El exjuez Serrano: «Seguiré en lucha por salvar España de este Estado corrupto»

En varios comentarios publicados este martes en su perfil de Twitter , recogidos por Europa Press, el exmagistrado pone de manifiesto que, según el CGPJ, «da lo mismo una pena de inhabilitación de 2 o 10 años », ya que, «al estar inhabilitado por un día, según CGPJ, se pierde la condición de juez para siempre, pero Mas en 2 años se puede presentar a elecciones », critica.

«Y además en mi caso por una condena por delito culposo , cuando la ley expresamente dice que ello no supone perder la condición de juez», según lamenta el exmagistrado Francisco Serrano, que extrae como conclusión de todo ello que «para este Estado corrupto es más molesto un juez contrario a la ideología de género que un sedicioso separatista».

Según asevera, «el sedicioso separatista Mas pierde para siempre el cargo de presidente de la Generalitat , pero en 2 años puede acceder a otros puestos».

« Es de vergüenza pero seguiré en lucha por salvar España de este Estado corrupto empeñado en destruirla. Nuestros hijos exigen ese esfuerzo», concluye el exmagistrado.

Cabe recordar que Serrano ha solicitado al ministro de Justicia , Rafael Catalá, el indulto total de la pena de dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público que le impuso el 13 de octubre de 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a cuenta de un delito de prevaricación culposa por alterar el turno de custodia de un menor para que asistiese a una procesión de la Semana Santa de Sevilla.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el exmagistrado solicita el indulto tras conocer que la Comisión Permanente del CGPJ ha rechazado su solicitud de reingresar en la carrera, ya que la pena que le fue impuesta « produjo la privación definitiva del cargo de magistrado», por lo que «que si desea ingresar en la Carrera Judicial lo deberá hacer mediante la superación de cualquiera de los modos de ingreso , como cualquier otro ciudadano».

De este modo, reclama al Gobierno el indulto total respecto de la pena impuesta por el TSJA , que posteriormente fue elevada a diez años de inhabilitación por el Tribunal Supremo en una sentencia anulada por el Constitucional, o, en su defecto, la conmutación por el pago de una multa, todo ello «basado en la excepcionalidad del caso, motivado por el hecho de ser la primera vez» que el Constitucional «restituye a un magistrado a su cargo, anulando una condena por prevaricación judicial».

En este sentido, pide el indulto total al entender que ha actuado en todo momento «de forma legítima al amparo del carácter urgente que dispone el artículo 158 del Código Civil» y dados «los inabarcables perjuicios morales, personales, profesionales, familiares y económicos producidos» a su persona y a su familia, «tanto por la sentencia condenatoria, como por determinar» la Comisión Permanente del CGPJ « el carácter permanente de la inhabilitación para cargo de magistrado-juez».

El exmagistrado considera que la decisión del CGPJ de rechazar su solicitud de reingreso en la carrera judicial «es totalmente contraria a derecho, puesto que aunque la condena haya sido por tiempo de dos años, la realidad es que convierte en indiferente el límite temporal de la pena impuesta , transformándola en una condena a 'cadena perpetua encubierta', puesto que, siguiendo la tesis de la Comisión Permanente del CGPJ, resulta irrelevante haber sido condenado a un mes, o a 50 años ».

Y es que, según asevera, «toman la condena como definitiva, sin límite temporal, contraviniendo de forma clara derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, el honor y la tutela judicial efectiva, diversos principios generales del Derecho y varios derechos como el derecho a la reinserción social ».

«Independientemente de esta petición de indulto», desde el Bufete Gavidia, que representa al exjuez , se ha presentado un segundo escrito en el que se solicita al Tribunal Constitucional que se adopten las medidas de ejecución necesarias para que se cumpla su sentencia en el sentido de ser reestablecidos sus derechos como juez y sea declarada la nulidad de la resolución de la Comisión Permanente del Consejo General

del Poder Judicial, pues esta resolución «deja sin sentido» la resolución del Tribunal Constitucional .