El final del caso de las oposiciones de la Policía Local de Sevilla se frena: los recursos que vendrán

Esta semana se han conocido dos autos de la juez Nuria Marín. De un lado, rechazó todos los incidentes de ejecución interpuestos por las dos defensas que representan los intereses procesales de los agentes afectados; el abogado del Ayuntamiento y el letrado del opositor que denunció los amaños.

Todos querían que se acordase que el fallo es inejecutable. Unos por unos argumentos y otros, por otros. El tiempo transcurrido, la economía de los afectados, el entramado administrativo que suponía la anulación de ascensos o permutas, el coste económico para las arcas municipales o la seguridad de la ciudad. Los dos últimos motivos eran los principales expuestos por la Administración local. A éstos añadía que el propio denunciante también solicitaba la inejecución, lo que ha sido desestimado expresamente por la juez, pues éste mismo solicitó en su día la ejecución forzosa del fallo.

De otro lado, la juez, en un segundo auto, aborda la resolución de julio del director general de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla en el que se establecía, en aras de acatar la sentencia, el procedimiento a seguir para repetir las oposiciones, fijaba un día (30 de septiembre) y una hora, los aspirantes que se podían presentar, el tribunal, las pruebas que se admitían del proceso selectivo de 2012, etc.

Esa resolución fue impugnada por los abogados de los policías y por el opositor denunciante. Y entretanto el Ayuntamiento, con el nuevo gobierno del PP ya mandando en el Consistorio, decidió cambiar su posición y pasó de admitir que tendría que cesar a los 44 agentes a pedir que no ejecutara la sentencia.

La magistrada, en su segundo auto, acuerda anular la resolución del director general de Recursos Humanos del Ayuntamiento del pasado mes de julio en lo concerniente a varios puntos, como el tribunal, las pruebas que se guardan o los aspirantes. Además, en la misma resolución, a la que ha tenido acceso ABC, insta al Ayuntamiento a señalar nuevo día y hora para la realización del ejercicio práctico del proceso selectivo. Es decir, «proceder a la ejecución de la sentencia de conformidad con el fallo».

Los dos autos son recurribles en apelación. Antonio Romero, que defiende a un grupo de más de treinta agentes, llevará el asunto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Previsiblemente, también lo hará Javier Carnerero, el abogado de otro grupo de agentes salpicados. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ya conoció de este asunto, no se pronunció expresamente sobre la ejecución o inejecución de la misma, pero sí apuntó que el fallo era ejecutable.

Y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que ha reaccionado este miércoles públicamente a las dos últimas decisiones de la juez, ha anunciado que los servicios jurídicos están estudiando las resoluciones de la juez y si se pueden recurrir, recurrirán. Esto es, lo harán. En esta misma intervención el alcalde ha asegurado: «No nos gustan la sentencia». ¿El motivo? De nuevo insiste en el problema de seguridad que generaría en la ciudad no contar con casi medio centenar de agentes, aunque algunos de éstos están de baja.

Los plazos para presentar los recursos concluyen a finales de este mes. Mientras tanto la sentencia no puede ejecutar. No se puede descartar que el asunto llegue de nuevo al Tribunal Supremo. El tiempo corre. Una vez interpuestos los recursos, las partes deberán ser llamadas a personarse en el Alto Tribunal andaluz. Hay que tener en cuenta que desde el 22 de diciembre al 8 de enero es inhábil, a lo que hay que sumarle el festivo de la Inmaculada. Algunas fuentes personadas auguran que habrá que esperar a la primavera para una resolución definitiva.