Acuerdo «in extremis» entre el Ayuntamiento de Sevilla y Mercasa

Los representantes de Mercasa se han presentado en el consejo a primera hora de la mañana con un documento que exigía garantías por parte del Ayuntamiento para la devolución de su aportación si Mercasevilla no continúa dentro de tres años. Los servicios jurídicos municipales han puesto en duda este documento porque podría suponer un escollo ante el juez, ya que el magistrado que dirime el concurso de acreedores podría no dar por válido el convenio de pago al existir condiciones por parte de uno de los pagadores.

Esta situación ha provocado que en un momento determinado del debate, la presidenta de la lonja, Carmen Castreño, haya amagado por aplicar en plan de viabilidad alternativo que había elaborado el gobierno municipal sin Mercasa como socio de la empresa. La tensión ha sido alta ante el rentoy de la presidenta, pero finalmente todas las partes se han avenido a firmar el acuerdo propuesto por los fedatarios públicos, que rechazaban las condiciones del Estado para evitar el rechazo del juzgado.

Lo que a última hora se ha acordado es que Mercasa no puede poner condiciones en el convenio de acreedores, pero sí puede constar como accionista, no como compromitente . La diferencia es estrictamente jurídica, pero el holding estatal de mercados de abastos entiende que con esta medida se reserva la posibilidad de exigir al Ayuntamiento la devolución de los 10,3 millones de euros que tiene que pagar ahora para liquidar su parte de la deuda en caso de que Mercasevilla se extinga en 2021.

Además, Mercasa ha obligado a incluir en el expediente las hojas registrales que demuestran que los suelos del mercado central pertenecen a la sociedad y no al Ayuntamiento, institución a la que revertirán sólo en caso de que Mercasevilla se disuelva.