La Justicia avala la limitación de los pisos turísticos en Sevilla

Se da la casualidad de que esta misma sala del TSJA es la que también tiene que pronunciarse sobre el recurso interpuesto por el propio Gobierno andaluz contra la regulación municipal que llevaron a cabo Juan Espadas y Antonio Muñoz por invadir competencias. Ese procedimiento todavía está pendiente de sentencia.

El fallo judicial, que no es firme, justifica plenamente que los pisos turísticos sean considerados como un negocio y no como una segunda residencia. También argumenta que el acuerdo del Pleno «está sobradamente motivado y que obedece a fines legítimos de estructuración urbanística y de servicio a los intereses generales de los ciudadanos, evitando perjudicar en la medida de lo posible los particulares de quienes explotan las viviendas turísticas».

Actualmente la ciudad dispone de 8.605 viviendas con fines turísticos con 42.090 camas, según el último del Registro de la Consejería. La cifra supera con creces a la del resto de modalidades. Las plazas en hoteles suman 25.683 y las de apartamentos son 8.089. La suma de ambos es de 33.772, casi 9.000 menos.

Esta regulación municipal fue anunciada en 2018 cuando el fenómeno comenzó a desbordarse, pero no se hizo efectiva hasta cuatro años después y, además, no se puede aplicar con carácter retroactivo. Eso significa que sólo afecta a las nuevas licencias, no a las que se concedieron antes de su entrada en vigor. Y no son pocas. La zona con la mayor expansión es el Casco Histórico, donde dos de cada diez pisos se destinan a este fin. Le siguen Triana y Nervión, aunque en menos medida, como recoge un estudio de Emvisesa realizado para analizar tal actividad. Eso ha tensado hasta lo imposible el mercado de alquiler, que hoy es completamente inaccesible para rentas bajas y medias en esta parte de la ciudad.

La enorme tardanza de la administración local para poner coto al boom de viviendas turísticas fue aprovechada por muchos propietarios para inscribir sus pisos en el Registro de Turismo, aunque no los destinaran a ese fin. Ocurrió durante la pandemia, cuando no había viajeros y se pasaron al mercado tradicional de alquiler. Eso fue posible porque la Consejería no exige una actividad continua, ni siquiera pide que se le informe si el piso se deja de utilizar como alojamiento.

Otro de los escollos con los que se han encontrado las ciudades para regular este boom es la falta de colaboración de la Junta, que es la que tiene las competencias sobre los alojamientos turísticos. Fue hace sólo un año cuando se propuso la necesidad de crear una herramienta de control para este tipo de alojamientos que ejercen una dura competencia desleal hacia el resto de los negocios del sector. De hecho, hoteles y apartamentos turísticos vienen pidiendo de forma reiterada que todos jueguen con las mismas condiciones. Ese ha sido el caballo de batalla durante los últimos años de la Asociación de Hoteles de la Provincia de Sevilla, que dio la voz de alarma por el volumen que ha adquirido. También se han mostrado en contra los apartamientos turísticos, que tienen unas condiciones y una fiscalidad similar a la de los hoteles.

El equipo de gobierno de José Luis Sanz también ha prometido mano dura contra la proliferación de pisos turísticos. Su principal arma será el decreto que la Junta ya ha redactado y que quiere aprobar antes de que termine el año. Esa norma legal lo dota de las competencias necesarias para actuar contra los incumplidores y regular este fenómeno.

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El plan del alcalde pasa por ocho puntos que son la creación de una mesa de control de esta actividad, enviar los expedientes disciplinarios que se instruyan para que se proceda a cancelar sus inscripciones en registro de la Consejería, abrir expedientes disciplinarios a aquellas viviendas cuya licencia sea cancelada, pedir al Colegio de Administradores de Fincas que faciliten las denuncias más recurrentes de las que tengan conocimiento por parte de las comunidades de propietarios, dar cuenta al Servicio de Protección Ambiental para que intensifiquen las inspecciones por ruidos, perseverar con la Policía Turística en las inspecciones de los pisos ilegales en los que ya se han realizado suspensiones de uso, cursar a la Delegación de Turismo todas aquellas declaraciones responsables de ocupación cuyo objeto sea viviendas con fines turísticos a efectos de que se proceda a su descalificación en el registro autonómico y, finalmente, cruzar denuncias con la Delegación de Turismo de los pisos ilegales de los que se tenga conocimiento a efectos de su control por ambas administraciones.