María Jesús Montero cambia de criterio: Sevilla deberá pagar 10 millones por las naves de Hytasa

Aquella promesa, rubricada con un «protocolo de intenciones» durante una fastuosa exposición que protagonizaron ambos socialistas antes de un cóctel al que se invitaron a posibles inversores interesados en el proyecto, queda ahora en agua de borrajas: el Ministerio que capitanea María Jesús Montero no sólo no acepta venderle los suelos a Sevilla por la cantidad marcada por unos técnicos independientes, sino que exige más del doble del precio de la tasación que le han presentado. Así, mientras que Emvisesa encargó a los técnicos un informe sobre el valor de esta extinta factoría, el Ministerio decide rechazarlo porque «en definitiva, no es posible estimar el valor que alcanzaría». La parte municipal que ha supervisado esta negociación con el Estado no alberga dudas sobre el propósito del Ministerio de Hacienda: «Los suelos se van a vender al mejor postor», dicen.

Esta postura es absolutamente contradictoria con el protocolo de intenciones firmado por María Jesús Montero y Antonio Muñoz en noviembre de 2022, donde no se hacía mención a la cantidad económica pretendida por el Ministerio de Hacienda y, sólo al final de su exposición, se hacía constar que «se ajustaría en base a un informe de tasación». Aquel acuerdo entre la propietaria de los terrenos y la ciudad de Sevilla se firmó y renovó durante la última etapa socialista al frente del gobierno municipal. Una vez extinguido ese acuerdo entre ambas partes, el pasado mes de mayo hubo una reunión en el Ayuntamiento de Sevilla, a petición del gobierno municipal, con los representantes de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa), no para extender ese «protocolo de intenciones» suscrito entre socialistas, sino para presentar una oferta de compra de las dos fincas registrales ubicadas en el Polígono Industrial Hytasa, junto a El Cerro del Águila.

La oferta presentada por el Ayuntamiento de Sevilla, justificada en un informe de valoración y tasación realizado por el área técnica de Emvisesa, fue de 4,7 millones de euros, cantidad que debería verse reducida «por compensación en el precio de venta con las obligaciones de pago a cargo de la propiedad derivadas del citado Convenio Urbanístico». Fue el pasado 10 de julio cuando Emvisesa recibió respuesta a dicha oferta, rechazada porque dicha cantidad «contrasta con la que arroja un primer borrador de valoración externa recibido recientemente para estas parcelas, en el marco de lo previsto en el Plan de Comercialización de Inmuebles de Segipsa, que apunta a un valor que supera los 10 millones de euros. Si bien, este documento tiene pendiente la revisión de los parámetros empleados en la determinación de valores».

Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda exige una cantidad que duplica la valoración de los técnicos municipales, cuya plusvalía ascendería a 5,3 millones de euros por unos terrenos que, tal y como señalaron en un principio Segipsa y Emvisesa, sociedades mercantiles de titularidad pública –una estatal y la otra local–, servirían para «poner en valor y optimizar las posibilidades de dichos terrenos (...) para el desarrollo de actuaciones de vivienda pública». En aquella ocasión, Montero y Muñoz presentaron un «ambicioso proyecto residencial, empresarial y de espacios libres y equipamientos» con el que prometían poner fin a los veinticinco años de abandono de estas dos fincas de titularidad estatal y casi 70.000 metros cuadrados. Según el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, aquello era «una gran alianza público-privada».

Lo cierto es que esa «gran alianza» no pasó de un protocolo de intenciones con una fecha de caducidad de seis meses, más otro semestre prorrogable, por el que Sevilla podría ofrecer los terrenos a inversores, mientras comenzaba el plan de reurbanización del entorno. Un proyecto importante para la ciudad de Sevilla, por cuanto representa para la ampliación de este polo de la ciudad, así como el derribo del histórico muro que aislaba al Polígono Sur. De momento, el Ayuntamiento asume que no podrá alcanzar la cifra puesta por el Ministerio de Hacienda, quien además de no vender los terrenos tampoco consigue darle algún tipo de uso a las antiguas factorías de Hytasa, en desuso desde hace más de veinticinco años.