Medio siglo del Palacio de Justicia por cuyo suelo Sevilla pagó dos veces

Medio siglo atrás, el nuevo edificio de la Audiencia Territorial y el anexo de los nuevos juzgados constituía un motivo de orgullo, pese a la controversia a pie de calle, para la ciudad oficial, que veía en las líneas de su modernidad toda una afirmación de Sevilla: «El traslado del Palacio de Justicia al Prado de San Sebastián suena como un tañido más que proclama la existencia de una Sevilla nueva al lado de la antigua. Y en el bisel donde se unen, el Prado, con la plaza de España y la vieja Fábrica de Tabacos dibujan la planta de su capitalidad», dejaba escrito Quintaval en el «Sevilla al día» de este periódico al día siguiente de la inauguración.

Sevilla rozaba una imaginaria luna con los dedos mientras los americanos pisaban la real con sus botas de la Nasa . Poco importaba que la única cualidad notable del edificio, su funcionalidad, quedara pronto desbordada por la reordenación de la planta judicial a los dos años de su inauguración. O que la ciudad pagara dos veces por unos suelos que siempre habían sido suyos , en la única esquina disponible del Prado de San Sebastián. Si hay algún sitio de la ciudad donde el displicente maltrato gubernamental está en carne viva, ese es el solar donde se levantó el Palacio de Justicia.

Vayamos por partes. En 1925, la empresa alemana había propuesto utilizar esa parcela, probablemente la más codiciada de la ciudad, para levantar el rascacielos «Mira el Betis» , el de mayor altura de España, según la documentación recabada por la historiadora del Arte Reyes Abad . Pero finalmente se desechó la idea después de una acerba disputa en torno al «techo» de la ciudad y la estética de la zona.

A esa intentona siguió, de inmediato, la del Ramo de Guerra. El Ayuntamiento de la ciudad había cedido una parcela de 4.594 metros cuadrados para construir la Capitanía de la Segunda Región Militar en 1930 después de desecharse otra parcela en la avenida de María Luisa, más pequeña, de 3.000 metros cuadrados, cedida en 1926 a cambio del edificio del antiguo convento de San Acasio en la calle Sierpes , hoy sede del Real Círculo de Labradores y Propietarios.

Finalmente, no se construyó ni en una ni en otra porque el Ramo de Guerra instaló la jefatura militar en el pabellón central de la Exposición Iberoamericana de la Plaza de España , costeado con muchísimas dificultades por el municipio hasta el punto que los préstamos se terminaron de pagar en 1979. A la hora de la permuta entre ambas propiedades en 1947, la ciudad tuvo que abonar 855.959 pesetas mediante la constitución de una hipoteca en favor del Ramo de Guerra, según la información recogida por Antonio Martín García en su libro «Sevilla, territorio militar» .

La operación fue ruinosa, como es fácilmente deducible, pero lo resultó aún más cuando el Ministerio de Justicia decidió fijarse en esa misma parcela para levantar un edificio que reuniera los órganos judiciales dispersos por la ciudad : la Audiencia Territorial en la plaza de San Francisco , los juzgados en la calle Almirante Apodaca y la magistratura del Trabajo en los bajos de la Plaza de España , cerca de la Delegación Provincial de Trabajo.

En la década siguiente, la de los 50, la parcela del Prado de San Sebastián queda en manos de la Caja Provincial de Ahorros (Caja San Fernando), que se la adjudicó en una subasta por 22.125.994 pesetas para usarla de moneda de cambio con la Dirección General de Correos y Telecomunicación: la entidad de ahorro instalaría su sede en la oficina principal de Correos de la Avenida y el organismo edificaba un nuevo edificio en la parcela que la Caja había obtenido del Ayuntamiento . El pago de la parcela se verificó el 4 de junio de 1957 , como recoge el que fuera secretario municipal y presidente del Ateneo Enrique Barrero , en un artículo en ABC de 1977.

En 1961 , el Ayuntamiento acordó incluir la parcela en el Registro Público de Solares e Inmuebles de Edificación Forzosa para obligar a la caja de ahorros a ocuparlo, pero al año siguiente, el BOE publicó el 28 de diciembre de 1962 , día de los Santos Inocentes, la ley de 24 de diciembre que iba a permitir la construcción de un nuevo Palacio de Justicia en Sevilla.

En resumen, el Ministerio de Justicia, la Caja Provincial de Ahorros y el Ayuntamiento de Sevilla llegaron a un convenio que permitía al municipio recomprar el solar del Prado reintegrando mediante un crédito a diez años al 4,5% de interés los 22.125.994 pesetas que había pagado la entidad de ahorros para cederlo a continuación de manera gratuita a la Administración del Estado. El Ministerio de Hacienda se deshacía del edificio de la antigua Real Audiencia, la conocida casa Quadra de la plaza de San Francisco , «a un precio muy ventajoso para esta entidad» que la ley de 1962 calculó en 5.525 pesetas por metro cuadrado .

