El portavoz del Gobierno popular del Ayuntamiento de Sevilla, el concejal Juan Bueno, ha asegurado este viernes que la institución municipal analizará el sumario de la investigación promovida sobre el arrendamiento y posterior venta de una parcela de Emvisesa en Pino Montano a Olga Pérez, ... mujer del socialista Rafael Pineda, quien fuera hasta hace unas semanas jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía y alto cargo municipal en los gobiernos del que fuera alcalde por el PSOE Alfredo Sánchez Monteseirín.
En concreto, en la tradicional rueda de prensa de cada viernes para informar sobre los acuerdos de la reunión semanal de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno exponía aspectos sobre la nueva visita de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) a las dependencias de Emvisesa, para recabar el expediente completo relativo a dicha parcela, ubicada junto a la parte comercial del Higuerón.
Los investigadores, que aún no han completado su informe al Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla, hicieron acopio de todos los documentos desde que se abrió el expediente administrativo el 1 de julio hasta su enajenación definitiva en 2024. En principio, la investigación abordaría hechos que podrían constituir delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, sin que Rafael Pineda figure en la condición de investigado.
Juan Bueno ha recalcado que esta investigación es «consecuencia de actuaciones del Gobierno anterior» de los exalcaldes socialistas Antonio Muñoz, otrora responsable de Urbanismo, y Juan Espadas; agregando que el Ayuntamiento, gobernado actualmente por el popular José Luis Sanz, está prestando «absoluta colaboración» con los investigadores.
«Volvieron a pedir información y se les ha dado»; aseguraba el concejal popular, destacando especialmente que una vez que el juzgado levantase el secreto de sumario sobre las actuaciones, el Ayuntamiento analizaría el contenido del sumario para dilucidar cómo «repercute» el caso en los organismos municipales y «actuar en consecuencia», en defensa de los intereses generales.
Pocos minutos después de pronunciar Bueno tales palabras, por cierto, trascendía la decisión del Juzgado de Instrucción número diez de levantar el secreto de las actuaciones, derivadas de la investigación de otra causa sobre blanqueo de capitales fruto del narcotráfico, que también se instruye en el mismo juzgado y en la que existen más de treinta investigados entre personas físicas y empresas.
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