La UCO cree que el alcalde socialista de Gines obtuvo «contraprestaciones» de un narco por acelerar la licencia de un negocio

El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, desde el año 2023, tiene abierta una causa en la que hay más de treinta personas (entre ellas dos abogados) y empresas investigadas por pertenencia a un grupo criminal de blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico y otras actividades ilícitas. En el desarrollo de las investigaciones por parte de la Policía Judicial de la Guardia Civil se procede a los pinchazos telefónicos de los principales implicados, conversaciones que afloran la relación de amistad entre un narco y una persona que trabaja en la Delegación del Gobierno en Andalucía con Pedro Fernández, que resulta ser su jefe de gabinete, Rafael Pineda, un socialista del círculo político del vicepresidente del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Tirando de estas conversaciones, que reflejan un «total servilismo» de Pineda con respecto al narco, al que le hace gestiones de todo tipo, como la concesión de papeles a inmigrantes que trabajan para el segundo o la intermediación para la reapertura de uno de los negocios del principal implicado en el asunto de blanqueo de capitales. Para ello, Pineda tira de su amistad con el alcalde de Gines, el socialista Romualdo Garrido.

Pineda intermedia con Garrido para favorecer los intereses del narco. «Una involucración» que permite desatascar la apertura del establecimiento y si «no entra en juego» Pineda no sale. Así se recoge en uno de los informes de la Guardia Civil que obran en la causa, al que ha tenido acceso ABC.

Según la UCO, en el Ayuntamiento de Gines había tres expedientes administrativos abiertos contra este local de copas y comida. Desde mayo Pineda se pone manos a la obra para intentar resolver este asunto favorablemente a su amigo, principal investigado en la causa del narcotráfico. Lo consigue en octubre de 2024 tras la implicación personal del alcalde de Gines, quien «para conseguir la resolución positiva de los distintos expedientes en los que está inmerso el local habría realizado presiones a la arquitecta municipal, que estaría interviniendo en los citados expedientes».

Por eso, los agentes de la UCO que investigan estos hechos apuntan que tanto Pineda como Garrido «habrían recibido, supuestamente», del narco «contraprestaciones por las gestiones realizadas». En este sentido, señalan los miembros de la unidad especializada del Instituto Armado que por las conversaciones telefónicas se tiene conocimiento de que estas contraprestaciones, «de las que habrían disfrutando» ambos socialistas, consistirían principalmente en «invitaciones a comidas y cenas, así como consumiciones tipo copas» en los locales del investigado por narcotráfico en Gines.

Ante esto, la UCO pidió a la juez requerir al Ayuntamiento de Gines toda la documentación sobre la tramitación administrativa de dichos expedientes por si hubiera hechos que pudieran ser constitutivos de delitos, así como sus intervinientes. La juez, en un auto de 23 de septiembre al que ha tenido acceso ABC, expone que los hechos denunciados podrían incurrir en delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho, entre otros.