El TSJA no ve delito en que Sánchez Gordillo pague las protestas del SAT con dinero público

De este modo, el magistrado instructor, Miguel Pasquau Liaño, archiva la denuncia presentada contra el primer edil por el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, pues considera que los hechos no son constitutivos de los delitos de malversación y prevaricación administrativa en el ejercicio de su actividad municipal por los que se abrieron las diligencias.

Manos Limpia denunció que «dinero público del presupuesto del Ayuntamiento de Marinaleda se ha destinado al pago del servicio prestado por 'Autobuses Morales' para desplazar a las huestes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) a ocupar fincas de propiedad pública -entre ellas Las Turquillas- y otras de propiedad privada».

En su resolución, el instructor decreta el sobreseimiento libre de la causa respecto al imputado aunque «sin perjuicio de la validez o nulidad de las resoluciones adoptadas ni de la responsabilidad contable en que pudiera estar incurso el Ayuntamiento de Marinaleda», por lo que ordena la remisión de una copia de las actuaciones al Tribunal de Cuentas por si considera oportuno investigar la existencia de dicha responsabilidad contable.

En virtud de las actuaciones instructora realizadas, el magistrado considera que, al menos desde 2009 y hasta los primeros meses de 2013, «ha sido habitual» que el Ayuntamiento de Marinaleda contratase los servicios de la mercantil 'Grupo Morales-Sánchez Cervilla' para fletar autobuses de cara al transporte de ciudadanos de la localidad «para muy diversos fines deportivos, culturales y políticos o reivindicativos».

El TSJA asevera que «no existe un contrato marco» entre el Ayuntamiento y la citada mercantil para la prestación regular de tales servicios, sino que la contratación se efectuó «de manera verbal» por diferentes responsables municipales para cada uno de los transportes, «de carácter discrecional, sin más tramitación que la exigida para los denominados 'contratos menores de servicios'» y con adjudicación directa por parte del alcalde o del concejal delegado, «que es posible si no se supera el límite de 18.000 euros».

«Ninguna de las facturas investigadas alcanza dicha cifra; sin embargo el importe total de las mismas sí supera tal cuantía», señala el auto, que indica que cada factura fue refrendada por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, «aprobando a posteriori el gasto», mientras que «en algún caso ha sido el propio Pleno municipal el que, sin objeciones, ha aprobado el gasto» y en otros casos «se aprobó el gasto por decreto del alcalde, después refrendado por la Comisión de Gobierno».

El instructor relata que «una parte considerable» de los servicios de transporte contratados «han coincidido con movilizaciones sindicales, marchas obreras y jornaleras, actos reivindicativos y de protesta, manifestaciones por asuntos políticos de interés general, o concentraciones en sedes judiciales», añadiendo que «la participación y apoyo del Ayuntamiento en tales eventos, y los presupuestos anuales, suelen venir acordados en asambleas ciudadanas abiertas a todos los vecinos de la localidad, que generalmente después son asumidas como decisión propia por la Comisión de Gobierno, conforme al peculiar modo de funcionamiento del referido municipio».

Para concluir, asegura que «no constan objeciones ni informes negativos por parte del secretario interventor sobre la contratación de estos servicios, ni sobre las órdenes de pago correspondientes a las facturas analizadas hasta la fecha de la interposición de la denuncia» por parte de Manos Limpias.

El TSJA dice que, en este caso, «existen razones para considerar que se ha podido producir, al menos en algunas facturas, una desviación presupuestaria», ya que «parece evidente que el gasto en servicio discrecional de autobuses para acudir a las referidas concentraciones o movilizaciones políticas o sindicales no puede asignarse» a determinadas aplicaciones presupuestarias.