El exjuez Francisco Serrano pide el indulto para poder recuperar la toga

En el escrito al que ha tenido acceso ABC, la defensa de Serrano, que dirige el Bufete Gavidia , hace un repaso a las actuaciones que llevaron a la inhabilitación del juez y sigue defendiendo que su cliente acordó modificar el régimen de visitas de un menor para que pudiera salir en una cofradía de la Semana Santa , cumpliendo con el deseo del niño. Esa modificación alteró las medidas que había fijado un juzgado de violencia de género. No se arrepiente por tanto de aquella decisión.

Además arremete contra la decisión de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que acordó expulsarlo de la carrera judicial, desestimando su petición de rehabilitación en el cargo . Desde el Consejo sostienen que la pena de inhabilitación especial que impuso el TSJA conlleva la perdida definitiva del cargo; mientras que Francisco Serrano mantiene que fue sentenciado a dos años de inhabilitación y que ese tiempo se ha cumplido con creces.

«Siguiendo la tesis de la comisión permanente resulta irrelevante haber sido condenado a un mes o a cincuenta años, puesto que toman la condena como definitiva, sin límite temporal, contraviniendo de forma clara derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, el honor y la tutela judicial», señala un comunicado emitido por el bufete Gavidia.

En la petición de indulto, Francisco Serrano también solicita que la medida de gracia se extienda a la pena de multa de 4.000 euros que abonó a la demandante, madre del menor, y que ésta le restituya las cantidades que le ha entregado. «Como quedó acreditado, todos los comentarios vertidos en los diferentes medios de comunicación fueron vertidos por persona ajena a este demandante de indulto», quien no se responsabiliza de los daños morales que fijó y cuantificó el TSJA.

Además de la vía del indulto, la defensa del exjuez ha elevado su caso al Tribunal Constitucional, otra vez. Ha presentado un incidente de ejecución para que «se garantice el pleno cumplimiento» de la sentencia dictada por ese órgano en octubre pasado y así desactive la decisión del Consejo. Dicho fallo judicial supuso la anulación de la sentencia del Tribunal Supremo, que había elevado de dos a diez años la inhabilitación al exjuez.

Tras el fallo del Constitucional, el TSJA confirmó que el 27 de agosto de 2013 la condena había quedado liquidada. «Desde entonces, mi mandante es víctima de una inhabilitación indebida para su oficio como magistrado-juez. El mero hecho de estar apartado de la profesión a la que dedicó su vocación y su vida, le ha conllevado un perjuicio moral y personal sin parangón».