Investigan a las directoras de tres residencias de Sevilla por el trato a los mayores en la pandemia

Aunque las diligencias penal abiertas aún están en una fase embrionaria, el fiscal delegado de protección de personas mayores y personas con discapacidad en Sevilla, Norberto Sotomayor , ya ha tomado declaración, incluso, a las directoras de estos tres centros en calidad de investigadas . Una de ellas gestiona dos de los centros bajo sospecha.

Hace aproximadamente un mes el fiscal dio a conocer su informe sobre la gestión de estos centros en la primera oleada , donde exponía, entre otras carencias, la falta de control que existía en la Junta de Andalucía sobre estos centros y la tardanza en actuar sobre éstos, pero sí descartaba que durante la pasada primavera hubiese una actuación penal en la gestión por parte de los responsables o de las administaciones.

Sin embargo, en declaraciones a este periódico a finales de noviembre, Sotomayor anunciaba que la Fiscalía había ordenado investigar al Servicio de Inspección, a la Delegación Territorial de la Junta, a la Guardia Civil y la Policía Nacional varias actuaciones en las que s e podía haber desobedecido las medidas de confinamiento o se podría haber dispensado un trato inadecuado a los mayores .

Entonces todo eran sospechas pero, semanas después, parece que éstas se han convertido en indicios de actuaciones que podrían constituir actuaciones delictivas.

Es por ello que la Fiscalía delegada de protección de personas mayores y de personas con discapacidad de Sevilla, según ha adelantado a ABC de Sevilla, ha incoado la apertura de unas diligencias penales para investigar qué ha sucedido en tres centros de la provincia, dos de ellos dirigidos por la misma persona. Es la primera causa penal abierta por la Fiscalía en Sevilla, ahora ahora fueron diligencias informativas.

El fiscal no ha querido especificar la ubicación de estos tres centros, si bien ha detallado que e n ningún de ellos se han producido fallecimientos por coronavirus . Precisamente, una de estas residencias trasladó a algunos de sus mayores a otros centros, donde finalmente fallecieron.

La Fiscalía está a la espera de un nuevo informe elaborado por el Servicio de Inspección de la Consejería de Salud , que fue quien p uso en alerta a Sotomayor ante lo que podría tratarse de actuaciones delictivas por parte de las responsables de estos tres centros, principalmente por haberse ofrecido un trato «inadecuado» a los mayores , rozando «los malos tratos».

Igualmente, en uno de estos casos se ha superado la ratio permitida , esto es, albergaba más residentes de los que la Administración autonómica le permite, sobre todo, teniendo en cuenta el número de trabajadores disponibles.

Pero los hechos que están siendo analizados por la Fiscalía y que por el momento mantiene a dos personas en calidad de investigadas no se ciñen a lo anteriormente indicado. Para Sotomayor, hay «claros indicios» de la comisión de delitos , aún por definir.

Se investiga si se han saltado las medidas dictadas durante el confinamiento y han procedido al traslado de residentes entre distintos centros. Precisamente, entre los tres sobre cuya gestión está en entredicho, de ahí la explicación de que sean investigadas en una misma causa penal.

Todo hace indicar que el trato inadecuado a los mayores se repetía dia a día, extendiéndose a tareas como la administración de los medicamientos, el descano nocturno o las duchas . Incluso se estudia una posible falsificación de documentos médicos .

Esta actuación judicial sobre posibles negligencias en el tratamiento dispensados a los mayores en tres residencias llega a pocos días de que comience la vacunación contra el coronavirus en Andalucía , siendo los ancianos uno de los primeros colectivos que accederán a las mismas.

Norberto Sotomayor expone un conflicto judicial que puede generarse ante la próxima vacunación, que requiere de la autorización del paciente . Pero en muchos casos estas personas no están en condiciones de asumir esa responsabilidad.

Si se atiende a la Ley de Autonomía del Paciente , se plantea un doble escenario. En el caso de aquellos mayores que están incapacitados jurídicamente, el tutor legal asume esa autorización. Pero, ¿qué pasa cuando no existe esa incapacitación jurídica? .

Entonces, la legislación marca que sea los familiares o allegados de esa persona. Hay personas mayores en residencias que no tienen familiares o si los tienen éstos no muestran preocupación o interés por ellos, entonces habría que recurrir a los allegados, un «concepto indeterminado».

El fiscal considera que ante esta situación de incertidumbre el director del centro , como persona que cuida del residente, debería asumir ese papel de allegado. Si bien, entiende que esto levante recelos entre los responsables, lo que podría generar conflictos jurídicos ante la inminente vacunación, para la que debe existir la pertinente autorización individual.