El PSOE se salta su código ético y mantiene en el cargo al alcalde de Bormujos

El Código Ético del partido vigente en estos momentos recoge en su punto 5.2 que «cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido». Molina tendría que haber dimitido en la fecha en la que se dictó el auto que le procesaba, es decir, en marzo. Y en el caso de que se aceptase como fecha correcta la que dice el PSOE ahora, el 27 de septiembre, tendría que haberlo hecho entonces. Pero no lo hizo en ningún caso y el partido tampoco lo suspendió de militancia.

Este periódico preguntó ayer también por esta cuestión y las fuentes de la dirección provincial alegaron que el artículo 427 del código ético, sobre la apertura del juicio oral en delitos que suponen la dimisión, sostiene que «la apertura del juicio oral que supone la dimisión del cargo ha de referirse a delitos ligados a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexual, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves». Las mismas fuentes socialistas defienden que «la parte del caso que judicialmente sigue viva es por prevaricación administrativa», por lo que no sería necesario tomar medidas contra el alcalde.

Sin embargo, el auto de apertura de juicio oral no dice eso. Lo que explica el juez es que Molina y su delegada de Obras, María del Carmen Garfia , será procesados por prevaricación y tráfico de influencias junto con los empresarios que se beneficiaron de su decisión política para construir una nave municipal sin seguir ningún procedimiento. La Fiscalía sostiene que se saltaron toda la normativa, construyendo incluso a una altura superior a la permitida por el Plan General de Ordenación Urbana, en contra de los numerosos avisos del interventor y la secretaria del Ayuntamiento, que finalmente tuvieron que ordenar la demolición de esta nave. Además, pagaron a la empresa beneficiaria, que solía recibir contratos municipales de todo tipo, un precio por encima de mercado sin celebrar proceso de licitación. Para el PSOE esto es una mera «prevaricación administrativa» y no implica la dimisión del alcalde ni su suspensión de militancia, aunque en primer término el partido alegó que la fecha en la que tenía que aplicarse el código ético era septiembre y que, por tanto, podía presentarse a las elecciones. En definitiva, Molina seguirá gracias al apoyo de Ciudadanos.