El juez eleva a 3,4 millones de euros el fraude del reciclaje de Estepa y rastrea el patrimonio de los directivos

No obstante, el juez ha hecho una valoración provisional del fraude y establece dos vías, el perjuicio directo provocado al Consorcio y el provocado a la Hacienda Pública a través del blanqueo de capitales. En ambos casos, realiza una descripción muy detallada de toda la actividad delictiva que presuntamente llevaron a cabo los responsables de este organismo de la Sierra Sur de Sevilla presidido por el PSOE. En lo relativo a los fondos desviados desde el Consorcio , Velasco considera que «entre diciembre de 2014 y enero de 2020» esta entidad pública «ordenó pagos a favor de Magno Ambiental del Levante (empresa propiedad del interventor y el jefe de la planta) por importe de 1.805.724,27 euros ». A esta cantidad llega a partir de varias líneas de investigación. Por un lado, el juez subraya que «los únicos contratos existentes entre ambas entidades (uno datado en el año 2016, sin fecha concreta ,y otro con fecha de registro de salida de 22/11/2018) pudieran ser ficticios o simulados y elaborados ad hoc por la necesidad de acreditar documentalmente la relación comercial existente entre el Consorcio y Magno ante entidades de crédito de las que se pretendía obtener la financiación necesaria para la adquisición de camiones». La clave está en que los dos directivos de la planta de reciclaje subcontrataron los camiones para la retirada de la basura a su propia empresa y a través de esta vía desviaron los fondos. El juez añade que «pudiera cuestionarse la necesidad misma de las relaciones contractuales entre el Consorcio y Magno , habida cuenta de que Magno carecía, en principio, de medios con los que prestar servicio alguno mientras que el Consorcio ya contaba con camiones destinados al servicio de recogida de residuos». Uno de los datos más llamativos del caso es que esta empresa tenía su sede en un solar vacío del municipio alicantino de Benferri y no contaba con empleados. Si esto no fuera suficiente, dos de estos camiones fueron vendidos por el Consorcio a Magno «por el irreal precio de 181,50 euros cada uno en marzo de 2019, después de haber concertado, supuestamente, un contrato de arrendamiento que incluía precisamente dos camiones». Es decir, el Consorcio arrendó a Magno a precio de mercado dos camiones que unos días antes le había vendido por una cantidad irrisoria. Por eso el juez insiste «en lo desventajoso de tales acuerdos para el ente público , obligado a costear el mantenimiento y arreglo de la maquinaria, seguros e impuestos y a abonar un sobrecoste que podría resultar superior al millón de euros (cuando pudiera haber adquirido directamente la propiedad de la maquinaria por el importe del arrendamiento financiero)». Para colmo, el magistrado sospecha que ninguno de estos dos camiones prestó el servicio al Consorcio, sino que ambos fueron a parar a una empresa de Puente Genil.

La otra línea de investigación es la del blanqueo. En este apartado explica que Mañas, Ibáñez y sus esposas adquirieron dos fincas rústicas por un precio escriturado de 200.000 euros, «si bien existen indicios de que el precio real satisfecho fue de 530.000 euros», ya que así consta en el contrato privado intervenido por la Policía durante el registro de sus viviendas. Por otra parte, «constan facturas pagadas por Magno Ambiental del Levante a proveedores de productos de servicios agrícolas que se presumen destinados a la explotación de fincas» propiedad de los investigados, a lo que hay que sumar «las incertidumbres que aún general operaciones tales como la adquisición por los cónyuges» de los directivos del Consorcio «de dos inmuebles en la localidad de Torremolinos » a través de la mercantil Promocañete, propiedad de la hija de José Antonio Mañas. Por todo ello, Velasco fija en 787.778,92 euros la cantidad objeto de blanqueo de capitales. Por lo tanto, la responsabilidad total del fraude se cuantifica en 3.467.604,25 euros.

Pero el auto del magistrado alerta de otra cuestión clave que ha trascendido en las últimas diligencias practicadas por la Policía, la «posible realización de movimientos en las referidas cuentas que podrían suponer un exceso respecto de las cantidades de las que en su momento se permitió disponer a los investigados, quienes, por añadidura, podrían haber domiciliado sus nóminas en cuentas distintas a las que no pudo alcanzar el bloqueo en su día ordenado, favoreciendo de esta forma la descapitalización de las cuentas y la disminución injustificada del haber disponible». El aviso de la Policía sobre la permanencia de Mañas como secretario-interventor del Consorcio no sólo se centraba en la posible destrucción de pruebas , sino en la manipulación. El juez cree que Mañas pudo cambiar la cuenta corriente en la que tenía domiciliada su nómina y mandarla a otra para evitar el embargo judicial, de ahí que el instructor haya decidido embargarle todos los bienes y haya solicitado que se rastree todas las cuentas en las que consten los investigados o sus familiares.