falta, que se revise la protección ambiental que pesa sobre el Ebro desde hace quince años.

El presidente del sindicato agrario Asaja en Aragón, Fernando Luna, subraya que «la limpieza del cauce es el medio más eficaz e inmediato para impedir que se produzcan estas inundaciones, y es intolerable que debido a excusas medioambientales, irracionales, falsas e injustas, los habitantes de la ribera del Ebro tengan que vivir con el miedo de ver como el río les va a arrebatar sus casas, su medio de subsistencia, y poniendo en riesgo sus propias vidas».

La cuenca del Ebro lleva más de 30 años esperando que se hagan los embalses del Pacto del Agua. Las luchas partidistas no le ayudaron; la «Nueva cultura del agua» a la que se abrazó el Gobierno de Zapatero, tampoco. Los embalses no solo sirven para evitar sequías y sacarle partido al agua, también para «digerir» crecidas.