Una familia marroquí vive hacinada en un cuarto de alquiler tras echarlos de su casa en Torreblanca unos 'inquiokupas'

Donia Ftiouach vive ahora junto a toda su familia (marido y dos hijos de 2 y 11 años) en una pequeña habitación en Alcalá de Guadaíra. Es lo máximo que pueden permitirse mientras siguen pagando la hipoteca de la casa 'okupada'. Las imágenes de la habitación, sin espacio entre los dos colchones y la cuna, y con las paredes impregnadas de humedades, demuestran la situación de hacinamiento en la que viven.

Esta familia se ha puesto en contacto con la Plataforma de Afectados por la Ocupación, entidad que pone el grito en el cielo tras la prórroga del decreto antidesahucios y lanzamientos de vivienda para personas y familias vulnerables. Según la norma del Gobierno de Pedro Sánchez, esta familia marroquí es menos vulnerable que los 'inquiokupas' que le han usurpado la vivienda, pese a que cuentan a su favor desde hace más de dos años con una resolución judicial en la que se acuerda la devolución de la vivienda y el abono de la cantidad adeudada, mas los intereses y las costas. Pese a ello, estos 'inquiokupas' no abandonan el domicilio.

El primer juicio verbal de desahucio por falta de pago y de reclamación de renta entre la familia propietaria de esta vivienda en Torreblanca y los 'inquiokupas' fue en noviembre de 2022, cuando se estimó el desalojo (evitado gracias al decreto sanchista) y la condena al pago de las rentas impagadas (por entonces de 2.610 euros). Después, en el juicio de desahucio celebrado en noviembre de 2023 en el Juzgado de Primera Instancia número 16 de Sevilla se acordó que los 'inquiokupas' abandonarían el domicilio de manera «voluntaria» antes del 30 de abril del 2024, compromiso que tampoco cumplieron pues, casi cuatro años después del comienzo de los impagos, los arrendatarios siguen 'okupando' esta vivienda de la calle Maestro Tejera.

La entrada en vigor del nuevo decreto social acordado por Pedro Sánchez con sus socios de Gobierno impedirá todo tipo de desahucios a cualquier unidad familiar vulnerable, con independencia de que sea por problemas económicos sobrevenidos o de que se trate de 'inquiokupas' profesionales de las trampas. Tal y como explica a este periódico Pilar Martínez, portavoz de la plataforma de afectados, la aprobación del decreto antidesahucios durante los primeros meses la pandemia «disparó» las 'inquiokupaciones', pues esta medida «fomenta la okupación de viviendas, causa un grave perjuicio a los afectados y genera una enorme preocupación a la ciudadanía ante la impunidad de unos okupas que no se enfrentan a medidas legislativas que les pongan freno».

La Plataforma de Afectados por la Ocupación, según expone su portavoz a este periódico, no se opone a la existencia de medidas legislativas que eviten los desahucios de familias vulnerables, aunque exigen que sea el Gobierno quien disponga de recursos habitacionales u ofrezca ayudas económicas para evitar que estas familias sean desahuciadas. Pilar Martínez señala que las principales «víctimas» son los propietarios de unas viviendas que, en buena parte gracias a los decretos antidesahucios que acordó Sánchez con la izquierda radical, no se pueden recuperar por tratarse estos 'inquiokupas' de personas «con la etiqueta de vulnerables».

Aunque la entrada en vigor de esta medida fue catalogada por PSOE, Podemos y los agentes sociales como un gran avance para los inquilinos vulnerables y contra la especulación, desde la Plataforma de Afectados Contra la Ocupación no tienen duda de que fue el germen de la figura actualmente conocida como 'inquiokupas', que «dilapida» la salud y la economía de muchas familias de clase media-baja que «lejos de incluirse en el concepto de rentista o especuladores» tienen que asumir la 'okupación' de «falsos vulnerables», pagarles los suministros y asumir los habituales destrozos de sus propiedades. «Que nadie se olvide de que son las verdaderas víctimas de esta situación», señala Pilar Martínez.