Los orientadores de los alumnos con necesidades especiales en Sevilla, desbordados

Según el sindicato este alumnado no está censado en su gran mayoría. Además, la ratio de los orientadores de esos equipos está en 1.737 en los colegios y en los intitutos en 705, ambas muy por encima de la recomendada por la Unión Europea: 250 alumnos por orientador. Eso significa que estos equipos, normalmente compuestos por uno o dos profesionales, tienen que atender a muchos más niños de lo que deberían.

A ello se une el problema derivado de la exigencia de l a Delegación de Educación de Sevilla (que según dicen no se exige en otra provincia más de Andalucía), de un certificado de los Servicios Sociales Comunitarios indicando que la familia de este alumnado es usuaria de este servicio o está en situación de riesgo. Un papel que burocratiza y complica aún más el censo del mismo pese a que aseguran que ese certificado no es necesario.

Desde Ustea indican que la actuación de la Consejería va en sentido contrario de lo que esta normativa ofrece a los centros. Muchos colegios e institutos han pedido estos planes por el número de alumnas censados que necesitan esta compensación, pero no les han contestado; a otros, que los tenían, no se los han renovado, como ha ocurrido con el IES Diamantino de Sevilla, cuyo profesorado convocó incluso una huelga y una concentración frente a la Delegación de Sevilla el pasado 14 de octubre.

La falta de recursos humanos para atender a este alumnado se está cubriendo con profesionales de ONGs que, según Ustea, están financiadas por la Consejería. «En algunos centros estos profesionales trabajan en horario lectivo, situación que solo está permitida en centros que tienen autorizadas comunidades de aprendizaje. La presencia de personal ajeno a la plantilla del centro que no se ajusta este requisito no está permitida. Estamos, como podemos comprobar, ante un círculo vicioso del que no se puede salir», dicen.

Además el sindicato asegura que, aunque se hiciera un sobreesfuerzo por parte de los profesionales de la orientación, tampoco se obtendrían estos recursos porque los Planes de Compensación Educativa están paralizados desde 2017.

Ante esta situación realizarán una campaña específica de visitas a centros que tienen alumnado de compensatoria para explicarles la situación y las posibles acciones a realizar.

Además denunciará la situación ante la delegación de Educación y el Defensor del Pueblo y mantendrá una entrevista con la Dirección General de Planificación Educativa de la Consejería de Educación para exigirle que se vuelvan a realizar convocatorias anuales según lo establecido en Decreto 167/2003 para que todos los centros que trabajen con alumnado de compensación educativa puedan presentar sus proyectos y solicitar los recursos que necesiten para atenderlo.

Piden también que se baje la ratio de atención de los orientadores para que estos profesionales puedan desarrollar dignamente su labor y atender a todo el alumnado que necesite evaluación psicopedagógica y, especialmente, al alumnado de compensatoria, que suele ser el más vulnerable y desatendido. Igualmente solicitan que se dote a los centros que soliciten estos planes y cuya situación quede debidamente justificada, de los recursos materiales y humanos necesarios para poder desarrollar una educación pública de calidad que atienda real y dignamente a la diversidad del alumnado.