La Junta ordena el cierre de dos de las tres residencias investigadas por malos tratos a los ancianos

El departamento que dirige Rocío Ruiz ha notificado a la responsable de ambos centros, que es la misma persona, la decisión de cerrar de forma cautelar ambas residencias, una de ellas localizada en Carmona y la segunda en otro municipio de Sevilla. Ahora, según han explicado a ABC fuentes de la investigación, la dirección de ambos centros tendrá una semana para adoptar el cierre de forma voluntaria .

En este tiempo, deberá informarse a las familias de esta situación para que se hagan cargo de sus mayores y se inicie la reubicación de los residentes, cuyo número no ha trascendido. De no ser así, la Junta de Andalucía volverá a tomar las riendas del asunto y llevará a cabo el cierre por sí misma. El tiempo que deberán permanecer cerradas las dos residencias no se conoce .

Esta decisión se produce por iniciativa de la Administración autonómica dentro del expediente sancionador abierto a los tres centros a raíz de los informes de las inspecciones que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha llevado a cabo en estos centros.

El 18 de noviembre se realizó la primera visita de control, si bien el informe tardó unas semanas en conocerse y en el mismo se solicitaba una propuesta de expediente de sanción a ambos centros. En el marco de dicho expediente se ha tomado ahora la decisión del cierre.

De forma paralela, los resultados y conclusiones de dichas actuaciones, algunos de ellos alarmantes porque podrían suponer la comisión de un trato degradante hacia los mayores o la falsificación de informes médicos, se pusieron en conocimiento de la Fiscalía de Sevilla , que ha abierto una investigación penal contra estas dos residencias y una tercera por unos hechos que podrían constituir la comisión de varios delitos.

Precisamente, el fiscal delegado para la protección de personas mayores y personas con discapacidad, Norberto Sotomayor , ha tomado ya declaración como investigadas a las dos directoras de estos tres centros. En febrero han sido de nuevo llamadas a declarar, toda vez que el fiscal ha recibido más documentación e información de las inspecciones de la Junta.

Una de las dos investigadas, como se ha dicho antes, está al frente de dos de estas residencias, a las que ahora se les ha notificado el cierre cautelar.

La Consejería de Igualdad llevó a cabo en el año 2020 un total de 290 inspecciones a las 172 residencias que hay en Sevilla , una cifra que casi duplica las realizadas en 2019, cuando fueron 150. El coronavirus y sus efectos devastadores en los mayores puso el foco de las administración y la Fiscalía en la gestión de las residencias, lo que ha tenido como respuesta por parte de la Junta de Andalucía un doble esfuerzo en cuanto a los controles de estos centros.

La inspección de la Junta en estos dos centros, con visitas en horario nocturno, dejó a luz situaciones lamentables : ancianos acostados en sus camas con la ropa de todo el día y los zapatos puestos, bolsas de basuras rellenas de papel haciendo las veces de almohada, suciedad, falta de higiene,...

Para el fiscal Norberto Sotomayor, estos hechos evidencian «graves incumplimiento» en el trato a los mayores sobre todos en los dos centros en los que se ha ordenado el cierre. Hechos que podrían constituir delitos de trato vejatorio y degradante a personas vulnerables, falsedad en certificados médico, e incumplimiento del deber a asistencia a personas con discapacidad por parte de los guardadores (responsables del centro).

Se han detectado errores en la administración de los medicamentos , preguntándose en muchos casos de dónde han sacado la prescripción médica ante posibles falseamientos de dichos informes. Se investigan posibles incumplimientos de las normas dictadas por las autoridades durante la pandemia al haberse detectado traslado de residentes entre centros de distintas localidades, así como incumplimientos en la entrada y llegada de nuevos trabajadores. La falta de higiene personal también era alarmante.

«Una situación vergonzosa», según Sotomayor, quien sigue recabando toda la información y documentación posible porque «esto va a terminar en denuncia en el juzgado» .