Álava lanza una campaña de «tolerancia cero» contra el burka

Lo que «algunos justifican como una expresión de libertad religiosa», señala el diputado general, Javier de Andrés, «llevado al extremo conculca derechos democráticos». Y en concreto denuncia que se trata de «una manifestación fanática, radical y extrema de la subordinación de la mujer al hombre».

«Cuando una mujer lleva un burka es una víctima ella y el resto de las mujeres porque atenta contra la dignidad de todas. La dignidad de la mujer es un bien que está protegido constitucionalmente y se ha de proteger independientemente de cuestiones culturales, religiosas o de cualquier otra índole», apunta la campaña promovida por el gobierno foral de Álava. «No valen excusas ni justificaciones», redunda Javier de Andrés.

«El debate sobre el uso del burka ha girado siempre en torno a si es una cuestión religiosa o una cuestión de seguridad. Sin embargo, se ha obviado el fondo del asunto: que el uso del burka es una manifestación fanática, radical y extrema de la subordinación de la mujer al hombre», concluye la información elaborada por la Diputación foral, que da de esta forma un paso decidido para la «concienciación» contra el uso del burka, que sin embargo no está prohibido en España. La máxima jurisprudencia sobre esta prenda es una sentencia del Tribunal Supremo que antepone la libertad religiosa y niega competencias a los ayuntamientos para regular su uso.

Con todo, el Ayuntamiento de Reus sí elaboró el pasado julio una normativa municipal por la que prohibía el uso del velo integral en espacios púbicos, concebida dentro de las Ordenanzas de Civismo y Convivencia. Sin embargo, en enero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la suspendió cautelarmente –sin entrar al fondo del asunto- por un defecto de forma y después de que fuera recurrida por colectivos musulmanes.

En concreto, se suspendieron los artículos de la normativa municipal que prohíben permanecer en la vía pública o acceder a los autobuses, instalaciones o locales municipales con ropa o elementos que dificultan la identificación. El alcalde de Reus, Carles Pellicer (CiU), ha dado orden de recurrir ese fallo judicial y anunció que su equipo de gobierno no dará «ni un paso atrás» frente al uso del burka. El tribunal, dijo, «ha cometido un grave error» y defendió que la nueva normativa es «impecable», informa Efe. Recordó además que la Guardia Urbana municipal elabora un protocolo para poder identificar a las mujeres con velo integral.

El alcalde de Reus apela a la «seguridad pública, la tranquilidad y la convivencia» para justificar su ordenanza anulada. «No hay una regulación superior porque nadie se ha atrevido», sostiene.

Las ordenanzas prevén multas de 750 euros a quien oculte el rostro, aunque un informe del secretario municipal advirtió al consistorio que, si se multaba a mujeres vestidas con velo integral, se puede cometer un delito de prevaricación.