El alcalde de Bormujos ocultó que está procesado para poder ser candidato del PSOE
Francisco Molina sabía desde dos meses antes de los comicios que se sentará en el banquillo, lo que vulnera el código ético de su partido
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Iniciar sesiónLos cargos del PSOE deberán dimitir en caso de estar implicados en un procedimiento penal en el momento de la apertura del juicio oral. Esto es lo que dice el código ético del partido , que el actual alcalde de Bormujos, Francisco Molina ... , se saltó ocultando su situación procesal para poder presentarse como candidato a las elecciones municipales del 28 de mayo de 2019. Molina sabía concretamente desde el 20 de marzo, dos meses antes de los comicios, que el juzgado de instrucción número 4 de Sevilla había abierto juicio oral contra él y contra su concejal de Obras, María del Carmen Garfia , por delitos de prevaricación y tráfico de influencias relacionados con la construcción de una nave que se adjudicó a una empresa contraviniendo la orden del interventor, que rechazó dicha adjudicación. El alcalde siguió adelante con ella y el PP llevó el caso a la Fiscalía en 2016, pero no se personó en la causa, en la que sólo ha actuado el Ministerio Público. El caso cayó en saco roto y a pesar de que la Policía se personó en el Ayuntamiento para recabar documentación y de que el juez Álvaro Martín tomó declaración al interventor y a la secretaria en calidad de testigos, y al propio alcalde y su delegada como investigados, todo se ocultó.
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En el municipio muchos pensaron que había sido una queja de la oposición que no había ido a mayores, pero el juzgado seguía instruyendo y el 20 de marzo de 2019 emitió un auto dictando la apertura de juicio oral contra ambos socialistas, que no comunicaron su situación a nadie y continuaron adelante con la campaña electoral en contra de las normas de su propio partido, que impide mantenerse como cargo público si se está implicado en una investigación penal y se ha decretado la celebración de juicio. Ahora este periódico ha tenido acceso a ese auto judicial que sentará en el banquillo al regidor socialista.
Una denuncia del PP
Este caso concreto tiene su origen en la denuncia formulada por el PP ante la Fiscalía en mayo de 2016 tras tener conocimiento de que el expediente municipal sobre las obras de adecuación del patio de la nave municipal de la Delegación de Obras había sido rechazado por el interventor por considerar ilegal el procedimiento que se siguió para la ejecución de la obra. El habilitado nacional denunciaba en un escrito que se había generado un sobrecoste de 14.716 euros a partir de la baremación realizada por el arquitecto municipal. La ley obliga a que este tipo de proyectos los redacten técnicos del Ayuntamiento, pero el acalde y su delegada externalizaron el contrato sin que ni siquiera constase ninguna resolución sobre la conveniencia de ejecutar estas obras.
El código ético del partido: «Cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento del auto»
Además, se diseñó un trabajo que excedía la altura permitida y no se llevó a cabo ningún concurso para presentar ofertas económicas. En consecuencia, la secretaria municipal hizo un informe aclarando que la obra se llegó a realizar de manera íntegra sin autorización expresa y contraviniendo las disposiciones urbanísticas , por lo que ordenó la demolición de la nueva nave después de 90.000 euros invertidos.
Una de las claves del caso es que el alcalde y la delegada de Obras
adjudicaron por vía directa el contrato a una empresa del pueblo cuyos responsables están también acusados de tráfico de influencias . En primer lugar, la empresa fue contratada para cubrir bajas en la Delegación, cosa que tampoco está permitida, y hasta para regular el tráfico en la entrada de los colegios, pero luego se negoció directamente con sus propietarios la obra de la citada nave saltándose todos los procedimientos. Por si esto no fuera suficiente, además quebrantaron el Plan General de Ordenación Urbana superando la altura permitida en Bormujos para construir, lo que provocó la orden de demolición .
El juez de instrucción número 4 emitió el auto contra el alcalde el 20 de marzo de 2019, dos meses antes de las elecciones, pero Molina no lo comunicó
Desde entonces, el caso ha estado en el juzgado de instrucción número 4 de Sevilla sin que los miembros del gobierno municipal de este municipio del Aljarafe hayan dado parte al partido ni a la Corporación, a pesar de que fueron imputados desde el comienzo del proceso . Al estar presente en las diligencias sólo la Fiscalía, esta investigación no saltó a los medios y esto permitió al alcalde volver a presentarse a las elecciones , cosa que no habría podido hacer si se hubiese conocido su situación cuando fue designado de nuevo candidato por el PSOE.
El punto 5 del «Código Ético del PSOE» , denominado «Actuación en caso de implicación en procedimientos judiciales», recoge literalmente que «todo candidato o cargo público del PSOE, antes de acceder al ejercicio de cualquier responsabilidad, deberá firmar una declaración en la que afirme no haber incurrido en delito alguno ligado a corrupción , violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves». Además, «cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido». Francisco Molina no sólo no dimitió, sino que no comunicó nada al partido, por lo que tampoco pudo ser suspendido cautelarmente y eso le permitió salir elegido como alcalde.
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