Cese del delegado de Educación en Sevilla: cinco días en el cargo y cinco horas para una dimisión exprés

El delegado, profesor con plaza en propiedad y director del curso de entrenadores nacionales de baloncesto, admitió en declaraciones a ABC que había accedido al cargo por su amistad con Imbroda, consejero de Educación y Deporte, al que conocía desde que ambos eran entrenadores. Sin darse cuenta, Martín León puso al consejero en un brete al confesar que cuando eran amigos y aún no estaban en política sí le contó que se habían querellado contra él por una presunta estafa, aunque asegura que cuando le llamó para el cargo de delegado de Educación y Deporte en Sevilla no le informó de que el asunto judicial seguía vivo porque pensó que aquello estaba liquidado. Sin embargo, Miguel Martín León conocía su imputación desde el 20 de marzo de 2020, cuando el juzgado le comunicó su situación procesal. Según la documentación del caso, a la que ha tenido acceso Efe, el juzgado le informó ese día de los detalles de su investigación.

Al finalizar la conversación con ABC, que duró algo más de 40 minutos, Miguel Martín León marcó el número de Imbroda para anunciarle que en 24 horas se haría público que estaba procesado por estafa continuada y preguntarle, de paso, qué podía hacer. La respuesta del consejero fue contundente: su amigo le había ocultado algo de vital importancia, poniéndole a él mismo contra las cuerdas porque fue su valedor en su nombramiento. Además, y no es «peccata minuta», el Código Ético de Ciudadanos exige a cualquiera de sus cargos la dimisión si está siendo investigado en una causa con apertura de juicio oral.

Reproduciendo los alegatos de Miguel Martín León, la Junta de Andalucía restó al principio importancia a la denuncia, subrayando que el delegado consideraba que era víctima de una querella falsa. Sin embargo, al conocer el Gobierno andaluz el auto de apertura de juicio oral en el que se recogen la acusación de la Fiscalía, que pide para Miguel Martín León y varios acusados una pena de dos años y seis meses de prisión por estafa continuada, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, puso pie en pared y exigió una respuesta contundente e instantánea. La respuesta no se hizo esperar, Miguel Ángel Martín presentó su renuncia pocos minutos después, convirtiéndose en el miembro del nuevo Gobierno andaluz que menos ha durado en su cargo.

El consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, tuvo que explicar ayer todo lo ocurrido tras la celebración del Consejo de Gobierno. Bendodo aseguró que desconocía la «situación procesal» del delegado de Educación y que, cuando fue propuesto para el cargo, no había informado al consejero, Javier Imbroda, de la querella presentada contra él. «Espero que el consejero, en los próximos días, proponga a su sustituto», zanjó el portavoz del Gobierno.

Sin embargo, las reacciones de la oposición tras la noticia publicada por este periódico fueron muy contundentes. El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, José Fiscal , urgió al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y al vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, a que den explicaciones ante el «bochorno» que, a su juicio, ha provocado el nombramiento de un procesado en una causa judicial.

En una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla, el portavoz socialista señaló que la Consejería de Educación y Deporte que dirige Javier Imbroda, de Ciudadanos, está «completamente destrozada» y puso de relieve el «récord de cinco días» solamente en el cargo que ha durado el último delegado de Educación en Sevilla.

José Fiscal recordó que Miguel Martín venía a sustituir a Marta Escrivá, cesada la pasada semana como delegada de Educación y Deporte «por incapacidad manifiesta , según explicaciones» del propio Gobierno andaluz. El parlamentario socialista se preguntó si «nadie» en el Gobierno de PP-A y Cs «se ha parado antes de nombrar a esta persona a informarse un poco de su trayectoria pública y privada», y ha afirmado que «provoca bochorno y vergüenza, como ciudadano de Andalucía, que esto esté pasando en el Gobierno de la Junta», y, además, al inicio del curso escolar, según ha recordado.

José Fiscal preguntó «qué más tenemos que conocer» para que el presidente Juanma Moreno «dé algún tipo de explicación de lo que está sucediendo en el seno de la Junta», y tachó de «indigno» que el jefe del Ejecutivo autonómico «no dé la cara y no salga a explicar lo que está ocurriendo». De igual modo, se cuestionó «dónde está» y «qué tiene que decir de esto» el vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, «en otro tiempo, azote de la corrupción y regenerador de no se sabe muy bien qué», cuando la Consejería de Educación está «gobernada por su partido».

En esa línea, José Fiscal lamentó que el dirigente de Cs y vicepresidente de la Junta «solamente sale a la palestra para confrontar con el Gobierno de España», y se preguntó si «pesa más mantener el sillón que salir a denunciar o comentar lo que está en el seno de su formación» en el ámbito de la Consejería de Educación.

Por su parte, Adelante Andalucía aseguró que «ya no sólo es una cuestión de nombres o sillones, va más allá : es que las consecuencias de paralización y retrasos, así como de desorganización, se sufre de forma directa en colegios e institutos de Sevilla y sus pueblos y afecta de forma directa a la comunidad educativa», alerta la diputada provincial de Adelante Teresa de Pablo, avisando de las consecuencias de que el consejero de Educación «coloque a sus amiguetes, que son como él: ineptos, incompetentes y poco fiables». «En el círculo del partido Ciudadanos, un partido sin implantación real en Andalucía, no tienen gente a la altura de lo que se necesita en un Delegación de Educación como la de Sevilla», opina.

Ciudadanos defendió la situación a través de su portavoz en el Parlamento de Andalucía, Sergio Romero , que argumentó que «todo el mundo se puede equivocar». «Este hombre ha dejado ya el cargo a disposición, ha planteado su propia dimisión», de manera que «se trata ahora de incorporar a una persona con el perfil y con los requisitos y a seguir trabajando», trató de zanjar el diputado.