El Ayuntamiento de Sevilla ya puede declarar barrios saturados para frenar las licencias de pisos turísticos

Ese será el primer paso que dé Sevilla, tal como se desprende del decreto que ha analizado ABC. El Consistorio ya dispone de una modificación puntual del PGOU, que culminó el anterior equipo de Gobierno, pero es necesario adaptar la nueva terminología. Como poco, ese trámite llevará entre seis y diez meses. No obstante, ya cuenta con una herramienta legal para poder trabajar. Y el primer punto será definir muy bien esas zonas saturadas como pueden ser el barrio de Santa Cruz, la Alfalfa, el Arenal o incluso todo el Casco Histórico.

El decreto habla de 'sectores', un término lo suficientemente amplio como para abarcar incluso a un distrito. Lo que hay que establecer son los límites, cuál es el número máximo de alojamientos turísticos para declarar una zona saturada. Ese es otro de los retos que tiene pendiente la Gerencia de Urbanismo y para lo que necesitará de la orientación de la Consejería de Turismo, que seguirá ostentando las competencias para conceder licencias, pero con el beneplácito de los ayuntamientos.

Otra de las cuestiones que aclara el decreto es que «no tendrá carácter retroactivo». Eso significa que ninguna de las altas que se han concedido se podrán revertir, salvo que incurran en incumplimientos. Para ello hay que establecer un régimen sancionador que será acordado, igualmente, con el Gobierno andaluz. Es decir, dar la posibilidad de que un propietario pierda la licencia si incumple las normas o es reincidente. Así se ha decidido para las licencias de veladores en la nueva ordenanza de la hostelería y se puede hacer algo similar para regular este tipo de alojamientos.

Actualmente figuran 8.822 pisos turísticos en el Registro de la Consejería que están situados en la capital andaluza. Todos ellos suman un total de 43.184 camas, que superan en 10.000 la capacidad de la planta hotelera y la de apartamentos turísticos de la ciudad (tienen un total de 33.700 plazas). De hecho, en el último mes, cuando se iba acercando la fecha de aprobación comprometida por la Junta para dar curso a la regulación, el número de licencias se ha disparado, sumando 200 más en sólo un mes y medio. El decreto, de entrada, no puede reducir este número, únicamente encontrar vías para impedir que vayan a más.

Sevilla ya tiene camino avanzado, pues, además de la norma andaluza aprobada que dota al Consistorio de competencias, dispone de la mencionada modificación puntual del PGOU que se hizo en abril de 2022. Este trámite, que además está avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que emitió una sentencia dando la razón al Ayuntamiento el pasado diciembre, ya reconocía que estos pisos no tienen uso residencial sino terciario y que las ciudades pueden regular su actividad. Eso es lo que viene a reforzar el decreto, que los contempla como alojamiento, no como vivienda y, por tanto, tienen las mismas obligaciones que otros negocios del sector. También habilita a las administraciones a establecer nuevas tasas y obligaciones fiscales.

Otro paso que tiene la ciudad avanzado es la consulta ciudadana que se hizo en noviembre y que recibió más de 600 propuestas validadas, cuyas conclusiones se han incluido en un informe con el que trabaja la Gerencia de Urbanismo. Esas medidas que piden tanto residentes en la ciudad como empresas del sector serán analizadas por si tuvieran alguna cabida en la futura ordenanza que habrá que elaborar. Con todo, la limitación de los pisos turísticos se tendrá que argumentar mucho para evitar recursos judiciales.

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