El código ético del PSOE, papel mojado para los alcaldes de la provincia de Sevilla

El juez de refuerzo de Instrucción 6, José Ignacio Vilaplana , dictó el auto que afecta a Martín el 14 de enero de 2020 por las subvenciones de la Junta a un grupo de empresas vinculadas al corcho y al que fuera alcalde socialista de Cazalla de la Sierra, Ángel Rodríguez de la Borbolla: Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera. Estas sociedades recibieron ayudas por parte de la Dirección General de Trabajo de más de ocho millones de euros .

El magistrado que está cubriendo la baja de la juez Núñez Bolaños decidió abrir juicio oral por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos contra un total de seis investigados, entre ellos Rodríguez de la Borbolla y el actual alcalde de Cazalla, Sotero Martín, y contra las empresas referidas y una entidad bancaria en calidad de responsables civiles subsidiarios. Para Martín, la Fiscalía solicita además seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta.

El alcalde de Cazalla alega que «por los mismos hechos ya existe un auto de noviembre de 2018 de sobreseimiento» de la investigación, en alusión al auto dictado entonces por la juez María Núñez Bolaños, principal instructora de la causa de los ERE, quien señaló que aunque Sotero Martín ostentó «durante algún tiempo el cargo de consejero» en Cortansa, la dirección de la sociedad y del resto de empresas investigadas con relación al sector del corcho así como «el mando o la capacidad decisiva» de las mismas recaían «directamente» sobre Ángel Rodríguez de la Borbolla.

En esta línea de defensa, el socialista cazallero insiste en que es «totalmente desacertado, por la falta de certeza, el informe de la UCO porque nunca interrogó» y de ahí «emanan todos los indicios de acusación» en su contra. Por eso considera que hay «bases para garantizar una defensa que demuestre» su inocencia. Y basándose en estos argumentos decidió no dimitir a pesar de que el código ético del PSOE se lo impone en su punto 5.2, que dice que «cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria». Además, en caso de no hacerlo, «será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido». Por lo tanto, Sotero Martín tenía que haber dimitido, como le exigió la oposición, y centrarse en su defensa, ya que la normativa interna del partido también aclara que «en caso de que un cargo público u orgánico resultara absuelto por sentencia firme de los delitos que se le imputaban en un procedimiento penal, el partido se compromete a adoptar las medidas necesarias para restablecer el buen nombre y el honor de la persona absuelta».

Pero ni en el caso de Bormujos ni en el de Cazalla de la Sierra el PSOE de Sevilla ha tomado medidas, por lo que la secretaria general de la provincia, Verónica Pérez , ha convertido el código ético en papel mojado. Y también es llamativo el rol de otro partido, Ciudadanos , en ambos casos. En Cazalla pide la dimisión inmediata del alcalde porque su situación judicial le impide seguir. En Bormujos, gobierna en coalición con el procesado.