Caso Marismas: La Fiscalía cerca al diputado del PSOE Sánchez Teruel por el fraude millonario a fondos europeos

El juez instructor del llamado caso Marismas, que investiga el posible amaño del concurso que organizó la Junta de Andalucía para modernizar las infraestructuras de regadíos, había dejado sin efecto la citación como investigado de Sánchez Teruel, uno de los barones de la expresidenta Susana Díaz , porque, en su condición de parlamentario, goza de aforamiento. La Fiscalía ha pedido que se estime el recurso de apelación interpuesto por la acusación ejercida por el PP andaluz ante la Audiencia de Sevilla para que sea revocada dicha decisión y que el político almeriense sea citado en el procedimiento.

En un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla el 27 de abril pasado, al que ha accedido ABC, el Ministerio Público argumenta que «existen elementos que permiten atribuir» al que fuera director general de Regadíos «cierta participación en ellos que es necesario esclarecer». En concreto, recuerda que desde la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir, que se ha adherido al recurso del PP-A, declararon que «se recibieron presiones» por parte del hoy diputado socialista «para elegir cierta unión temporal de empresas (UTE) bajo la amenaza de no poder llegar a concluir la obra».

En un atestado unido al sumario, la Guardia Civil sostiene que la Junta de Andalucía presionó para amañar el concurso que adjudicó el proyecto a la empresa Befesa e indujo a que las certificaciones se inflaran con el objeto de que no se perdieran los fondos europeos . El primer gerente de la UTE que realizó las obras declaró a los agentes que se pagaron casi nueve millones de euros en una primera certificación sin que se hubiera puesto un solo ladrillo. «Se realizó una operación para enmascarar tres millones de euros en una certificación, metiendo 1,5 como acopio de materiales y el resto como avales», todo ello siguiendo las instrucciones de Sánchez Teruel, manifestó este testigo.

« Entendemos que no existe motivo alguno para retrasar dicha declaración , sin perjuicio del resultado que pueda tener y de las conclusiones a que se pueda llegar» al término de la instrucción, asevera la Fiscalía en su escrito, que ha sido remitido por el Juzgado a la Audiencia Provincial de Sevilla para que resuelva el recurso.

El PP impugnó el auto dictado por el juez el pasado 20 de octubre que dejaba sin efecto la citación judicial de Sánchez Teruel acordada el 6 de noviembre de 2019. Esta acusación solicitó que se procediera a «la citación de José Luis Sánchez Teruel a fin de que sea instruido de los derechos que le asisten , dada su condición de investigado en la presente causa». El líder almeriense ha sido uno de los principales apoyos de la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, en las primarias para elegir al candidato a la Junta.

El letrado de esta acusación considera que aplazar la citación del diputado vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías, el derecho a la información en los procesos penales, el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en la Constitución Española y el artículo 118 bis en relación con el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dicho precepto establece expresamente que « el juez debe actuar sin demora justificada , estableciendo el artículo 118 bis que de igual manera se hará cuando la personas sea aforada, como es el caso de Sánchez Teruel. Por tanto, en su recurso presentado el 6 de noviembre pasado, el PP ha pedido que se ordene al juzgado su «inmediata citación».

A dicha petición se ha sumado la citada comunidad de regantes. En su escrito dirigido al juzgado, esta entidad expone que la Guardia Civil le atribuye al diputado delitos de tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude y exacciones, coacciones por su participación en el supuesto amaño.