La compensación al Ayuntamiento quedaba establecida en un máximo de quinientos metros cuadrados del solar de la Audiencia y casa residencia de la calle Manuel Cortina (hoy Entrecárceles) para llevar a cabo el ensanche proyectado en la plaza de Falange Española (hoy, de San Francisco) . Pero a la hora de la verdad, la ciudad sólo recibió una parcelita de 148,7 metros cuadrados del edificio destinado a vivienda contiguo a la Audiencia, en la embocadura de la Plaza.

A partir de ahí, las obras para el nuevo Palacio de Justicia ya podían iniciarse. La propia ley de 1962 establecía una modificación de crédito de 25 millones de pesetas para el ejercicio de 1963 y otros 22,5 millones en las anualidades de 1964 y 1965. Pero en 1964 sólo estaba lista la maqueta del proyecto después de que en verano de 1963, el Ayuntamiento rechazase la propuesta de los técnicos ministeriales por saltarse la alineación invadiendo parte del acerado e incluso vía pública en la plaza Don Juan de Austria y exceder la volumetría. La Oficina Técnica municipal también alegaba motivos estéticos por el estrecho callejón fuera de escala ante la altura de las edificaciones propuestas.

Finalmente, la obra no estuvo terminada hasta 1970 tras una inversión tres veces mayor a la inicialmente prevista: cerca de doscientos millones, la mayor en cualquier palacio de Justicia de España hasta la fecha.

El proyecto lo firmó Germán Álvarez de Sotomayor , arquitecto coruñés y camisa vieja de la Falange que había hecho carrera política en la dirección de los sindicatos verticales del régimen hasta su defenestración en 1941, cuando se centró en su actividad profesional. Autor del cine Gran Vía de Madrid , su proyecto no pasó a la historia de la arquitectura sevillana por ningún motivo. Se optó por levantar dos edificios independientes, uno para los juzgados y otro para la Audiencia , a fin de resaltar la jerarquía judicial de una sobre los otros. Y también para permitir futuras ampliaciones.

En el Palacio de Justicia se dispusieron una sala de plenos , cinco de lo Criminal, dos de lo Civil y una de lo Contencioso , además de sala de juntas de los abogados, biblioteca, capilla, celdas, cuerpo de guardia y viviendas del secretario, fiscal y presidente de la Audiencia Territorial que incluía las provincias de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva.

El día de la inauguración, el 12 de febrero de 1971 , más de una década desde que se hablara por vez primera del traslado de la Audiencia y los juzgados al Prado, se hacía realidad el proyecto. El cardenal Bueno Monreal resaltó en la homilía de la misa del Espíritu Santo que solamente en Dios puede sostenerse la Justicia. El ministro Antonio María Oriol y Urquijo presidió la solemne inauguración, que hacía la número 31 de los palacios de Justicia construidos por el franquismo desde 1940. Al día siguiente se inauguró el de Huelva y estaban en obras los de Castellón, Córdoba, Cuenca, Murcia y Tarragona.

En el mismo acto se le impuso la Cruz de San Raimundo de Peñafort de primera clase a Rafael Cano de Gardoqui Sinovas , presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz; y a Fernando Rubiales Poblaciones, presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo. De segunda clase se le otorgó a Lorenzo Polaino Ortega , secretario del juzgado de instrucción, decano de Sevilla.

El triunfalismo embargaba el ánimo de los presentes: la ciudad había pagado dos veces por el rescate de una parcela para levantar un edificio judicial muy controvertido que pronto se quedaría pequeño a pesar de que esa sospecha sobrevolaba el ambiente como demuestra esta pregunta en una entrevista al oficial mayor del Ministerio de Justicia, Enrique Toral Fernández de Peñaranda en enero de 1970, cuando se preveía inaugurar el complejo en septiembre:

-Por favor, ¿se nos quedará pequeño el nuevo Palacio?

-No; han sido previstos los servicios actuales y futuros. En él, la Justicia encontrará el marco más adecuado a la dignidad que merece.

La ciudad, complacida, se felicitaba de disponer de su tercer edificio judicial en un siglo. Otros tenían motivos más sonados de los que enorgullecerse: Gran Bretaña se preparaba para adaptar el sistema decimal en la fracción de la libra esterlina, eliminando los chelines victorianos, a partir del 15 de febrero. La crónica de ABC del día anterior terminaba casi de modo premonitorio: «Incluso parece próxima la realización del proyecto del túnel bajo el canal de la Mancha , con lo que Inglaterra dejará de ser una isla. ¡Cuántas revoluciones!».

Finalmente, el eurotúnel se construyó entre 1988 y 1994 , en que se inaguró. La primera noticia sobre la Ciudad de la Justicia que vendrá a reemplazar al Palacio de Justicia del Prado de San Sebastián saltó a la prensa en 2001. Hace veinte años pero todavía no se ha movido un ladrillo.