«Fracking»: hay gas para los próximos 70 años

Consiste en la inyección de agua a alta presión en la roca para liberar el gas atrapado en rocas a unos 3.000 metros de profundidad, algo posible gracias a avances técnicos que permiten perforar hasta donde antes no era posible.

Esta semana se ha conocido la sentencia del TC que deja claro que la legislación estatal prevalece sobre las autonómicas . En concreto, se refería a la ley cántabra que prohibía el «fracking», pero podría pronunciarse en el mismo sentido sobre normas similares de La Rioja, Navarra y Cataluña , en este último caso una modificación en la Ley de Urbanismo. Este mismo miércoles las Juntas Generales de Guipúzcoa aprobaron, con los votos de Bildu, PSE y PP, declarar este territorio foral «libre de “fracking”».

Este método se ha convertido en la nueva bestia negra de los colectivos ecologistas por los efectos colaterales que le atribuyen, como la inducción de movimientos sísmicos o la contaminación de acuíferos. Sin embargo, existen muchos otros argumentos a favor de la utilización de este método.

Incluso el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ( IPCC ), en un informe del pasado abril , reconoce que la rápida implantación de las tecnologías de fracturación hidráulica y perforación horizontal «ha incrementado y diversificado el suministro de gas y ha propiciado una mayor cambio de la producción de energía y calor del carbón al gas», lo que considera «una importante causa de la reducción de gases de efecto invernadero en Estados Unidos».

Según el ingeniero de Caminos Juan Carlos Muñoz Conde, portavoz de Shale Gas España, la experiencia de otros países demuestra que «el desarrollo seguro del shale gas es posible». «La clave reside en la aplicación de las mejores prácticas de la industria junto con las últimas tecnologías y una legislación medioambiental adecuada y estricta, como la que tenemos en Europa», señala. «Otra cosa -agrega- es que algunos sectores no quieran apostar por desarrollar el gas, aunque se trate de una alternativa más limpia que el petróleo o el carbón y un puente hacia el desarrollo completo de las renovables».

La legislación nacional, a través de una reforma en la Ley de Hidrocarburos y de la nueva Ley de Impacto Ambiental, admite la posibilidad de emplear el «fracking», pero se exige una declaración de impacto ambiental (DIA) positiva, así como una larga lista de requisitos que hacen que pasen años antes de que una empresa pueda perforar.

Hasta el momento, según fuentes del Ministerio de Industria, se han otorgado al menos 14 permisos de investigación en los que no es descartable la utilización de la técnica de fracturación hidráulica, si bien a priori, sin realizar la investigación, no se puede afirmar que dicha técnica se va a utilizar.

El Ministerio se ocupa solo de los permisos que afectan a más de una comunidad o al mar, mientras que cada comunidad puede conceder sus propios permisos. En el País Vasco, cuyo gobierno sí es favorable al «fracking», la sociedad pública de hidrocarburos (Shesa) cuenta con diez permisos de investigación en tierra y uno en el mar. En Castilla y León, se han presentado 31 solicitudes y hay una concedida.

Según las estimaciones de los expertos (hasta que no se perfore no se conocerá con precisión), en España puede haber reservas de gas de 2.450 bcm (miles de millones de metros cúbicos). Más de 2.000 corresponderían al gas no convencional, aquel encerrado en rocas poco porosas para cuya extracción se hace necesario el «fracking».

Dado que la demanda anual de gas en España es de algo más de 30 bcm, lo que alberga el subsuelo da para 70 años e, incluso, para que nuestro país se convirtiera en exportador de esta fuente de energía . Esto supondría un cambio radical en la situación actual, en la que se importa más del 99% del gas consumido.

Los efectos sobre la economía y el empleo son claros. Un informe de la consultora Deloitte apunta que los hidrocarburos tienen potencial para aportar hasta 44.000 millones de euros al PIB en el año en que tendría su máximo impacto sobre el crecimiento, que sitúa en 2040. De esa cantidad, unas tres cuartas partes corresponderían al gas no convencional, explica el responsable del estudio, Pablo Royo.

Asimismo, siempre considerando un escenario ideal de máximo aprovechamiento de los recursos, gas y petróleo supondrían más de 260.000 puestos de trabajo, entre directos, indirectos e inducidos en el año «pico», en este caso 2033, ya que la mayor parte del empleo se genera en la fase de desarrollo. Aquí, la aportación del gas no convencional sería más del 75%.