La juez investiga delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en la parcela de Pino Montano de la mujer del socialista Rafael Pineda

La juez recoge esta decisión en un auto dictado el pasado miércoles, 15 de octubre, el mismo día que dos agentes de la UCO se volvieron a personar en las oficinas de Emvisesa, como adelantaba este periódico este viernes, para recabar todo el expediente completo relativo a dicha parcela, ubicada junto a la parte comercial del Higuerón. Los investigadores, que aún no han completado su informe, que deberán presentar en próximas fechas ante la juez, se llevaron todos los papeles desde que se abrió el expediente administrativo el 1 de julio hasta su enajenación definitiva en 2024.

Según han señalado a este periódico fuentes judiciales, en esta causa, donde ya está personado Rafael Pineda, con abogado y procurador, se investigan hechos que podrían constituir delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Por el momento, y según precisan las citadas fuentes, Pineda no tiene la condición de investigación.

La resolución judicial arroja luz a un caso que adelantó ABC en la primera quincena de septiembre y que hasta este miércoles se mantenía en secreto, pues enmarca los hechos que están investigando en el seno de la Guardia Civil.

El pasado 10 de septiembre estos agentes especializados acudieron a la sede de la empresa municipal de Vivienda para requerir los papeles relativos a la enajenación de estos terrenos de más de 10.000 metros cuadrados ubicados en la zona norte del barrio de Pino Montano, en concreto, entre las calles Estrella Castor y Estrella Vega.

Este pasado miércoles, un mes después, los investigadores volvían a Emvisesa para hacerse con la documentación relativa al procedimiento de arrendamiento de dicha parcela, cuyo proceso se abrió el 1 de julio de 2016. Las empresas o particulares interesados en dichos suelos tenían un mes para presentar sus propuestas. La empresa municipal sólo recibió una oferta, la de Olga Pérez, odontóloga de profesión y mujer del socialista Pineda. Al ser la única propuesta, resultó la adjudicataria, aunque el contrato de arrendamiento se firmó el 8 de febrero de 2017 con la empresa Higuerón Real Estate, que constituyó Olga Pérez tan solo unos días después de conocer la decisión de la empresa municipal.

Después, la mujer de Pineda subarrendó estos suelos a otras empresas. Con esas rentas asumía el canon que tenía que abonar al Ayuntamiento (108.000 euros al año) al Consistorio y, a su vez, obtenía un beneficio económico. Allí se instaló Megafood S.A., que abrió una franquicia de Burger King que Urbanismo clausuró provisionalmente en 2018 por carecer de la preceptiva licencia. También hizo lo propio Petronieves S.L., que puso en marcha una estación de servicio que provocó las quejas vecinales por estar a menos de 50 metros de las viviendas. Por último, se estableció un local de la cadena KFC, que gestionaba Higuerón Restauración S.L., una firma de la que era dueña también Olga Pérez y que se subarrendó a sí misma.

Pero el arrendamiento de estos suelos no era el objetivo de Emvisesa sino que se buscaba la enajenación de los mismos. Hubo varios intentos por parte del gobierno de Juan Espadas, con permutas de los suelos por viviendas ya construidas, aunque iniciativa municipal prosperó. Finalmente, en septiembre de 2024, el actual gobierno de José Luis Sanz se la vendió a Olga Pérez por 1,7 millones de euros aproximadamente, precio marcado por tasación.

Los agentes especializados de la Guardia Civil pusieron el foco en esta parcela en el transcurso de una investigación derivada de otra causa sobre blanqueo de capitales derivados del narcotráfico, que también se instruye en el mismo juzgado y en la que existen más de treinta investigados entre personas físicas y empresas. En dichas diligencias el Instituto Armado pinchó los teléfonos de los principales implicados, detectándose en una conversación el nombre de Rafael Pineda. Ya con la UCO como cuerpo investigador, esta llamada propició la apertura de una pieza separada para indagar sobre unos indicios que no resultaron determinantes, si bien llevó a los agentes a la operación de la parcela de Emvisesa que compró la mujer del dirigente socialista, quien hasta días antes de que ABC desvelara este caso era jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, puesto al que accedió por primera vez con Gómez de Celis.