La pandemia del Covid supone un año perdido para la Ciudad de la Justicia de Palmas Altas

«Lo prioritario en una situación como esta es salvar vidas y a eso se han destinado los recursos», ha asegurado Marín, quien se ha comprometido a reactivar el plan para este equipamiento del que ha dicho que pretende ofrecer novedades pronto. A pesar del deseo, la situación de la Ciudad de la Justicia sigue siendo «la misma que hace un año» , como ha señalado el consejero durante su intervención. Eso significa que aún está pendiente la adquisición del inmueble y de las dos parcelas anexas que son propiedad de la promotora Viapol, un suelo sobre el que se quiere levantar la nueva Audiencia Provincial y una serie de aparcamientos.

El plazo que manejaba la administración andaluza es tener concentrados todos los órganos judiciales en este emplazamiento en 2023 y para ello ha previsto una inversión de algo más de cien millones de euros -IVA incluido- , de los que 78 serán se destinarán a la compra y los otros treinta a la remodelación y adaptación del conjunto. Para cumplir con este plan acordado entre la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y el Ayuntamiento la redacción del proyecto ya debía estar licitada con miras a iniciar las obras antes de finales de este 2021, pero todavía no se ha iniciado este procedimiento, que será el primero que se ponga en marcha.

Ya en 2022 se llevaría a cabo la mudanza y en 2023 se celebrarían los primeros juicios. En vista del tiempo que se ha perdido, es probable que ese plazo se extienda a 2024. Y para agilizar estos pasos, el Gobierno andaluz asignó el pasado septiembre este equipamiento a la Unidad Aceleradora de Proyectos de Interés Estratégico de Andalucía con el objetivo de darle impulso y que también contribuya a la reactivación de la actividad económica.

Para hacer realidad la Ciudad de la Justicia de Sevilla se recurrirá a la fórmula publico-privada, de forma que el sector privado se encargaría de la construcción y adaptación de los inmuebles y se convertiría en el casero de la Consejería. A la par, la administración retomará las reuniones con jueces y fiscales de la Audiencia Provincial para hablar sobre la futura reubicación que había generado dudas sobre los problemas de desplazamiento que pueden surgir. Ya con anterioridad el departamento de Juan Marín había elaborado un informe de movilidad en el que se recogen los tiempos y las opciones , tanto de transporte público como privado, demostrando la viabilidad del enclave.