La Policía alerta de destrucción de pruebas en el escándalo del reciclaje de Estepa

Los agentes sostienen que estos datos «ponen de manifiesto que José Antonio Mañas continúa en el ejercicio de su cargo de secretario-interventor en dos entidades públicas afectadas por los delitos investigados con el subsiguiente riesgo de reiteración delictiva y de manipulación y/o destrucción de pruebas ». En este oficio enviado por la Policía al juez el pasado 18 de diciembre se especifica también que Mañas compagina su cargo en el Consorcio y la Mancomunidad desde febrero de 2017 y que «durante ese periodo ambos organismos públicos han ordenado pagos a favor de Magno Ambiental del Levante , sociedad participada por el propio José Antonio Mañas y el jefe de la planta de reciclaje, Manuel Ibáñez».

Como adelantó este periódico, ambos están siendo investigados por haber creado esta sociedad instrumental con sede en un solar vacío de Benferri , un pequeño pueblo de Alicante, que a su vez le facturaba al Consorcio que ellos dirigían. La instrucción judicial ha cuantificado el posible fraude en 1,3 millones de euros que los investigados supuestamente blanquearon a través de la compra de olivares, para lo que utilizaron varias cooperativas de la zona. La Policía explica en este nuevo oficio que «en 2016, la Mancomunidad contrató al Consorcio para que éste se encargara de la gestión de la recogida de basura de los municipios mancomunados», concretamente 17, casi todos ellos gobernados por alcaldes del PSOE , partido que siempre ha ostentado la presidencia del organismo. Los agentes añaden que «en virtud de dicho contrato, el Consorcio debía aportar tres camiones nuevos para la recogida de basura» y a cambio la Mancomunidad ingresaba 11.797 euros mensuales. Paralelamente, el Consorcio «subcontrató dicho servicio con Magno por un precio mensual de 10.890 euros». Sin embargo, esta empresa de los dos jefes de la planta de reciclaje «sólo aportó un vehículo y lo hizo un año después de la fecha de inicio del contrato». « El resto de vehículos fueron aportados por la Mancomunidad y el Consorcio , utilizados para recoger la basura de los municipios mancomunados fue transmitida a Magno por tan sólo 181 euros por vehículo», explica el oficio.

Gracias a esta estrategia, Mañas e Ibáñez habrían detraído más de un millón de euros para beneficio personal y habrían articulado una trama para blanquear este dinero, lo que explicaría que tuvieran una caja de seguridad en un banco del Centro de Sevilla en la que guardaban 150.000 euros en distintos fajos etiquetados con fechas. Además, la planta no reciclaba la basura, sino que la enterraba directamente en una balsa sin que los residuos hubiesen sido separados, reduciendo así el coste con el supuesto objetivo de obtener mayores beneficios.

La Policía explica, además, que el actual presidente de la Mancomunidad de la Sierra Sur y alcalde de Villanueva de San Juan, el socialista José Reyes, «ha manifestado durante una declaración en dependencias policiales que a finales de junio participó en una reunión convocada por José Antonio Mañas como secretario-interventor del Consorcio para hablar de la deuda con la Mancomunidad» y que el propio Reyes «ha reconocido que durante dicha reunión tuvo la percepción de que Mañas no actuaba como interventor, sino en representación de Magno », es decir, como empresario. Para la Policía, esta reunión sólo fue « por interés personal y como parte de su estrategia de defensa penal » después de que el interventor fuese detenido en la primera operación en enero. Pero no es el único movimiento que atribuye a Mañas en este sentido. El correo electrónico solicitando información al presidente de la Mancomunidad demuestra que el interventor sigue ejerciendo y que, por tanto, tiene acceso a toda la documentación que le afecta en la investigación judicial, por lo que podría estar beneficiándose de esta posición a la espera de que el Gobierno de España lo aparte, como han solicitado los alcaldes del PP sin suerte por el momento.