La Guardia Civil interviene los papeles de la compra de votos del PSOE en Huévar

La actual alcaldesa, la popular María Eugenia Moreno, puso en conocimiento de la Fiscalía en octubre de ese año decenas de papeles que vendrían a corroborar lo que piensan en el PP y es que los socialistas tenían un sistema de compra de votos para perpetuarse en la Alcaldía.

El Ministerio Público denunció por p resuntos delito electoral y malversación de fondos públicos a Francisco Martín González, ex teniente de alcalde socialista . El asunto recayó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sanlúcar la Mayor.

El juez, de forma «prematura», como lo calificó la Audiencia de Sevilla , decidió cerrar la causa después de escuchar al único investigado, por el momento por estos hechos, el ex teniente de alcalde socialista de Huévar del Aljarafe.

Martín González reconoció la autoría de algunos documentos bajo sospecha pero aclaró eran notas tomadas en una reunión de la que no recuerda fecha ni asistentes, y el denominado ‘Plan 1.000’ recoge un simple sondeo, negando que se hubiera ofrecido trabajo a vecinos del pueblo a cambio de votos.

El juez también llamó como testigo a María Eugenia Moreno, pero no realizó más pruebas y decidió archivar las diligencias en octubre de 2020. Sólo habían transcurrido diez meses de investigación .

Sin embargo, el PP decidió llevar esta decisión del instructor a la Audiencia de Sevilla , que en un auto adelantado por este periódico la semana pasada, ordenaba al juez a seguir investigando la presunta compra de votos del PSOE de Huévar .

El tribunal de la Sección Tercera aprovechaba el auto para dejarle varios reproches al juez instructor por su actuación: « No se ha llevado a cabo una investigación suficiente por el Juzgado para esclarecer los hechos denunciados».

La Audiencia, no sólo ordenaba al magistrado de Sanlúcar la Mayor reabrir la causa sobre los ‘papeles de Huévar’, sino que instaba al mismo a la práctica de más pruebas para esclarecer los hechos denunciados y puestos en su conocimiento. Esto es, solicitaba al Juzgado mixto número 5 de Sanlúcar la Mayor lo que reclamaba la acusación del Partido Popular.

Una semana después de conocerse la decisión de la Audiencia, este periódico ha tenido acceso a una providencia del juez instructor en el que, de conformidad con lo dictado «por la Superioridad» (sic), acuerda librar oficio a la Policía Judicial de la Guardia Civil para que recabe toda la documentación solicitada por el PP en su recurso de reforma.

Tras una relación de una veintena de vecinos contratados entre 2015 y 2018 , el PP adjuntaba la copia de los contratos de trabajo de éstos, el listado de las ayudas de emergencias municipales concedidas en 2016 por el anterior equipo de gobierno local , con el PSOE al frente. Además, incorporaba el listado de este tipo de ayudas en 2015.

Precisamente, el hecho de que el juez no llevara a cabo ni una sola acción de investigación sobre estos contratos le valió otro comentario por parte de la Audiencia, en el auto que ordenaba la reapertura de la causa: « No se ha llevado a cabo la menor investigación sobre los contratos de personal municipal ».

El abogado del PP, en su recurso, solicitaba al juzgado, que ahora tendrá que llevar a cabo dichas diligencias por mandato de la Audiencia Provincial, librar oficio a la Policía Judicial de la Guardia Civil para que elabore un atestado tras analizar todos los papeles de Huévar y esclarezcan lo que para los populares fue «un plan preconcebido» para ganar las elecciones mediante la compra de votos entre los casi tres mil vecinos de este municipio aljarafeño.

La acusación popular le pedía al juez que facultase a la Guardia Civil para que obtuviera del Ayuntamiento la documentación que fuese necesaria para arrojar luz sobre los hechos. Si bien, concretaba una serie de papeles como son los que se guardaban en las cajas encontradas en el despacho del teniente de alcalde del Ayuntamiento y ahora investigado.

Pero también considera el PP conveniente que la Guardia Civil intervenga las copias compulsadas de los contratos de trabajos formalizados con las personas relacionadas en el denominado ‘Plan 1.000’ , desde enero de 2014 hasta mayo de 2019 ; y la certificación emitida por el secretario municipal sobre «si los anteriores contratos se formalizaron tras oferta de empleo pública, con publicidad de bases y necesidad de ocupación de un puesto determinado, o en su caso a través de una bolsa de empleo local y, en definitiva, si dichos contratos se realizaron con respeto a los principios de concurrencia, igualdad, mérito y capacidad».

El PP, asimismo, pide que la Guardia Civil se haga con copia compulsada de las nóminas de estos contratos, la Relación Nominal de Trabajadores en el mismo periodo indicado anteriormente.

De otro lado, solicita que se investigue, y para ello pide certificación, las resoluciones administrativas por las que se hayan concedido subvenciones o ayudas, entre 2014 y 2019 , a las personas identificadas en los señalados como ‘papeles de Huévar’ y que la alcaldesa, María Eugenia Moreno, puso en conocimiento de la Fiscalía hace ahora año y medio.

A este respecto, el PP pretende que la Guardia Civil acceda y analice la ordenanza reguladora de dichas subvenciones, si hubiese. En su recurso, la acusación popular solicitaba la práctica de más pruebas, pero el juez ha decidido que se estará a la espera de la elaboración por parte de los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil del informe sobre toda la documentación relativa al presunto plan socialista para ganar elecciones municipales.

En concreto, una vez que tenga el juez en su poder el informe o atestado de la Guardia Civil, acordará si procede o no lo pedido por el PP. Esta acusación pide que se cite como investigado a Rafael Moreno Segura , alcalde de Huévar entre 1997 y 2015, y su sucesora en el cargo Áurea Borrego Moreno . Ambos socialistas .

Moreno Segura cuenta con viejas relaciones con la Justicia . No en vano, fue condenado en el año 2011 por una falta de injurias contra un funcionario municipal que era policía local; fue condenado en mayo de 2015 por pegar a un árbitro en un partido de fútbol de cadetes, y fue condenado en 2010 por vulnerar los derechos de la oposición del PP y no facilitarles la información necesaria para realizar sus funciones públicas.

Esta hoja penal no le impidió que Susana Díaz , como presidenta del Gobierno andaluz, le nombrara director general de Políticas Activas de Empleo de la Junta.

El PP, como acusación popular, pedía al juez que ofreciera al Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe emprender las acciones que considerara oportunas como perjudicado. La citación de Rafael Moreno Segura como de Áurea Borrego Moreno como investigados queda aún a expensas de la actuación de la Guardia Civil en la causa.

Después de la «sorprendente» decisión del juez instructor, como la calificó el PP de Sevilla, tras la enmienda de la Audiencia Provincial, la causa vuelve a tomar un nuevo impulso con la investigación de manos de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que ahora tendrá que analizar minuciosamente todos los ‘papeles de Huévar’ y que presuntamente encubren un plan del PSOE local para ganar elecciones.